Escrutinio No. 81

Roberto Israel Rodríguez Soriano

Inicia un año en que en la vida política del país se generan grandes expectativas para bien o para mal. Esto debido, principalmente, a que el deplorable sexenio calderonista termina, lo que representa para muchos la oportunidad de corregir por vía democrática el desastroso rumbo a que se ha dirigido el país; para otros representa simplemente una falsa oportunidad de transformación política y la continuación de un sistema político elitista y excluyente.

Lo que efectivamente se genera en tiempos electorales es la puesta en marcha de un descomunal mecanismo burocrático a partir del cual se ponen en juego la vida política institucional-estatal de la nación. El elemento clave a partir del cual gira todo este mecanismo es la “elección” popular de representantes que supone el sistema político que nos rige: un sistema político democrático. Sin embargo, se tendrían que hacer ciertas presiones al concepto de democracia constitutiva de nuestra estructura estatal nacional. El modelo democrático bajo el que nos regimos es fundamentado por principios liberales. Para el liberalismo un concepto central que aglutina otro conjunto de factores y elementos políticos es el de ciudadanía.

¿Qué es la ciudadanía? Esta es una pregunta que ameritaría una respuesta compleja porque cada modelo político asume su forma de ciudadanía. No obstantes, se podría dar una definición hipotética operativa. La ciudadanía podría concebirse como el reconocimiento que una comunidad política le hace a un individuo de formar parte de ésta. Este reconocimiento se hace con base en el cumplimiento de ciertas características. Estas características pueden ser esenciales o adquiridas, es decir, se puede apelar a características que se suponen una persona trae consigo desde el momento de su nacimiento o que puede adquirir a lo largo de su vida social. Cuando un individuo adquiere el reconocimiento de ciudadanía, adquiere derechos y obligaciones para con los demás miembros de la comunidad política. Derechos y obligaciones que pueden ser jurídicas, civiles o políticas. Esto implica que una comunidad política establece fronteras de pertenencia. Es decir, determina quiénes forman parte y quiénes no forman parte de la comunidad.

Ahora bien, el modelo político liberal pone énfasis en la vida institucional sobre la vida política ciudadana porque las instituciones son las estructuras fuertes, fundamentadas en las decisiones ciudadanas, que garantiza el orden y la justicia. De manera que las instituciones son conformadas democráticamente, es decir, a partir de un arreglo o acuerdo político que sirve para la designación de un gobierno (en el sentido más amplio) por parte de la ciudadanía. De esta manera, las instituciones realizan ejercicios de autocontrol del poder político a partir de la separación de poderes y un pretendido equilibrio. El acuerdo o arreglo institucional prescinde, hasta cierto punto, de los ciudadanos a través de un sistema electoral de representación que solamente apela al ciudadano en momentos y con objetivos claves. Las instituciones, se supone, garantizan los derechos de los miembros de la comunidad política; garantizan el ejercicio libre y equitativo de los derechos individuales pero a costa del sometimiento a estas instituciones.

Son, teóricamente, los miembros de la comunidad política quienes hacen el reconocimiento de la ciudadanía a través de la representación que fundamenta a las instituciones estatales. De manera fáctica son “los representantes” (la instituciones) quienes hacen el reconocimiento, quienes otorgan el derecho de ciudadanía. En otras palabras, establecen quiénes sí y quiénes no pueden participar en la vida política de la nación; en el proceso de elección y de representación gubernamental política institucional. De manera que la participación política del ciudadano en la toma de decisiones se lleva a cabo de manera pasiva porque se establece a partir de un proceso de representación ciudadana institucional que se autorregula a partir de sus mismas prescripciones institucionales respaldadas, a su vez, por un cuerpo político que concentra el poder político y que lo ejerce de acuerdo a sus mimas reglas. El ejercicio más importante que lleva a cabo la ciudadanía en el proceso político es la elección de representantes. El ciudadano es convocado a ejercer su poder político en los tiempos y espacios ya establecidos institucionalmente, así como con las reglas ya establecidas. Además, los representantes son impuestos y en esta acción se limita la representación “real”.

La consecuencia de esta dinámica política es que, precisamente, la vida política se reduce a esos tiempos, espacios y reglas establecidas empobreciendo de sobremanera las posibilidades de los actores sociales no representantes. Además, las reglas establecen parámetros para definir quienes pueden participar. Estas reglas homologan a los actores políticos al establecer un derecho universal de ciudadanía. Es decir, todos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos, pueden participar en la vida política de la nación. De manera que la participación se vuelve cuantitativa más que cualitativa. Además, la participación es “pasiva” y sesgada porque sólo sirve para elegir representantes sobre los que el único medio de rendición de cuentas es la misma elección. Un mecanismo de autolegitimación.

Ahora, ¿cuál es el boleto que permite la participación?: ¡¡¡una credencial de elector!!!! Una credencial que representa la constancia del cumplimiento de requisitos estipulados institucionalmente. Quien no sea poseedor de una credencial no puede participar. Lo peor no es sólo eso. La identidad de ciudadanía que otorga la credencial opera a todos los niveles de la vida cotidiana. La credencial dice quiénes somos y si poseemos derechos políticos y civiles. Si no tienes la mentada credencial eres un ser anónimo que no puede participar en la mayoría de la facetas de la vida social-política humana. En muchos casos es la única forma de dar y aceptar una identidad social.

Es casi imposible escaparse a ser identificado con y por una credencial electoral. Los mecanismos burocráticos que controlan la vida individual y social simplemente no lo permiten. De manera que la forma en que se desarrolla la vida política en este sentido está empequeñecida. Un buen ciudadano es quien tiene en orden sus documentos, quien tiene vigente su credencial de elector, quien acude en las fechas y tiempos señalados a ejercer sus derechos políticos. A final de cuentas esto crea una ciudadanía pasiva a merced de la vida institucional que teóricamente es el resultado de una voluntad general ciudadana, pero que efectivamente es un monstruo burocrático sin un rostro preciso, formado por una cadena jerárquica de poder que se autofundamenta y autolegitima.

Los procedimientos anteriores niegan en gran medida lo esencial de la vida social que es la política. El humano es esencialmente un ser político por su origen social. La interacción humana, en todos los ámbitos, genera la necesidad de la política. Ésta, en su sentido más amplio, desborda por mucho la actividad institucional-estatal que el modelo político intenta hacer creer como la única vía en que la vida social-política puede organizarse.

La credencial para votar con fotografía es expedida por el Instituto Federal Electoral. Este organismo es el que se encarga de organizar las elecciones federales que implican la elección del presidente de la república, de los diputados y de los senadores que integran el congreso. Supuestamente es un organismo autónomo con personalidad jurídica propia. Sobre este organismo gubernamental se ha depositado la responsabilidad de la elección de representantes. Es este organismo quien reconoce, a través de una serie de requisitos, el derecho de ciudadanía. Esto, por medio de la expedición de la famosa “credencial para votar con fotografía”. El plazo que ha estipulado el IFE como límite para la renovación de dicho documento (en caso de que la terminación del último recuadro de las elecciones federales sea “03”) es el 15 de enero del 2012. De lo contrario, amenaza dicho instituto, “te quedas sin voz y las decisiones las debemos tomar, tú, yo, todos” o “no podrás votar en las próximas elecciones federales” (o algo así). Si no tienes tu credencial electoral “vigente” no puedes participar en la vida política de la nación.

La credencia electoral simboliza más de lo que aparenta. Representa enteramente al sistema político mexicano. Representa a una democracia excluyente, restrictiva y pasiva; una democracia que despoja a las personas de la faceta originaria de lo político, constructivo y transformador; una democracia organizada en una partidocracia. La institución afirma que más allá de esto no hay la posibilidad de política.

En mi opinión, el cambio político que el país requiere no puede venir por vía institucional, porque ésta no da salidas. La votación, gane quien gane, no hará el cambio estructural necesario; originará un cambio de fachada. Éste es un sistema que se autolegitima y que se reconstituye a sí mismo. Creo que lo que se necesitaría es que cada una de las personas reasumamos el papel político primario. Que se genere una reconceptualización de la actividad política, la base de la constitución social, de manera que se pierda la pasividad en que sumerge la vida institucional. La vida política en mucho más rica e importante que tener o no una credencial electoral e ir a votar. Votar bajo la dinámica y las reglas que se imponen sólo puede perpetuar al mismo sistema, a pesar de que haya proyectos políticos vanguardista que fomentan otra forma de democracia.

La representación política es necesaria, pero ésta debe ser una representación real, que se genera a partir de las reglas y dinámicas que los mismos actores políticos implementen dependiendo de las necesidades particulares de la sociedad y abandonar la imposición institucional.