La supremacía del poder civil sobre el poder militar en democracia

29 Agosto, 2011
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Escrutinio No. 73

*Perla Sanchez

 

La noción de Estado de Derecho encuentra sus orígenes en la teoría del contrato social de Hobbes, Locke, Rousseau, pero muy en especial en el pensamiento del filósofo alemán Emmanuel Kant, que entendía al “estado de derecho como la limitación de la libertad de cada uno, a la condición de su concordancia con la libertad de todos, en tanto que esta concordancia sea posible según una ley universal.”[1]Según Kant, las libertades básicas están garantizadas en un Estado que, por definición, es un Estado de leyes.

La noción de Estado de Derecho en la era contemporánea reposa sobre dos pilares fundamentales: la limitación de la acción gubernamental por medio de leyes y la reivindicación de los derechos humanos de las personas. Así, el poder del Estado es legitimado únicamente por un marco normativo en el que convergen tres elementos: Estado de derecho, democracia participativa y respeto a los derechos humanos.

Con la evolución del Estado autoritario al Estado democrático la concepción de seguridad que anteriormente se concentraba en garantizar el orden como una expresión de la fuerza y supremacía del poder del Estado, se concentró en modelos policiales acordes con la participación de los habitantes, bajo el entendimiento de que la protección de las personas por parte de los agentes del orden, debe darse en un marco de respeto de la institución, las leyes y en especial de los derechos fundamentales. En este orden de ideas la seguridad constituye una condición objetiva donde el Estado asume el deber de garantizar el derecho a la seguridad tanto individual, así como la colectiva mediante una política pública eficaz, que permita mejorar las condiciones de vida de la población frente a la amenaza de la violencia y el delito.

El derecho a la seguridad frente al delito o la violencia, es un derecho fundamental que no encuentra una definición de forma expresa en el derecho internacional de los derechos humanos, sin embargo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puntualizado que éste derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de la persona, y está consagrado en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y encuentra su base en las obligaciones que surgen de la protección de derechos particularmente afectados por conductas delictivas y violentas, cuya prevención y control es el objetivo de las políticas sobre seguridad pública.[2]

La CIDH ha señalado en reiteradas ocasiones que la construcción de una política sobre seguridad pública debe incorporar los estándares de derechos humanos como guía y a la vez como límite infranqueable para las intervenciones del Estado.

Sin embargo, en nuestro país el gobierno en turno ha diseñado una estrategia de seguridad pública basada en la participación de las fuerzas armadas; y enfocada a la lucha contra el narcotráfico, sin considerar ningún elemento adicional que el enfrentamiento abierto con miembros del crimen organizado.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando en la actualidad se habla de seguridad no significa centrarse únicamente en la lucha contra la delincuencia, sin crear un ambiente propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Por ello, una política pública en materia de seguridad debe poner mayor énfasis en el desarrollo de las labores de prevención y control de los factores que generan violencia e inseguridad, y no en tareas meramente represivas o reactivas.

Como parte de la estrategia de seguridad, el Ejecutivo Federal presentó ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, una iniciativa para reformar la Ley de Seguridad Nacional (LSN) cuyo objetivo de creación fue definir los alcances del concepto de Seguridad Nacional y establecer las reglas de coordinación interna para generar una política de Estado en la materia.

No obstante lo anterior, la iniciativa presentada el 23 de abril de 2009 por el Ejecutivo Federal, pretende cambiar los alcances y el sentido de dicha legislación, argumentando que en virtud de las circunstancias de emergencia que en materia de seguridad vive el país es necesario dotar de sustento jurídico a las autoridades involucradas en la lucha contra la delincuencia para hacerles frente.

Cabe mencionar que si bien la militarización de la seguridad pública se ha enfatizado abiertamente con la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, durante décadas las fuerzas armadas se han involucrado en actividades de seguridad interior en un marco de discrecionalidad absoluta. Por lo que los cambios en virtud de la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, significan un esfuerzo por legalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Desde su presentación, la iniciativa causó polémica, sin embargo se acentúo durante el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, una vez que su discusión terminó en el Senado y se turnó a Diputados para su revisión, fue en esta instancia en la que la opacidad fue la característica del primer dictamen emitido por las comisiones encargadas de su elaboración y la presunta presentación ante el Pleno para su aprobación en los últimos días del periodo de sesiones pasado, lo que provocó desconfianza e incertidumbre sobre su contenido, ya que en un Estado democrático el trabajo legislativo se debe caracterizar por el debate transparente.

La respuesta ante este suceso por parte de organizaciones de la sociedad civil tanto nacionales como internacionales, se hizo evidente con un rechazo rotundo a la Minuta, y la exigencia de un debate abierto; en consecuencia el Poder Legislativo convocó a foros públicos para analizar la iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional, que arrojaron diversos argumentos que ponen en duda la pertinencia de su aprobación.

Es importante que los trabajos de análisis y discusión en el marco de la elaboración del dictamen se lleve a cabo a la luz de la promulgación de la reciente reforma en materia de derechos humanos, pues de lo contrario está Ley sería evidentemente inconstitucional y contraria a estándares internacionales en la materia, incluso con su aprobación el Estado mexicano estaría incumpliendo con sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Lo anterior, en virtud de que la intromisión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública a partir del incremento de los hechos violentos ha generado el problema medular; al respecto la CIDH ha señalado que éste tipo de planteamientos se debe a “la confusión existente entre los conceptos de seguridad pública y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que ésta sea- no constituye una amenaza militar a la soberanía nacional”[3]. Sin embargo en la minuta de la LSN en su artículo 5, contempla como amenaza a la Seguridad Nacional a “los actos que obstaculicen o impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada…” determinando que el narcotráfico  representa una amenaza y por ello es necesaria la intervención de las fuerzas armadas, calificando al crimen organizado como el enemigo a vencer.

Independientemente del calificativo que el gobierno utilice para describir la situación de violencia que vive nuestro país, es cierto que los altos índices han rebasado a las instituciones encargadas de la seguridad pública -Ministerio Público, Poder Judicial, policía y sistema penitenciario- sin embargo, en lugar de fortalecerlas y diseñar una política de seguridad pública integral, centrada en la prevención y no en la represión, se asigna su garantía a las fuerzas armadas, provocando violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Otro dato importante es la confusión entre los conceptos de Seguridad Nacional con Seguridad Pública –Seguridad Interior- la minuta en el artículo 3 equipara ambos conceptos, ya que define a la Seguridad Nacional como la “condición de integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, cuya preservación es una función a cargo del Ejecutivo federal, a través de políticas, acciones, recursos y medios dirigidos a hacer frente a Riesgos y Amenazas”, y como ya se ha apuntado, las actividades relacionadas con la delincuencia organizada son consideradas una amenaza y por tanto es necesaria la intervención de las fuerzas armadas; tal condición implica una contradicción a lo establecido por el artículo 21 constitucional que señala las instituciones encargadas de la seguridad pública además de establecer que éstas deben ser de carácter estrictamente civil, por tratarse de conductas de carácter delictivo, sin importar la magnitud de las mismas. En la lógica de éste último planteamiento se creó la Ley Federal contra la delincuencia organizada.

Sin embargo, para hacer frente a la amenaza que implica la delincuencia organizada y en especifico los grupos criminales que conforman los cárteles de la droga, el Ejecutivo Federal propuso un procedimiento de declaratoria de alerta de afectación de la seguridad interior, que en realidad se trata de un estado de excepción institucionalizado, ya que prevé una serie de acciones que implican un estado de excepción un tanto irregular que involucra a las fuerzas armadas en funciones que exceden su propósito natural; y debido a que no se definen adecuadamente los conceptos de seguridad interior y de seguridad nacional, los supuestos para la procedencia de la declaratoria benefician una visión militarista y represiva. Por lo que tendríamos una ley de seguridad nacional que regula la seguridad interior, sin un fundamento constitucional, socavando los esfuerzos por consagrar un Estado democrático.

Dentro del proceso para emitir la declaratoria de alerta, no se establecen reglas claras, límites, diferencias y alcances de las facultades de los órganos involucrados en la emisión de ésta, permitiendo al Ejecutivo Federal ejercer una facultad reglamentaria autónoma, sin controles políticos adecuados, en contra de la tradición constitucional democrática de la división de poderes. Delegar un poder extraordinario al Ejecutivo significa diluir el contrapeso legítimo del Legislativo y la relevancia del Poder Judicial independiente.

La doctrina de la seguridad nacional impulsada en la mayoría de los países latinoamericanos en el marco de la Guerra Fría, marcó de manera negativa las relaciones civiles-militares. Esta doctrina determinó que las Fuerzas Armadas impusieran una visión uniforme de país, en la que criterios geopolíticos y administrativos crearon férreas fronteras internas, inhabilitando políticamente con ello a una buena parte de la sociedad. Esto determinó que la relación entre las partes se desarrollara en un escenario de desconocimiento y desconfianza recíprocos y derivó en una concepción de las relaciones entre civiles y militares como divergentes y antagónicas.

En la medida en que la intervención de los militares en áreas ajenas al ámbito de la defensa comprometía de manera importante la gobernabilidad en el país, en el artículo 129 constitucional se reguló justamente el poder de las armas que detentan las fuerzas militares, para evitar actos de abuso de autoridad contra la población civil.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), ha dicho que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.[4]

El Ejecutivo Federal ha argumentado que las fuerzas armadas solo actúan en auxilio de las autoridades civiles, sin embargo, tal concepto en la minuta es ambiguo, dejando un amplio margen a la discrecionalidad, por ejemplo permite que las fuerzas armadas intervengan en operaciones de coordinación, pero solo otorga a los civiles la facultad de proveer información y presentar a las personas ante la autoridad competente.

Esta disposición incentiva posibles prácticas violatorias de los derechos humanos, como la detención arbitraria; la tortura y tratos inhumanos, crueles o degradantes; la desaparición forzada; y la ejecución extrajudicial antes de remitir a los detenidos a la autoridad civil, pues las fuerzas armadas los ven como los enemigos a vencer, violentando su derecho al debido proceso.

Por ello disminuir la tasa de violencia y criminalidad en el país requiere mucho más que aumentar las capacidades de las fuerzas policíacas y militares. El deber del Estado de no usar la fuerza letal en lo posible, configura uno de los más elevados relatos de la superioridad moral ante la violencia privada.

Involucrar a las Fuerzas armadas en tareas de seguridad pública invierte el principio de uso racional de la fuerza, dominante en el mundo democrático, ubicando el instrumento de la fuerza y las armas de manera regular cuando debería ser utilizada con un carácter excepcional, cuyo objetivo principal es reducir al mínimo posible los riesgos de afectación de derechos, empezando por el derechos a la vida.

La incapacidad generalizada de las políticas de seguridad y justicia para servir a la sociedad ha terminado por extender la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. Un cúmulo incalculable de sucesos revelan la insatisfacción del gobernado  en su contacto  con las instituciones de seguridad y justicia.

 

Es necesaria una reforma al modelo policial que apunte a la configuración de una policía más civil, democrática y eficiente, con amplio reconocimiento ciudadano; una reforma de justicia penal acorde con el nuevo bloque de constitucionalidad y convencional en derechos humanos, como lo sugiere la Propuesta en materia de seguridad presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México.[5]

El Sistema Nacional de Seguridad Pública debe organizar a todos los elementos que conforman la República Mexicana en esfuerzos colectivos, homogéneos y coherentes regidos por los derechos humanos, estos deben el eje rector de todas las políticas públicas emitidas por el Estado, son el medio y son el fin del Estado democrático.

En el periodo de sesiones que está por iniciar el 1 septiembre el Congreso de la Unión tiene en sus manos la posibilidad de escuchar las miles de voces, que con argumentos como lo aquí presentados, pedirán sean tomados en cuenta en la discusión de la minuta. Sin embargo, el Ejecutivo Federal tampoco declinara para que la ley sea aprobada en los términos que la presentó.

El clima de violencia que en nuestro país se vive todos los días nos amedrenta, vivimos con miedo, pánico, con el temor de ser víctimas del fuego cruzado en el enfrentamiento entre el gobierno y el “enemigo”, por nosotros por nuestras familias; pero la violencia no se resuelve con más violencia. En vísperas del año electoral, nosotros tenemos el derecho y la obligación de seguir luchando por un Estado democrático que respete los derechos humanos.



[1]
E. Kant, Teoría y práctica, Teoría y práctica, Tecnos, Madrid, 1986, p. 26.

 

[2]Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, párr. 18, publicado el 31 de diciembre de 2009.

[3] Ibidem, párr. 103

[4] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), Caso Cantoral Benavides Vs Perú, Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. párr. 51.

[5] UNAM-Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia. México, 2011.

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Comentarios

  1. 1

    31 AGOSTO, 2011

    ESMERALDA

    Es un muy buen articulo creo que hay que estar bien informados sobre el tema y hacer consciencia para vivir en un mejor pais

  2. 2

    11 SEPTIEMBRE, 2011

    GEMA

    Las incongruencias y las acciones anticonstitucionales solo podran seguir si se solapan los actos del poder

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