Escrutinio No. 72

*Roberto Israel Rodríguez Soriano

Es conocida la situación política que se vive en el estado de Michoacán. Éste es uno de los estados de la República mexicana donde se han sentido de forma más fuerte los efectos de la guerra del narcotráfico. Efectos que han puesto, junto con otros fenómenos en toda l la República, en jaque al gobierno estatal y de forma indirecta al gobierno federal al no poder hacer frente a tal situación. Se ha manejado el término de “Estado fallido” para referirse a este Estado.

El concepto de “Estado fallido” denota una situación que no puede definirse con precisión. Sin embargo, a grandes rasgos, se caracterizaría por la desaparición de elementos constitutivos del mismo Estado. Elementos que principalmente tienen que ver con la organización política. Se podría caracterizaría por la falta de toda estructura oficial que pueda garantizar el orden y la justicia en las demarcaciones políticas del mismo Estado.[1] Esto remitiría a tres aspectos:[2]

1)      Geográfico y territorial: regularmente este fenómeno está relacionado con problemas internos y endógenos, aunque puede traspasar las fronteras internas.

2)      Político: tiene que ver con el colapso de la ley y el orden. Es decir, implica la desaparición total o casi total de las estructuras que garantizan la ley y el orden.

3)      Funcional: la ausencia de órganos capaces de representar al Estado a nivel internacional y, por otro, de recibir influencias del mundo exterior.

Si se caracteriza de esta forma a un “Estado fallido” me parece que este concepto podría aplicarse con certeza a muchos de los estados de la República mexicana y en particular al Estado de Michoacán.

En este Estado, desde el 2002 se vino experimentando una tendencia de endeudamiento de las finanzas públicas. A nivel estatal y municipal, ésta se ha incrementado enormemente sin que con ello la economía experimente mejoría en términos reales.

Por otro lado, a lo anterior se aúna la crisis de seguridad pública derivada en mayor parte de la estrategia federal contra el narcotráfico y a la guerra intestina entre los cárteles del narcotráfico. Esto remite también a la corrupción y el infiltramiento de los Cárteles del narcotráfico en las policías estatal y municipal, así como en otras estructuras del gobierno.

En este Estado opera uno de los grupos narcotraficantes más poderosos de México, la Familia Michoacana. Este grupo, a pesar de haber sufrido el arresto de algunos de sus líderes, y de su brutal competencia con Los Caballeros Templarios, cártel fundado por disidentes de la Familia, y con otros cárteles, sigue teniendo en el Estado gran poder y presencia.

Este cártel ha asumido tareas que les corresponderían estrictamente a los gobiernos estatal y federal. Pudo configurar una “narco-administración” (como se le ha denominado en informes de la embajada de Estados Unidos en México que se han revelado en WikiLeaks). Esta narco-administración genera empleos con el cultivo de drogas, “mantiene el orden”, realiza funciones cívicas, cobra impuestos y vigila a los recién llegados. Además se encarga de administrar la “justicia divina” y la “defensa de valores universales”.[3]

La situación que se vive en el Estado de Michoacán es sintomática de los que sucede en el resto de República Mexicana, donde el gobierno como organismo representante de las autoridades estatales ha sido superado y no puede cumplir las funciones primarias por las cuales, teóricamente, fue instituido.

Ante esta situación la pregunta que se debe plantear es qué hacer; ¿hay alternativas?; si las hay ¿cuáles son? Estamos ante la evidente fractura de la soberanía que legitima al Estado mexicano.

Algunas de las posibles respuestas han venido de las comunidades indígenas originarias de varios lugares que componen el territorio nacional. Una de estas es la localidad de Cherán, en el mismo Estado de Michoacán.

La localidad de Cherán está situada en el Municipio de Cherán, en el Estado de Michoacán de Ocampo. Esta localidad es habitada por una comunidad indígena purépecha. Tiene una población total de 20 mil personas, menos cerca de cuatro mil que han tenido que migrar.

Esta comunidad  ha sido muy golpeada históricamente tanto por las políticas de Estado, como por los intereses industriales de particulares (taladores)[4], y en los últimos años por los grupos narcotraficantes.

En los últimos tres años, ante el recrudecimiento de estas hostilidades en su contra, la comunidad indígena ha planteado y desarrollado estrategia de autodefensa y de autorregulación política como forma de protección contra asesinatos, extorciones, desapariciones y secuestros.

Desde el mes de abril del año en curso impusieron un “estado de sitio”, en el que han cerrado con troncos, piedras, fogatas y automóviles las calles de acceso. En los retenes hay niños, mujeres y hombres armados con palos, machetes y tubos.

Una de las habitantes de la comunidad expone la situación: “A todos los que están al frente, a los líderes, a los que denuncian: los matan. Por eso es que todo el pueblo hemos decidido salir a defendernos. Lo único que pedimos es justicias. Y ya no vamos a quedarnos callados, vamos a luchar y si es preciso daremos nuestra vida”.[5]

De acuerdo con otros testimonios, hasta antes de que se tomaran las medidas descritas, las pocas tiendas y tortillerías que seguían abiertas, por ejemplo, tenían que pagar extorsiones a La Familia Michoacana de hasta 10 mil pesos mensuales a cambio de salvar su integridad. Además de que se realizaban secuestros y se cobraba por protección. Agregan al testimonio que durante este tiempo entraban a la comunidad grupos armados en camionetas y la policía no hacía nada.[6]

Se hacían peticiones al ejército, a la marina y a la policía federal para que hicieran algo al respecto y establecieran patrullajes. Estas peticiones fueron inútiles puesto que no fueron atendidas. Ante eta situación de indefensión, la solución por la que optaron fue la autodefensa.

La exigencia se expresaba claramente en voz de una vecina: “No queremos más desaparecidos ni más asesinatos. Queremos regresar cada quien a nuestro trabajo y escuelas. Hemos perdido la seguridad que el Estado debe brindarnos. Dónde está el presidente y el gobierno”.[7]

Continua el testimonio: “El crimen organizado tiene infiltradas a todas las poblaciones cercanas a Cherán, incluso hay halcones. No tenemos garantías de seguridad. Por eso hemos pedido al presidente que nos dé la seguridad, que mande al Ejército, la Marina, la Policía Federal pero no han mandado a nadie”.[8]

Los pobladores han prohibido patrullar a la policía municipal ya que afirman que ésta es la que protege al crimen organizado y a los taladores.

De esta manera, se han creado cuerpos de seguridad autónomos, así como un sistema propio de impartición de justicia basado en la reeducación. Los miembros de las policías autónomas no reciben pagos. No utilizan uniformes ni distintivos. La seguridad es resguardad por más de 20 mil pobladores. Pero, debe señalarse, las rondas son internas en las comunidades pues no pueden competir con las armas del narcotráfico.

Se afirma que estas prácticas se establecen sobre sistemas normativos tradicionales. Sistemas normativos que se ha procurado a lo largo de la historia de la comunidad.

El 20 de julio del año en curso, la asamblea general de la comunidad decidió no participar en las elecciones estatales de Michoacán que están agendadas para el 13 de noviembre. Los partidos políticos han quedado excluidos de la comunidad porque no son sus representantes legítimos. Dice un habitante de la comunidad: “ya no dejaremos que los partidos políticos interfieran en nuestras decisiones y nos dividan (…) Se dejaron atrás las ideologías partidistas, las diferencias religiosas y hasta los pleitos entre familias”.[9]

Los resultados de estas estrategias, en cuanto a seguridad, parecen contundentes a favor de su pertinencia: se ha disminuido en un 90% los índices de delincuencia; los robos a vehículos y domicilios, los levantones, las extorciones y la quema de sembradíos, así como la tala y quema de bosques.[10]

Valdría la reflexión de ante qué fenómeno social y político nos encontramos. En la teoría política moderna, el Estado se instituye a través de un pacto entre los individuos que buscan asegurar su “integridad”. Cada uno de estos individuos cede una parte de su poder y de su libertad individual para depositarlo en un organismo abstracto que concentra el poder político de los miembros de la comunidad y debe utilizarlo en beneficio de los mismos miembros de dicha comunidad.

Entonces, la comunidad política surge para poder conservar los que le pertenece a cada quien, castigando los delitos de los miembros de la sociedad que infrinjan estos derechos. Al formar una comunidad política, los miembros de ésta, se despojan de su poder natural, entregándoselo a la comunidad, con el fin de que disponga del poder político para garantizar sus derechos. De esta forma, la comunidad política se vuelve soberana. Establece ciertas leyes, ejerce su poder legislativo, y autoriza a ciertas personas de la comunidad para hacer ejecutarlas, haciendo uso de su poder ejecutivo. Éstos son los encargados de terminar con todas las disputas posibles entre los miembros de la comunidad, y por lo tanto de aplicar los castigos respectivos estipulados para la violación de leyes respectivas.

El objetivo de la Sociedad Política es asegurar de la manera más cabal la vida del individuo miembro de la comunidad y todo lo que se necesite para conservarla. En otras palabras, el objetivo es conservar la igualdad y la libertad que se tenía en el “Estado de Naturaleza”, cediendo sus privilegios naturales. El poder de la Sociedad Política se reduce a asegurar y conservar las propiedades de cada miembro de la sociedad. A las personas que se les encarga el poder legislativo o el poder ejecutivo, o el poder judicial están obligadas a gobernar según las leyes establecidas y conocidas por el pueblo, y no por decretos arbitrarios. Debe utilizarse la fuerza de la comunidad en lo interior sólo para la ejecución de las leyes y exteriormente para prevenir y repeler ataques extranjeros, para cubrir a la comunidad contra invasiones. Todo esto para asegurar la tranquilidad, seguridad y felicidad del pueblo.

El Estado se conforma como la institución jurídica en la que se deposita el poder político de la comunidad. En este organismo se deposita la soberanía de la comunidad política al que se someten no incondicionalmente los miembros de la comunidad política.

El proyecto de Estado liberal universaliza el ejercicio el sometimiento a su ejercicio “legítimo” de soberanía a todos los miembros de la comunidad política bajo el supuesto de igualdad legal y jurídica sin conceder distinción alguna. Los “accidentes” culturales y políticos quedan subsumidos al estatus de igualdad jurídica estatal.

En términos teóricos el Estado liberal supone la participación horizontal de los miembros de la comunidad política en las decisiones del mismo. Esto, principalmente a través de la representación. De ahí su carácter democrático. Establece un derecho de ciudadanía homogéneo que da prioridad al individuo sobre la comunidad o grupo político imposibilitando la formación de todo tipo de corporaciones.

Los mecanismos de representación que conforman al Estado se establecen partiendo de la igualdad política, y se constituyen en un orden vertical o jerárquico que depende del principio mismo de la igualdad política.

Sin embargo, la pregunta que cabe hacerse es qué pasa cuando el organismo estatal, que concentra el poder político, no es capaz de cumplir con las tareas para las cuales fue instituido. En otras palabras, la pregunta que surge es qué pasa cuando el depositario del poder sobrepasa los límites establecidos para el ejercicio del poder político o no cumple con las funciones para las cuales le fue concedido el poder. A esto le sucede la disolución del gobierno. John Locke, considerado el padre del liberalismo, señala que al disolverse la sociedad, y por lo tanto el gobierno, los miembros vuelven al estado de naturaleza, estado previo al estado civil o político. Los individuos recobran su libertad de valerse por sí mismos y procurar su seguridad. Así como el de conformar otra comunidad política que vele por sus intereses.[11]

Ahora bien, en México, en términos reales cuál ha sido la respuesta Estatal ante las demandas de autonomía indígena. En el caso particular, el Estado mexicano que subsiste hasta la actualidad se fue conformando a través del triunfo paulatino de un proyecto liberal republicano que funciona bajo los principios anteriormente expuestos. Sin embargo, más allá del mito del planteamiento teórico pactista, el suceso histórico y concreto de su surgimiento y consolidación recayó (y sigue recayendo) en el sometimiento brutal de los grupos disidentes que por cuestiones propias de su identidad social, cultural e histórica, no coincidían o no compartían los principios del proyecto.

Por otro lado, debe decirse que nunca se ha pretendido realmente la consolidación de la democracia en el sentido de la participación plena y horizontal de los ciudadanos. Esto tiene que ver, precisamente, con los modos y formas de representación política.

Los grupos indígenas fueron de los más atacados en la imposición del proyecto político. El liberalismo desconoció jurídicamente su existencia. Una de las expresiones más patentes fueron las Leyes de Reforma.

Durante el porfiriato tampoco hubo concesiones. El indígena, que no era reconocido jurídicamente como tal, fue visto también como un obstáculo en camino del país hacia el “progreso”. Un obstáculo, precisamente por su imposibilidad de integrarse al proyecto nacional.

El régimen político posrevolucionario, a pesar de la naturaleza misma del movimiento revolucionario, siguió siendo hostil al indígena por su “imposibilidad” de integrarse nuevamente al proyecto nacional.

A lo largo de la historia moderna de México, la persistente lucha por la autonomía (política, cultural, social, económica) de los diferentes grupos indígenas no ha podido de manera fáctica provocar el cambio demandado. No obstante ha habido progresos. El movimiento político iniciado en 1994 por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se ha establecido como uno de los agentes políticos más importantes que demandan un nuevo modelo de democracia. Los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Culturas Indígenas y la elaboración de la propuesta de reforma constitucional por parte de la COCOPA han representado, por lo menos en términos políticos, un avance sustancioso en la lucha por el reconocimiento de autonomía política indígena.

Entre las demandas por autonomía se busca la conformación de una nueva forma de federalismo que promueva la democracia en los municipios y comunidades; la descentralización administrativa y financiera; así como el control ciudadano de administración municipal. Se demanda también que los consejos municipales y cabildos sean representativos de los pobladores de los municipios ante los que se deben rendir cuentas de su gestión administrativa y política periódicamente.[12]

Varios de los pueblos indígenas, más no todos, a pesar de estar sometidos al incesante y destructivo ejercicio de la soberanía del Estado mexicano y de sus diferentes formas institucionales, han conservado formas de organización política y social autonómicas que han posibilitado, en gran medida, su subsistencia como comunidades.

Me parece que el caso particular de Cherán, y de otras comunidades indígenas, en los mismo términos de la teoría política liberal, muestran el caso concreto de la legitimidad de acciones políticas en pos de una autonomía. Ante la situación nacional, en que el Estado ha sido rebasado y ha perdido su legitimidad, la autonomía política que demandan algunas comunidades indígenas adquiere vigencia y también legitimidad. La fractura de la soberanía Estatal y nacional por agentes diversos nos pone ante la necesidad de modelos políticos, sociales y culturales alternativos. Algunas comunidades han reasumido su soberanía haciendo frente a la imposibilidad del Estado de cumplir los objetivos para los cuales fue instituido. Tal vez estas soluciones no sean del todo aplicables, ni fácticamente viables en otras partes de la nación mexicana, pero presentan alternativas y abren caminos a nuevas posibilidades ante la desastrosa situación histórica en que se encuentra el país.

Termino estas reflexiones con unas palabras de uno de los pobladores de Cherán: “Son los pueblos indios de México los que están ofreciendo una alternativa para el país”.[13]