Escrutinio No. 71

Edgar A. valenzuela

En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo en el que sentenciaba un acotamiento al fuero militar, permitiendo a los juzgados civiles procesar a militares acusados de violentar derechos humanos y otorgando facilidades a los todos los jueces del país para accionar en su contra.

El hecho apenas citado fue aplaudido por prácticamente todos los actores políticos y sociales del país e incluso del extranjero, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo cuya recomendación fue atendida por la SCJN. Al calor del júbilo por la decisión histórica, se hacen algunas conjeturas automáticas que en opinión de Rafael Cardona y Juan José Huerta no resultan del todo ciertas: se generaliza la suposición, basada en la realidad de algunos casos, de que el fuero de guerra puede significar impunidad, automatizando también la creencia de la calidad e infalibilidad de los tribunales civiles cuya podredumbre es por todos conocida.[1]

Sin embargo, desde mi humilde entender también el aplauso desatado por el importante avance en la protección de los derechos humanos en México no es otra cosa que una muestra de la delicadísima situación por la que pasa el Estado Mexicano actualmente, fenómeno que se inició con la implantación del modelo neoliberal en 1982 y profundizado desde 2006 con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) a Los Pinos.

La hecatombe calderonista se desató desde antes incluso que tomase posesión en diciembre de 2006, pues para mediados de ese mismo año antes de las elecciones presidenciales de julio, la opinión pública mexicana aún parecía tener alta confianza en dos instituciones nacionales laicas según sondeos de la época: el Instituto Federal Electoral (IFE) y las Fuerzas Armadas.

Después del 2 de julio de 2006, la suerte que corrió la buena imagen que durante más de una década el IFE se había forjado es por todos conocida. Su deficiente desempeño institucional encarnado por su entonces Consejero Presidente durante el proceso electoral que derivó en el muy cuestionado triunfo del candidato de Acción Nacional (soy uno de los millones que sostiene a la fecha que llegó gracias a un fraude electoral), llevaron a la bancarrota moral del máximo instituto electoral del país. ¿Podemos considerar entonces la suerte del IFE como un signo premonitorio de lo que sería la hecatombe calderonista?

Por su parte, las Fuerzas Armadas conservaron impecable por unos meses más el respaldo social, hasta que el entrante FCH en su calidad de Comandante en Jefe decidió utilizarlas para emprender una nueva fase en la lucha contra el crimen organizado, siendo los aparatos más vistosos y poderosos del despliegue policiaco-militar que para muchos analistas tenía como fin ganar la legitimidad que no logró en las urnas (opinión que comparto parcialmente pues peca de simplista al tratar de explicar la reacción de la cúpula mexicana tomando únicamente factores endógenos, dejando de lado las indispensables variables internacionales y geopolíticas, que en otro momento con gusto ampliaré si mis amigos de Escrutinio y sus apreciables lectores así me lo permiten).

Al realizar funciones para las cuales no están capacitadas ni técnica (su entrenamiento se basa en enseñar formas de inutilizar o en su caso matar lo más humanitariamente posible al enemigo durante el combate, según un Teniente Coronel con el que tuve la oportunidad de charlar alguna vez), ni jurídicamente (hasta hoy no se ha podido demostrar fehacientemente el sustento legal de sus acciones en el plano de la seguridad pública); las Fuerzas Armadas pronto empezaron a pagar con su mayor bien la nueva tarea asignada: la cobertura social.      
Por cientos sino es que miles se acumularon desde un inicio a la fecha las denuncias documentadas sobre el abuso de militares y marinos durante retenes, patrullajes y detenciones, siendo al respecto uno de los casos paradigmáticos la entrevista que concedió el general brigadier en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo a la reportera de La Jornada Sanjuana Martínez, en el que detallaba su forma de trabajo como titular de Seguridad Pública en Torreón, Coahuila.

Por tanto, la resolución de la SCJN nos debe remitir no sólo al papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, sino a la estrategia en misma.  Si en este delicado contexto de descrédito público y fragilidad del Estado Mexicano se quiere debilitar más a las de por sí endebles Marina y Ejército (que en sus nuevas tareas no sólo tienen que preocuparse por salir avantes de la guerra asimétrica que enfrentan, sino del duro juicio público al que están siendo sometidas), entonces se va por buen camino. Si por el contrario, realmente se quiere fortalecer al Estado y debilitar a las organizaciones que desafían abiertamente el estado de derecho,  la estrategia (en su correcta acepción) tiene que pasar por cambiar el modelo neoliberal imperante a la par de la aplicación de eficaces tareas policiales y programas de reconstrucción del tejido social.

Podemos concluir pues, que la imposición de Calderón le ha costado al país no sólo cuarenta mil muertes según algunos cálculos que no contemplan los desaparecidos hasta el día de hoy, sino algo que también resulta escandaloso para un Estado del tamaño del mexicano (uno de los más ricos, poblados, extensos y biodiversos del mundo): no tener una sola institución de cobertura nacional confiable socialmente hablando.