Escrutinio No. 70

*Roberto Israel Rodríguez Soriano

A finales del mes pasado (27 de junio) se presentaron ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) dos denunciadas por el secuestro de al menos ochenta migrantes indocumentados en Medias Aguas Veracruz.[1]

Los secuestros tuvieron lugar el 24 de junio. De acuerdo con el testimonio de dos migrantes que pudieron escapar, viajaban con unos 250 centroamericanos indocumentados en el tren procedente de Salina Cruz, Oaxaca.[2] En Medias Aguas, Veracruz fueron interceptados por entre 10 y 12 hombres que bajaron de tres camionetas, encapuchados y armados. Con violencia secuestraron a 80 de los indocumentados que iban el tren.

Los dos testigos, al percatarse del arribo de los comandos armados, lograron escabullirse y saltar del tren. No descartan que otros hayan escapado. Tras la huida, se ocultaron por cuatro horas antes de subirse a otro tren de regreso a Ciudad Ixtepec, Oaxaca. Llegaron el 25 de junio. Inmediatamente dieron testimonio al padre Alejandro Solalinde, coordinador del Albergue Hermanos en el Camino.[3]

Según estos dos testimonios el plagio se realizó alrededor de las 13:30 horas del día 24. El tren se desvió de manera repentina y poco tiempo después se detuvo y llegaron las camionetas. En sus palabras: “Del grupo de encapuchados, tres se acercaron a los vagones, el resto alistó sus armas para vigilar la zona… En uno de los vagones había hombres, mujeres y niños”.[4]Sigue el testimonio: “Antes de saltar del tren, vi cómo estaban subiendo de manera violenta en una de las camionetas a dos de los compañeros, vi cómo los jalaban, y les gritaban: muévanse hijos de la chingada”.[5]

Las autoridades se “comprometieron” a llevar la investigación correspondiente. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación, prácticamente no dio crédito al testimonio de los migrantes. El subsecretario de Gobernación, René Martín Zenteno, declaraba lo siguiente: “hasta este momento la información con que se cuenta no permite negar los hechos, repito, no podemos negar los hechos que han ocurrido pues contamos con dos testimonio importantes de migrantes centroamericanos”. Pero: “también debo aclarar que las indagaciones hasta hoy no han proporcionado evidencias u otros testimonios que permitan conformarlos”.[6]

Pidió al padre Alejandro Solalinde que si tiene pruebas del presunto secuestro de los ochenta o más migrantes, las presente a las autoridades correspondientes, debido a que con el testimonio de los dos migrantes sólo pudieron constatar el plagio de cinco personas:“Los 100 migrantes a los que se refiere el padre Solalinde son los que estaban en el albergue; si por alguna razón el padre Solalinde tuviera indicios de que esos 100 migrantes fueron secuestrados, debe llevar las pruebas, debe presentarse ante las autoridades correspondientes para dar toda esa información”.[7]

Por su parte, el secretario de gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, rechazó la versión de Solalinde y aseguró que el sacerdote hacía declaraciones con base en “rumores” y pidió presentar una denuncia.[8] Así pues, la postura del gobierno de Veracruz es de negación del suceso.

Por otro lado, el padre Solalide ha fijado su postura: “[Los plagiarios] estaban de acuerdo con los maquinistas porque en lugar de dejarlos donde siempre, los llevan hasta un lugar apartado donde está el tren que viene de Tenosique y Coatzacoalcos que los pararon exactamente donde estaban unas camionetas esperándolos (…) Ahí se ve el contubernio que existe con estos maquinistas. No digo que todos, pero la mayoría son personas que están en esto”.[9] Solalinde es contundente, hubo complicidad de los maquinistas del ferrocarril en el que viajaban.

Se han presentado las denuncias sobre ocasiones anteriores, pero los jueces no han consignado a ninguno.

Desde febrero de este año Jorge Ruíz Valderrama, jefe del Departamento de Capacitación a Servidores Públicos de la CDNH, por su parte, ya ha reconocido que los secuestros de migrantes en Veracruz se da con la complicidad de las autoridades.[10] Inclusive señaló que elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) ayuda a que ocurra el secuestro.[11]

Se presume que los secuestros, no sólo los del mes de junio, sino que también los llevados a cabo en meses del año pasado, son realizados por el grupo narcotraficante de Los Zetas. Por un lado, este grupo busca reclutar elementos para su organización. Por otro lado, pedir recompensas a los familiares.[12]

A partir de estos sucesos me gustaría guiar la exposición hacia algunos señalamientos sobre los conceptos del testigo y del testimonio.

En la situación anteriormente expuesta se presenta una dicotomía cuyas partes encarnan dos posturas diferentes con referencia a la posibilidad de la aplicación de justicia. Una de estas posturas es la que representa el migrante con sus testimonios del suceso. La contraparte está representada por el gobierno federal y local y la exigencia de pruebas más allá del testimonio.

Los respectivos gobiernos, federal y local, han descalificado los testimonios dados por los migrantes argumentando que éstos no bastan para buscar la consecución de justicia. Esto responde a un proyecto gubernamental que niega la autoridad total de quien vivió el suceso. Esto significa el descredito del testimonio del testigo. Resultan evidentes las motivaciones que originan las posturas gubernamentales: “aquí no pasó nada”; “en México se respetan los derechos (humanos y políticos) de los extranjeros”; “México es un país seguro y los gobiernos locales y federal están enfocados a la procuración de los derechos hacia los migrantes”; “No existe corrupción, ni contubernio”.

Explicita e implícitamente se desacredita el testimonio de los migrantes por sus condiciones políticas y sociales. Son migrantes indocumentados que, paradójicamente, se encuentran al “margen” del orden jurídico, pero con un lugar determinado dentro de ese orden, en el de la exclusión. No son ciudadanos, por lo tanto no tienen identidad, ni posibilidad de tener justicia legal ni jurídica. Son individuos cuya voz, desde su identidad política y social se encuentra en entredicho. Individuos eternamente pauperizados y explotados por las condiciones históricas; individuos marginados política y jurídicamente.

Desde que se desacredita, o inclusive se pone en duda el testimonio de estos migrantes, se cancela cualquier posibilidad de realizar justicia hacia las víctimas del secuestro y de los actos que se realicen en contra de su integridad física y moral.

Desde la otra perspectiva, los migrantes, las víctimas, gozan de toda legitimidad testimonial, y su testimonio debería debe ser palabra última e irreductible que abre la posibilidad de la consecución plena de justicia.

¿Por qué el migrante gozaría de esta legitimidad? Porque ha vivido y sufrido en carne propia los agravios. Sin embargo, el testimonio de los migrantes que lograron escapar posee una doble fuerza ética. La fuerza que le impregna el testimonio no dicho de quienes no lograron escapar.

El filósofo italiano Giorgio Agamben señala la etimología de la palabra “testigo”:

 

En latín hay dos palabras para referirse al testigo. La primera, testis, de la que deriva nuestro término “testigo”, significa etimológicamente aquel que se sitúa como tercero (terstis) en un proceso o un litigio entre dos contendientes. La segunda, superstes, hace referencia al que ha vivido una determinada realidad, en condiciones de ofrecer un testimonio sobre él.[13]

 

Precisamente, el testigo es el que puede dar crédito de un acontecimiento determinado. Aquel que estuvo allí, aquel que padeció y sufrió en el acontecimiento.

El testigo abre una forma determinada de hacer justicia. No es una justicia jurídica, es una justicia ética. El primer tipo de justicia estaría apegada al Derecho.

El Derecho mira exclusivamente a la celebración del “juicio, con independencia de la verdad o de la justicia. Es algo que queda probado más allá de toda duda por la fuerza de cosa juzgada que se aplica también a la sentencia injusta”.[14] La exclusión de la “fuera de cosa juzgada” significa que el Derecho prescinde de los actores, de los sujetos, de los testigos.

La justicia ética implica la asumpción de una responsabilidad ética “infinitamente más grande de la que nunca podemos asumir”.[15]

Dice el filósofo español Reyes Mate que lo que la víctima añade al conocimiento de la realidad es la visión del lado ocultado, silenciado y privado de significación. El lado que representa la historia passionis, la historia de la pasión, la historia del sufrimiento.[16]

Las palabras de la víctima, por su posición con respecto al acontecimiento, tienen la exclusividad que por sí misma le confiere la mayor legitimidad de certeza, verdad y validez. Son palabras, testimonios, que transgreden a la justicia jurídica, a la que pone en entredicho y anula con su fuerza intrínseca.

Sobre el caso particular que ocupa, se enfrentan dos posiciones antagónicas sobre proyectos de justicia. Uno que exige las pruebas objetivas, materiales, físicas sobre el suceso como única forma de consecución de una justicia jurídica y legal. Mismo que desacredita las palabras de la víctima como prueba confiable de certeza y de verdad. El otro proyecto de justicia que desde la fenomenología del sentimiento y del padecimiento realiza su exigencia. Poniendo las palabras de la víctima, su testimonio, como la prueba irreductible de su exigencia. Un testimonio que está cargado de una responsabilidad ética y que representa la voz de los silenciados, tanto por el suceso mismo, como por el proyecto político que niega sistemáticamente su dolor y su padecimiento.

¿Cuáles son las pruebas que exige el gobierno mexicano para reconocer el suceso en cuestión? Me atrevo a ofrecer una respuesta: fosas clandestinas con centenares de huesos. También me atrevo a decir que esto no basta, o por lo menos ha bastado hasta hoy.

La exigencia de justicia la hacen los vivos, o los testigos. Sin embargo, los silenciados, los desparecidos y los muertos gritan con mayor fuerza la exigencia de justicias, y los testigos, a quienes proyectos políticos se empeñan sistemáticamente en desacreditar e ignorar, son los interlocutores legítimos de ellos.

No podemos darle la espalda a estos testimonios si no queremos darle la espalda a la posibilidad de la consecución de una justicia ética. Mientras no se salde esa deuda no se podrá pensar en un mejor proyecto de nación y hacer una exigencia legítima de justicia para los migrantes mexicanos que son ultrajados y maltratados en Estados Unidos.

 

Julio de 2011