Escrutinio No. 70

Rafael de la Garza Talavera

El referéndum celebrado en Italia los días 12 y 13 de junio ha sido un ejemplo de la capacidad de los mecanismos de democracia directa para proteger los bienes comunes de las políticas privatizadoras, impulsadas por los estados nacionales, a favor de los dueños del dinero en el mundo. También ha dejado claro que las y los italianos han cobrado conciencia de la importancia de defender los bienes sociales para detener el deterioro acelerado de su calidad de vida.

Fueron cuatro las cuestiones que integraron el referéndum: la derogación de los procedimientos de adjudicación y gestión de los servicios públicos locales de importancia económica a las empresas privadas; la derogación de la norma que establece que la tarifa del agua esté sujeta a los rendimientos esperados del capital privado; la derogación de una serie de normas que permiten la producción de energía eléctrica nuclear; y la derogación de las normas que impedían que el presidente del Consejo de Ministros y de los ministros a comparecer frente a la justicia penal. El triunfo del Si para todas las cuestiones ¡superó el 90% de la votación! a pesar de la férrea oposición -con spots incluidos- del gobierno de Berlusconi y la participación de los votantes alcanzó el 57%. Tuvieron que pasar 16 años para que un referéndum en Italia lograra supera la barrera del 50% y obligar a la clase política a acatar la voluntad popular.

Es importante subrayar que todas las preguntas están dirigidas a desmantelar la ofensiva neoliberal que, al igual que en el resto del mundo, se ha empeñado en arrancarle a las naciones la propiedad pública sobre los bienes básicos, como el agua y los servicios proporcionados por los municipios como serían la limpia pública, el transporte, la seguridad, entre otros.

Lo que estuvo en juego fue la posibilidad de que los políticos pudieran seguir vendiendo los bienes comunes al mejor postor. Los servicios públicos locales, incluido el servicio de agua potable, así como la posibilidad de un renacimiento de la industria nuclear –que atenta contra el medio ambiente, bien común fundamental- giran alrededor de la premisa de que hay ciertos bienes que deben ser sustraídos del interés privado, de que debe evitarse convertirlos en simples mercancías, sujetas a los vaivenes inducidos de la oferta y la demanda. Pero además, se puso un límite a la impunidad de los políticos, quienes coincidentemente son los principales impulsores de la enajenación de los bienes comunes para lograr jugosas comisiones, por debajo de la mesa, y seguir financiando sus carreras políticas. Ahora, los principales artífices de las políticas privatizadoras en la república italiana podrán ser llevados a juicios penales y responder a las acusaciones de la ciudadanía y actores sociales por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y demás linduras con que acostumbran condimentar sus carreras políticas. La impunidad para ellos ha terminado y ahora tendrán que hacer las cosas mejor para evitar ser encarcelados.

La experiencia italiana está estrechamente relacionada con las manifestaciones de hartazgo de la ciudadanía en Grecia, Egipto y España, por mencionar las más destacadas, con respecto a la gestión de la política institucional encabezada por los estados nacionales, los partidos políticos y las corporaciones y organismos internacionales. Demuestra claramente que las personas están sujetas a una enorme explotación -lo que ha debilitado enormemente sus posibilidades de vivir dignamente- por lo que no están dispuestas a seguir esperando a que esas instituciones y la democracia liberal resuelvan el problema. La conciencia ciudadana ha logrado superar el miedo y la falta de confianza en sí misma para darse cuenta que si no interviene en la protección de los bienes comunes, sus representantes los privatizarán sin el menor rubor, a precios de ganga y a quien quiera comprar, sean empresas internacionales, mafiosos o políticos reconvertidos en inversionistas.

El apostar a la privatización de los servicios públicos, del agua, del medio ambiente -a través de insistir en la producción de electricidad vía energía nuclear- aparece cada vez más como un suicidio colectivo, como una manera de cancelar el futuro de millones de personas en aras de la racionalidad instrumental o mejor dicho de la racionalidad psicópata, en donde los fines justifican los medios, en donde no importan las consecuencias siempre y cuando se satisfagan los fines.

La actitud de la clase política italiana, con Berlusconi a la cabeza, no sorprende en lo más mínimo pues de lo que se trataba era de impedir que la ciudadanía les impidiera seguir disponiendo de la riqueza pública para sus propios intereses. El papel de las televisoras fue de apoyo descarado al No, demostrando que su poder no es infalible y que por más que traten de inclinar la balanza a su favor y las de los que les pagan con una saturación de spots, entrevistas a expertos y columnas de especialistas, los votantes pueden ignorarlos y derrotarlos sin problemas. El gobierno italiano gastó millones de euros para articular la campaña mediática que impidiera el triunfo del Si pero no lograron sus objetivos. Con los resultados adversos a su causa, Berlusconi puede empezar a hacer sus maletas para abandonar el poder. Los votantes italianos le han enviado un mensaje claro y contundente que pone en duda su dominio en la política italiana y envía un mensaje a la clase política europea para que piense con cuidado antes de intentar privatizar los bienes comunes.

Los mecanismos de la democracia directa no son ninguna panacea pero pueden servir como espacios de expresión para ampliar la participación política de la ciudadanía y detener la tendencia suicida que parece cada vez más fuerte. Ojalá que lo sucedido en Italia con el referéndum inspire a ciudadanos de otros países a considerar seriamente la posibilidad de participar en la vida política, más allá de las elecciones, para recuperar la dignidad que cada vez más nos niegan desde el poder.