Escrutinio No. 67

 

Roberto Israel Rodríguez Soriano*

 

“No importa que haya o no guerra y, ya

que no es posible una victoria decisiva,

tampoco importa si la guerra va bien o mal.

Lo único preciso es que exista un

estado de guerra”.

George Orwell

 

Desde el inicio de su gestión como presidente de la República Mexicana en 2006, Felipe Calderón ha implementado un programa político en materia de seguridad nacional que ha nombrado “Guerra contra el narcotráfico”. Este programa consiste básicamente en la utilización de las fuerza de seguridad nacional (policía federal, marina, y ejercito) para combatir militarmente el tráfico ilegal de drogas.

Ésta ha sido una estrategia política inadecuada. No ha servido en nada para solucionar este problema e inclusive lo ha agravado. Y ha generado una situación de extrema inseguridad y de paranoia social. Debe tenerse en cuenta que dicha estrategia tiene motivaciones que van más allá de la seguridad nacional, tales como el afianzamiento del poder político del gobierno a través de la utilización del ejercito; y la respuesta a intereses de índole económico nacionales e internacionales por parte de quienes ejercen la política profesionalmente, entre otras motivaciones.

En meses reciente cada vez son más los casos en que, dentro de la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, fuerzas policiales y militares abren fuego y asesinan población civil en nombre de esta guerra.

En total, del 2006 a la fecha alrededor de 30,000 muerto por la llamada “guerra contra el narcotráfico”.[1]Entre estos muertos se encuentran asesinatos de civiles de diferentes edades y bajo diferentes circunstancias.[2]

A lo largo del sexenio de Vicente Fox y lo que va del de Felipe Calderón han muerto alrededor de mil trescientos veintiséis menores en mencionado contexto. De este número, 600 han muerto en balaceras entre presuntos narcotraficantes y autoridades. Otros 726 fueron asesinados por sicarios o narcomenudistas.[3]

Dentro de esta cifra también se incluyen los casos de asesinatos perpetrados directamente por el ejército mexicano. Por ejemplo, el siete de septiembre de 2010 en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura de Apodaca, el ciudadano León Ramírez, de 45 años, y su hijo Alejandro de León Castellanos, de 15, fueron asesinados por soldados en un reten militar. Regresaban de una fiesta con otros cinco integrantes de su familia quienes resultaron heridos.

Los militares implicados argumentaron que el automóvil de la familia no acató la orden de parar en el retén montado a un lado de la autopista. Sin embargo, Ileana, miembro de la familia, de 24 años, aseguro que no había ningún reten y que los militares simplemente los alcanzaron y dispararon.[4]

Como otros ejemplos de estas circunstancias pueden mencionarse el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en las mismas instalaciones de la institución educativa. Fueron ultimados en una refriega protagonizada por una unidad militar de la 7ª Zona; y el asesinato, consumado por una patrulla de la 8a zona militar, de dos jóvenes que transitaban en la autopista de Nuevo Laredo.[5]

Asimismo pueden mencionarse los asesinatos y secuestros, atribuidos al ejército mexicano, de Saúl Becerra Reyes y la desaparición de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga. Saúl Becerra fue detenido en Ciudad Juárez el 21 de octubre de 2008 y remitido junto con otras cinco personas al 20° Regimiento de Caballería Motorizada. Cinco días después estas cinco personas fueron remitidas al ministerio público. Saúl Becerra desapareció. Su cadáver fue encontrado cinco meses después de su detención.[6]

Por su parte, los hermanos Guzmán fueron desaparecidos, presumiblemente por militares de la 5ª zona militar adscrita a la XI Región Militar.[7]

Me gustaría comenzar la reflexión destacando la denominación de esta estrategia gubernamental: “Guerra contra el narcotráfico”.[8] Este nombre no es arbitrario y tiene implicaciones políticas. Darle la categoría de “guerra” implica que los diferentes operativos tienen la legalidad que esta situación extra-ordinaria implica. En una situación de “guerra” se hace legal el uso de la fuerza legítima del Estado con características muy diferentes a las que implicarían otros problemas de seguridad nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 89 que el presidente tiene, entre otras facultades,

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación; (…)

 VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos previa ley del Congreso de la Unión;

En estado de guerra el ejército puede legalmente salir a las “calles” para controlar la situación que amenaza la seguridad nacional y para ello puede hacer uso de los procedimientos y de las acciones necesarias para alcanzar ese fin, e inclusive puede violar las garantías constitucionales de la población civil (en nombre de la seguridad nacional) si esto es avalado por el representante del ejecutivo y los representantes del poder legislativo dan su visto bueno. El artículo 29 de la Constitución Política lo dice claramente:

Artículo 29.En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión, y, en los recesos de este, de la Comisión Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

 

Es decir, la población civil cae en un “estado de excepción”. La legalidad de los derechos ciudadanos que están respaldados por la Constitución se suspenden. Resulta paradójico que el origen de la legalidad pueda ser también el origen de la ilegalidad en situaciones extraordinarias. Señala el filósofo español Manuel Reyes Mate, con respecto del estado de excepción, que para “que el estado de excepción funcione, es decir, para poder dejar a una parte de la sociedad en un espacio sin ley, es necesaria la presencia de la ley”.[9]

La pregunta que tendríamos que hacernos es cómo y por qué esto es posible. Opino que la clave de la respuesta a esta pregunta está en la idea de la “seguridad”. En nombre de la seguridad nacional, la “seguridad familiar”, la seguridad individual, se hace legal violar los derechos constitucionales, y, se puede decir, los “derechos esenciales” de los ciudadanos.

Consecuencia de lo anterior son los asesinatos de civiles por militares que han y, me atrevo a decir, seguirán ocurriendo bajo diversas circunstancias avalados por los fundamentos de la estrategia en curso. Otra pregunta, que tiene que ver con la cuestión anterior es por qué los ciudadanos permitimos estos asesinatos; por qué no sentimos la suficiente indignación ante estos sucesos y protestamos enérgicamente y de manera masiva; por qué podemos escuchar con tolerancia llamar al representante del poder ejecutivo “bajas colaterales”, “bajas de guerra”, a los civiles asesinados por el ejercito; o escucharle decir, con la misma tolerancia que, después de todo, estos muertos sólo representan el 10% del total de los casos en la “guerra contra el narcotráfico”.

Creo que para darle respuestas a estas preguntas debemos reflexionar sobre los fundamentos político-filosóficos de nuestra organización política, diciendo de paso, liberal. La premisa es que toda formación política tiene como origen y esencia la seguridad de la misma comunidad política.

De acuerdo con la teoría política moderna una comunidad política surge cuando varios individuos deciden agruparse para, de este modo, asegurar su supervivencia, ya que de manera individual no sería posible. Cuando este conjunto de individuos se reúne en una comunidad política realizan un contrato, un contrato social. ¿En qué consiste este contrato?

El contrato social supone que los individuos, que se encontraban en un "estado de naturaleza” y que estaban abandonados a sus propios medios, renuncian al derecho de ejercer por su propia mano la fuerza que se dirigía a procurar su supervivencia. Ceden este derecho, que les es propio, y representa un derecho natural, a la comunidad política. Ésta última, por acuerdo mutuo de los integrantes, conforma un gobierno. El gobierno es el organismo político que concentra y reúne la fuerza originada por el conjunto de personas que conforman la comunidad. Éste tiene la obligación de salvaguardar la integridad de los miembros de la comunidad y de procurar los medios adecuados para su desarrollo, bajo supuesto de que los miembros de la comunidad política asumen voluntaria o involuntariamente las reglas y leyes que la misma comunidad política, bajo representación del gobierno establece. Bajo esta premisa los miembros de la comunidad ceden su derecho de ejercer la violencia. El gobierno, el Estado, adquiere del derecho exclusivo de ejercer dicha violencia.

En el gobierno se concentra el conjunto de esos derechos individuales de ejercer la violencia, y éste monopoliza su empleo. Así, a esta institución se le concede el ejercicio de la violencia y se vuelve “violencia legítima” de la comunidad política. De esta manera, el gobierno crea organismos que tendrán la función específica de asegurar la integridad de los miembros de la comunidad. Bajo estos fundamentos se originan los cuerpos militares y policiales que tienen la facultad de hacer lo necesario (lo que puede ser, en muchos de los caso la violación de garantías individuales) para mantener la seguridad. Con el uso de esta fuerza, el gobierno, a través de dichos organismos, tiene la responsabilidad de combatir las amenazas internas y externas de la comunidad.

Concentremos la atención en las amenazas internas. Los individuos se someten al pacto bajo la premisa de que respetarán los derechos naturales a través de la concesión de derechos positivos de los pactantes. Sin embargo, el orden y cohesión de la comunidad no podría recaer solamente en las “virtudes” cívicas de los pactantes, que supondría que las decisiones morales que toman los individuos recaen en un ejercicio racional, ya que, por naturaleza, los humanos actuamos, la mayoría de las veces, guiados por pasiones y motivaciones volitivas. Si se quiere decir, por motivaciones instintivas. Por esta última razón lo pactantes representan un peligro intrínseco para la comunidad política.

¿Qué implica esto? Implica que los miembros de la comunidad política somos una amenaza latente para los otros miembros de la comunidad. La idea se resume en lo siguiente: “somos culpables hasta que no se demuestre lo contrario”. Y asumimos esta premisa en todos los sentidos. Por un lado, asumimos el que se nos vea como peligrosos para la sociedad (al cabo no lo somos) y con esto, por otro lado, aceptamos, y nos damos el derecho de ver a los demás como peligrosos para la comunidad, y, a final de cuentas, para nosotros mismos. Todo en nombre de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestros seres queridos.

Conforme con lo anterior, le damos legitimidad a los cuerpos policiales y militares para que realicen sus tareas originarias. Estamos dispuestos a tolerar que se asesine a “culpables en potencia” en nombre de nuestra seguridad, de nuestra familia, y de la nación, aunque después resulte que esas personas muertas son inocentes. Primero se dispara y después se investiga.[10]

Estos fundamentos teóricos de nuestra estructura política liberal legitiman la guerra al interior de la comunidad política y en nuestro caso específico la “guerra contra el narcotráfico” en nuestra nación. De esta manera, legitiman los actos perpetrados por las fuerzas militares y policiales en contra de los derechos de los ciudadanos, como el asesinato de civiles. Se actúa bajo la premisa de que “más vale prevenir que lamentar”.

¿Qué se le diría a los asesinados bajo estas circunstancias si pudieran escucharnos? Que debieron morir en nombre de la seguridad nacional y de la comunidad política.

Es cruda esta conclusión, pero en la medida en que no asumamos la responsabilidad política, moral y ética que nos corresponde no podremos terminar con estos crímenes y someter a la justicia a sus actores. Me parece que antes de culpar a los representantes políticos o al ejército de estos actos, quienes bajo ninguna justificación pueden salir exculpados de sus respectivas responsabilidades, nosotros, los ciudadanos, debemos asumir la gran parte de responsabilidad por dichos asesinatos, ya que de la forma anteriormente descrita nosotros los legitimamos. Para corregir esta situación deberíamos, en primer lugar asumir los derechos y obligaciones originarias que nos corresponden como miembros de la comunidad política. El primer paso que deberíamos dar es hacernos conscientes de los fundamentos políticos sobre los que se construye el orden nacional nación.

Con gran asombro y esperanza veo el movimiento civil organizado por diferentes organizaciones civiles y de ciudadanos, encabezado por Javier Sicilia. Un movimiento bajo la consignan de “Estamos hasta la madre”, cuya demanda inmediata y directa hacia los “representantes” de los diferentes poderes de la soberanía es el poner fin a la “Guerra contra el narcotráfico” (contra el crimen organizado) e implementar una estrategia que ataca los fundamentos del problema mismo del narcotráfico y no solamente la superficie.

Por otro lado, paradójicamente y en contraposición con el movimiento civil anterior, en fechas resientes se ha propuesto una minuta para una reforma a la Ley de Seguridad Nacional en la que se planea dar más facultades irrestrictivamente al representante del poder ejecutivo para el uso de las fuerzas armadas.

Termino esta reflexión afirmando que tenemos una gran deuda moral y ética con los asesinados en la “guerra contra el narcotráfico”. Necesitaríamos redimirnos ante ellos para empezar a pensar en un mejor futuro para nosotros mismos, para nuestros seres queridos y para la nación. Esto a través de la demanda enérgica del cese de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y de la implementación de una estrategia de seguridad nacional que ataque los problemas nacionales (en este caso de seguridad) en sus raíces económicas y educativas.