Escrutinio No. 67

América Latina se caracterizó por vivir en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta regímenes militares, dictaduras con un fuerte rango de violencia por parte del Estado hacia sus ciudadanos, eliminando los derechos civiles y políticos de sus representados,  como el derecho de asociación, libertad de prensa pero, sobretodo los derechos de libertad de pensamiento político, haciendo nulas o reprimiendo a través de la vía armada las manifestaciones ciudadanas en contra de estos gobiernos.

Chile, Argentina, Brasil y Guatemala son ejemplos de pueblos que fueron sometidos  por estos gobiernos autoritarios y de corte militar, México quizá por su cercanía con los Estados Unidos[1] tuvo una historia diferente en lo que ha dureza del sistema se refiere , incluso varios analistas políticos tanto de México como de centro y de Amèrica del sur se refieren al caso mexicano como el caso de una “dictadura blanda”, es decir, sin el uso excesivo de las armas ante la mirada o el conocimiento del grueso de la población, el régimen logro callar y acabar con los brotes de organización civil.

Sin embargo, más allá del concepto de la dictadura blanda, México en los hechos se sirvió de una modificación al Codigo Penal  para ampliar su dominio sobre los ciudadanos y perpetuar al partido hegemónico en el poder.  Aquí  una breve descripción de los sucesos históricos  que dieron vida al delito de disolución social en México: En 1941 el artículo 145 del Codigo Penal  se reformó y se integró un nuevo delito que permitía al gobierno evitar que cualquier persona tanto mexicana como extranjera –so pretexto del conflicto bélico que tomaba magnitudes mundiales- pudiera realizar propaganda política en contra de los programas o acciones de gobierno, evitando con esto la crítica hacia el sistema político y no permitiendo que los ciudadanos pudieran evidenciar que el gobierno no satisfacía sus necesidades básicas.

Esta modificación al Código Penal permitió al régimen imponerse de forma tal que no se viera afectada la clase política ni la forma de hacer gobierno de esta, y sirvió de pretexto para evitar que  algún agente externo al  sistema pudiera intervenir en la vida política del régimen. Permitiendo con esto consolidarse y perpetuarse en  el poder rebasando incluso la propia temporalidad de los sexenios y de las características que tuviera el presidente en turno.

La primera vez que se puso en práctica este reformado artículo fue en el año de 1956 cuando el 11 de abril comenzó la huelga del Instituto Politécnico Nacional, por parte de los estudiantes en demanda de mejores instalaciones para su internado, becas, buena alimentación, mejores maestros y campos para la práctica deportiva. La respuesta del presidente Adolfo Ruiz Cortines fue enviar al ejército mexicano a tomar las instalaciones del Politécnico, para cuidarlas de los revoltosos… “El orden se mantendrá a toda costa”, comenzaba la política del Estado de derecho.

 

En 1959 estalló la huelga ferrocarrilera liderada por Demetrio Vallejo, la exigencia; Transparencia, legitimidad y que escuchara la voz de los trabajadores  en las próximas elecciones de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), el resultado; la imposición nuevamente de Fidel Velázquez como líder y secretario general  de la central, cargo que desempeñaría hasta 1997 año de su muerte, y para el líder ferrocarrilero Vallejo hubo como respuesta a sus demandas 11 años de cárcel.

En 1960 varios líderes de la sección novena del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SNTE) fueron desplazados de sus puestos y en una manifestación pacífica conformada por padres de familia, alumnos y maestros en las calles de la ciudad, fueron brutalmente  reprimidos  por el recién formado cuerpo de granaderos,  Institución que sirvió varios años a partir de su formación para reprimir justamente manifestaciones sociales públicas.

La misma suerte sufriría Rubén Jaramillo en 1962 en el Estado de Morelos líder campesino que trató de organizar a los campesinos para la exigencia de tierra, mejores condiciones de vida, salarios dignos y justos. Quién junto con sus tres hijos y su mujer embarazada fue capturado, torturado y muerto, el gobierno de López Mateos guardo silencio y meses después  argumento no hallar a los culpables de dicho crimen, obviamente los campesinos siguieron en las mismas condiciones.

El caso más emblemático fue el ocurrido el 2 de Octubre de 1968 cuando durante un mitin de estudiantes en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, el ejército mexicano en contubernio con el cuerpo de granaderos y de policía actuaron salvajemente asesinando a varios de los asistentes al mitin y encarcelando a algunos de sus principales líderes bajo el pretexto de la Disolución social y de algún intento internacional de ingresar el comunismo al país, ideología política que vería su peor momento  con la muerte de Salvador Allende en Chile hacia el año de 1973. Varios años después de salir de su gestión presidencial Gustavo Díaz Ordaz dijo “haberse sentido especialmente orgulloso del año de 1968, año en que pudo salvar al país del avance del comunismo mundial”.

Cómo podemos observar este delito sirvió de carta comodín al gobierno mexicano para utilizar la represión ante cualquier propuesta de cambio social o ante cualquiera que se atreviera a dudar de las acciones o del buen funcionamiento del gobierno.

El discurso oficial ante cualquier eventualidad u organización social que cuestione al gobierno radica en  generar en el resto de la población dudas sobres la autenticidad y autonomía de dicho movimiento, argumentando que el ciudadano no tiene ni la valentía, ni la capacidad de organización, ni la capacidad intelectual para poder generar un grupo compacto, homogéneo e ideológicamente preparado para generar un cambio en la estructura gubernamental.

 

Los ejemplos sobran de este recurso gubernamental, cuando el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) salió a la luz pública se dijo que era un grupo de indígenas incapaces de organizarse así y que había grupos de extranjeros detrás de ellos y oscuros intereses que no pertenecían al imaginario colectivo del campesino chiapaneco.

En 2006 cuando un grupo de maestros Oaxaqueños en conjunto con algunas organizaciones sociales de este Estado de la República organizaron y crearon la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para exigir mejoras en la educación estatal y  la renuncia de Ulises Ruiz entonces gobernador de dicho Estado acusado de malversación de fondos, represión a maestros, apoyo gubernamental a la candidatura de Roberto Madrazo para la presidencia de la República. La respuesta oficial una vez más fue el uso desmedido de la fuerza y el descredito de dicho movimiento una vez más argumentando que los líderes no eran ni maestros ni oaxaqueños.

Desde la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República el discurso más repetido por él y sus colaboradores es el tema de la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico y la tranquilidad de las familias mexicanas. Sin embargo hay un problema de conceptualización, ya que al término seguridad pública le han intentado dar responsabilidades que no le corresponden ya que su función es la de generar acciones de información, disuasión para prevenir conductas delictivas basado en la educación del individuo, y con esto combatir el delito y así poder castigar a los autores de dicho problema social.

Como podemos observar y recalcar la educación y no la represión es uno de los medios por excelencia para proporcionarle valores y normas al individuo para alejarlo definitivamente del delito y de las acciones que pudieran perturbar su  vida y conducta en sociedad.

Si la tendencia de muertes sigue como hasta este momento, se estima que al final del actual sexenio serán casi 70 mil los muertos[2], alcanzando con esto una cifra superior a los decesos ocurridos en algunas regiones del mundo que se encuentran sumergidos en guerrillas o algunas otras naciones que están ocupadas por algún ejercito externo.

Ante tal situación de violencia e inseguridad en el país, en días anteriores se discutió en la Cámara de Diputados  y en el Senado de la República reformas a la Ley de Seguridad Nacional, reformas que avivan los recuerdos que tiene la historia mexicana de la disolución social y de la represión sufrida por cientos o miles de mexicanos en defensa legitima de sus derechos políticos y civiles.

Lo anterior lo decimos porqué esta reformas extralimitan la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la participación de las fuerzas armadas  en torno a conflictos sociales a petición de las autoridades civiles, argumentando con esto toda participación en labores de seguridad pública, es decir, la ocupación del ejército en cualquier circunstancia que la autoridad lo solicite.

Con esto el Estado mexicano desatiende abiertamente las peticiones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de eliminar el fuero militar y con esto evitar abusos por parte de las fuerzas armadas a los ciudadanos, actos ampliamente documentados, como el asesinato de una familia en un retén de Nuevo Laredo[3].

El pasado miércoles 3 de Mayo el presidente Felipe Calderón dirigió un contundente y encendido discurso para toda la nación, donde argumentaba estar indignado con las serie de actos vandálicos y criminales que han estado ocurriendo en todo el país, comentó que las fuerzas armadas mexicanas han atrapado a varios miembros de estas bandas criminales ¿Dónde están? ¿Por qué no los enseñan cómo ha sido su costumbre cuando atrapan a un “pez gordo”?

Dentro del mensaje del ejecutivo también señalo que los hombres y mujeres asesinados cobardemente  en San Fernando Tamaulipas, eran hombres buenos que sólo buscaban un mejor modo de vida para ellos y sus familias en el extranjero  ¿No mejor debió de haber dicho que hará su gobierno para que estos miles de mexicanos que intentan cruzar la frontera no lo hagan porqué en su país ya habrá mejores condiciones? Hablo de estar enfrentando con fuerza y firmeza a la delincuencia, pidió una sociedad unida contra la delincuencia y acalaró que este ataque frontal contra estos grupos era la única forma de tener la libertad deseada, ¿La violencia se acaba con violencia?

Comento también que no es opción alejarse de la lucha, al contrario hay que redoblar esfuerzos contra estas gavillas de criminales, comprensión y apoyo necesita del pueblo mexicano entero,  mencionó que a nadie le gusta la violencia pero para acabar con ella hay que combatir sus causas y quienes la provocan, Cómo si fuera lo mismo, causa y efecto. Hay que entender los discursos de nuestros gobernantes y ver como en este caso Felipe Calderón pone exactamente en el mismo sitio la seguridad pública y la seguridad nacional.

Finalizó su discurso argumentando que no bajarán las manos hasta acabar con los verdaderos enemigos de México – los criminales – la pregunta es y la clase política que sólo busca su riqueza personal ¿Los meterán a la cárcel? Los funcionarios públicos que han sido incapaces de dar respuestas a una sociedad urgida de justicia y dignidad ¿Los cesarán de sus puestos? Los diputados que no legislan con rectitud y con visión de Estado ¿Los correrán de la Cámara? ¿Les bajarán los sueldos? A los altos y medios mandos de la policía que se coluden con los grupos organizados que castigo recibirán… Como podemos ver no sólo los criminales lastiman a México o mejor dicho ¿Habría que hacer una nueva tipología del concepto criminal?

Cómo podemos observar tenemos un presidente engallado, con altas miras de utilizar a las fuerzas armadas en su guerra que no es guerra, cuántos muertos más tendrán que contabilizarse para darse cuenta que ese no es el camino, utilizar al ejército en tareas de la policía es militarizar el régimen o hacer de esta ya de una vez por todas una verdadera dictadura, donde se puedan confundir y en vez de sólo atacar criminales ataquen ciudadanos, de todos modos ¿Cómo se distingue un ciudadano de un criminal?

La sociedad comienza alzar la voz, se organiza, sale, marcha, difunde y trata de estar enterado de  todas las injusticias que este gobierno trata de ocultar con falsos mensajes y cifras infladas, comerciales del gobierno federal con motivos cómicos, invaden los canales de televisión.

No hay pues un verdadero programa de gobierno, todo es mediático como desde el inicio de su sexenio y la guerra sucia que sufrieron los demás candidatos presidenciales.

Que sirva la lucha del poeta y periodista Javier Sicilia[4] para arrancar una nueva era en este país que ya no quiere derramar más sangre inocente,  ciudadana,  migrante, pobre, ni de ningún tipo, cansados todos los sectores sociales levantan la voz y se unen en contra de una lucha  que ha trastocado los corazones y las mentes de todos los habitantes de México.

Merecemos paz, justicia, dignidad y sobre todo un gobierno que enaltezca las diversas luchas sociales que le dieron vida al México bronco, al México que quiere y no dejan… Un México donde quepan todos los Méxicos –Como dicen los zapatistas-, Ese México que soñaron todos los hombres y mujeres que se atrevieron a alzar su voz contra del sistema político.  Un país donde la educación sea la causante del bienestar colectivo y un ejército que cuide de la seguridad nacional sin intervenir en situaciones propias de la policia.

 

 

 

 

Jesús Eduardo Hernández Estrada.