Escrutinio No. 65

Nayeli Lima Báez*

El próximo 2 de mayo se reunirán los presidentes de México, Perú, Colombia y Brasil para fijar las bases de un nuevo Tratado de Libre Comercio. Así lo anunció el presidente peruano Alan García, el 27 de marzo de 2011: "acordaremos el mayor libre tránsito posible de capitales, servicios, productos y personas. Así creceremos de manera mucho más eficaz." [1] Sin embargo, en los últimos dos meses -luego del anuncio de una posible alianza comercial entre estos países- representantes campesinos y algunos políticos se han mostrado en contra de tal acuerdo.[2] Uno de los argumentos es la posible vulneración de la soberanía alimentaria de México.

Autoridades de México, EU y Canadá en la firma del TLC en 1994.

Recordemos que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) suscrito entre Estados Unidos, Canadá y México, ha llevado a la bancarrota al campo mexicano. Lejos de las condiciones competitivas de los campesinos en Estados Unidos y Canadá, en México los trabajadores del campo se han enfrentado a la pauperización sistemática, aunado a la disminución de créditos, a las altas tasas de interés crediticios para aquellos que logran obtener un préstamo, a la migración, en fin, al abandono.

La importación de alimentos para cubrir la demanda en México pasó de un 10% en los años ochenta  a una tasa de entre un 30% y un 40%, actualmente. El 73% de esas importaciones provienen de Estados Unidos, de acuerdo con datos del departamento de agricultura de los Estados Unidos (USDA)[3].

Esta dinámica se vio reforzada  por la premisa económica de ventajas comparativas[4], la cual recomienda –a fin de disminuir costos y garantizar producto- que los países  sólo produzcan aquellos enseres que su ubicación geográfica, clima, etc., les sea propicio, y adquieran en el mercado internacional los que no posea. En teoría esto bajaría los costos y garantizaría la producción, sin embargo en la práctica ha sido lo contrario, dando como resultado que la soberanía y la seguridad alimentaria de aquellos países que no diversificaron su producción agropecuaria –entre ellos México- estén en crisis.

Mientras las grandes corporaciones multinacionales guían la economía mundial y las políticas de libre comercio devastan las comunidades rurales, las organizaciones campesinas se están uniendo en un clamor conjunto por la soberanía alimentaria. Dicho concepto, originado en 1996 por Vía Campesina engloba la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación:

 “La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios  de otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’…  La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos,  nutritivos y ecológicamente sustentables.”[5]

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se estima que existen aproximadamente 1, 200 millones de personas que padecen hambre en el mundo –la mayoría, habitantes de países  en desarrollo- pese a que existe mayor producción y disponibilidad de alimentos.  Algunas de las respuestas se basan en el aumento del precio de las semillas ocasionado por los altos costos del transporte –aumento del precio del petróleo-, al cambio climático, a la producción de biocombustibles, a la especulación financiera y al uso de los alimentos como instrumentos de presión internacional.

Lejos de erradicar el hambre en el mundo, de mejorar la calidad y la distribución de los alimentos, las políticas neoliberales han priorizado el comercio internacional y no la alimentación de los pueblos. Se ha incrementado la dependencia alimentaria de países como México que pese a su vasto territorio y al beneficioso clima que posee, no han podido subsanar la demanda de alimentos para su propia población, entregándose, así, a los especuladores de precios o a los grandes consorcios como Monsanto.[6]

En fin, la respuesta no se encuentra en la firma a diestra y siniestra de tratados de libre comercio, sino en el rescate del campo con proyectos incluyentes para el desarrollo sustentable. Sólo desde una mirada basada en la complementariedad y no en la competitividad, podremos resarcir el déficit alimentario.