Escrutinio No. 65

Rafael de la Garza Talavera*

 

La propuesta del gobernador de Chihuahua, César Duarte, demuestra que la militarización del país es vista por los grupos dominantes no sólo como una estrategia para fortalecer al gobierno de Felipe Calderón y, si se puede, mejorar la seguridad pública sino también para mejorar los índices de empleo y mejorar la decaída economía nacional.

La propuesta consiste básicamente en modificar las regulaciones del Servicio militar, ampliándolo a tres años de servicio remunerado pero además encarcelando a todos aquellos que procuren evitar ser enrolados. La propuesta está dirigida a enrolar en las fuerzas armadas a las personas jóvenes que no estudian ni trabajan de manera regular, o sea buena parte de la juventud mexicana. Aquí surgen varias preguntas: por ejemplo ¿Quien decide si los estudios o el trabajo en el que se desempeña una persona es válido para no caer en la leva forzosa? Si trabajo en un tianguis, en un bar, en un restaurante diez o veinte horas a la semana ¿eximiría a los potenciales soldados de ser encarcelados? ¿O hay que tener un trabajo formal que cotize en el seguro y pague impuestos?

Dadas las circunstancias, la peregrina idea puede parecer una solución al problema del reclutamiento de las y los jóvenes sin empleo y sin escuela por parte del narcotráfico. Sin embargo, en mi opinión, el argumento descansa en la simple sospecha, que no en un estudio sociológico serio, de que es la juventud marginada la que engrosa las filas del narcotráfico; que son las víctimas más comunes del desastre económico, lo que las obliga a emplearse en el crimen organizado.

Más allá de la posición que se tome con respecto a lo expuesto arriba todo parece indicar que la idea tiene por objetivo real darle mayor presencia a las fuerzas armadas en el conjunto de la sociedad, procurando mejorar su imagen participando en labores que rebasan claramente sus obligaciones constitucionales. Pero además, la propuesta no oculta la intención de ampliar la composición del sector militar –tradicionalmente el soldado común ha sido extraído de las comunidades rurales- a los sectores sociales urbanos, con mayor escolaridad y presencia social.

La militarización de una sociedad determinada no puede limitarse a aumentar la presencia física de las fuerzas armadas en las calles o a asignarle más recursos. Semejante proceso exige que la ciudadanía se acostumbre a la idea de que la militarización es la única solución a los problemas que enfrenta, en la esperanza ciudadana de que la militarización haga la vida cotidiana más segura.

La historia nos ha demostrado que la militarización empobrece las finanzas públicas y rompe el delicado juego político institucional republicano y liberal. Pero sobre todo, la presencia de los militares en las calles obstaculiza el disfrute de los derechos civiles básicos, reduciendo las libertades y colocando a todos en la indefensión frente a los caprichos de la tropa.

Encima de todo lo anterior, la propuesta me recuerda las continuas levas que se dieron a lo largo del siglo XIX en nuestro país. El reclutamiento forzado representa sin duda un atropello terrible sobre las libertades humanas. El privar de la libertad a cualquier persona por abstenerse de ejercer la violencia, independientemente de la situación en que se encuentre, es simple y llanamente una violación a los derechos fundamentales. Pero utilizar la necesidad de la gente para obligarla a morirse en una guerra estúpida no tiene nombre. No me sorprende que un miembro de la clase en el poder salga con semejante ocurrencia. Después de todo es un digno heredero de aquellos conservadores decimonónicos que, en su afán por mantenerse en el poder, fueron hasta Versalles para vender el país.

 

La militarización impulsada por el gobierno de Calderón amplió la violencia social que sufrimos y tiene un doble propósito: mantener un clima de terror que facilite la embestida contra los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto así como darle una razón de ser a su gestión. En todo caso, habrá que admitir que el hecho de que el ejército esté en las calles no es el origen de la violencia aunque es evidente que la ha magnificado.

Una segunda causa de la violencia es el debilitamiento de los Estados Unidos como potencia hegemónica mundial lo que ha provocado que prefieran las soluciones de fuerza a la ampliación de consensos. En la medida en que el poder económico y político estadounidense decrece, sus dirigentes se ven obligados a echar mano de las armas para mantener su posición de privilegio. El anuncio de la instalación de siete bases militares en Colombia para contener las aspiraciones geopolíticas de Brasil y presionar a los gobiernos de Venezuela y Bolivia debe ser interpretado desde esa perspectiva. En el caso mexicano, el narcotráfico resulta un excelente pretexto para exigirle una mayor gasto militar (se ha duplicado en lo que va del sexenio de Calderón) pero también para que el Pentágono justifique el aumento de 12.2 millones de dólares en 2008 a 34 millones en 2010 entregados al gobierno mexicano para el combate del narcotráfico. Esto sin mencionar el contrabando al alza de armas, que aumenta las ganancias de los productores de armas y de paso incrementa la capacidad de fuego de los cárteles de las drogas. Las guerras son un gran negocio… para la industria del armamento, of course.

Las consecuencias económicas de la guerra civil que experimentamos saltan a la vista. A nadie se le ocurriría poner un negocio en Matamoros o ciudad Juárez y el pago de ‘impuestos’ vía extorsión disminuyen las ganancias de los empresarios, lo que se traduce en bajos índices de confianza de los inversionistas. Tal vez el único sector que se ve favorecido es el dedicado a la seguridad privada aunque no parece suficiente para impulsar el crecimiento económico.

En la esfera de la política, el debilitamiento de las instituciones del estado y su pérdida de legitimidad frente a la ciudadanía no parecen ser un mal menor, pues provocan la polarización de los actores políticos pero sobre todo por la pérdida paulatina del derecho a un trabajo bien remunerado, a recibir educación, salud, vivienda, etcétera. La desaparición de fuentes de trabajo por decreto o por quiebras amañadas son el pan de cada día y la protesta social es criminalizada en un contexto de violencia cotidiana.

La crisis sistémica de la economía mundial ha agudizado la violencia social que vive nuestro país pero nuestros gobernantes están más concentrados en seguir ofreciendo buenas condiciones para que las corporaciones internacionales sigan disfrutando de altos rendimientos. Militarizar el país parece ser la condición básica para que México continúe distinguiéndose por ser un paraíso para los inversionistas, aun a costa de la paz social y la calidad de vida de sus habitantes. No me cabe la menor duda de que muchos jóvenes mexicanos no están de acuerdo con la idea pero ¿qué piensan los que no tiene trabajo ni escuela ni futuro al respecto?

 

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* Rafael de la Garza es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM; Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Veracruz.