Marchan en CU contra la militarización

22 Febrero, 2011
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Manuel Cardoso
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Escrutinio No. 63

Muy cerca del punto de reunión está una exposición fotográfica sobre la Revolución Mexicana.  A unos cuantos metros se prepara otra revolución.  El monumento a Álvaro Obregón ubicado en el parque “La Bombilla” estaba expectante ante los acontecimientos de las cinco de la tarde del 17 de febrero.

Minutos antes de la hora acordada, jóvenes  de distintas universidades públicas comienzan a llegar.  Muchos de ellos deciden entrar a ver “la mano de Álvaro Obregón”. –Qué asco, comentaban algunos.  Aun así, se animaron.

También integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas  (SME) acudieron a la cita.  Poco a poco los contingentes se formaban y preparaban sus mantas donde expresarían su repudio a las políticas de Felipe Calderón.

Una camioneta equipada de altavoces  fungió como la organizadora de la marcha. En ella iban algunos integrantes de la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia del Estado (COMECOM), los cuales convocaron a la marcha por las redes sociales y la propaganda en las escuelas. Instrumentos tan útiles que lograron el derrocamiento de Hosni Mubarak en Egipto, y la caída de Ben Ali en Túnez.

Al grito de “Juárez no es cuartél, fuera ejército de él” la marcha dio inicio.  El destino era la plaza Javier Barros Sierra en Ciudad Universitaria.  A lo largo de la marcha  que avanzó por Insurgentes, los gritos y las pintas fueron  la forma de expresión.

“Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina”,  se oía decir a los estudiantes.  Algunas pintas fueron creativas y reflejaban el hartazgo de los marchistas. “Si no luchas hoy, mañana te matan”, decía una de ellas firmada por la A del anarquismo.  Ante esto, algunos automovilistas, a pesar de ser desviados, apoyaban las consignas con las bocinas de sus coches.  Otros levantaban el puño y se unían moralmente.  Y muchos más sólo se asomaban por las ventanas de sus oficinas.

La marcha llegó a Rectoría alrededor de las siete y media.  Un gran mapa de la República Mexicana dibujado se iluminaba con cientos de veladoras. Veladoras que habían salido de acopios y que los cientos de manifestantes traían de sus casas.

Se aglutinan demandas

Aunque la marcha era contra la militarización y la violencia del Estado, numerosas demandas confluyeron este jueves 17 de febrero.  Los diversos pronunciamientos de las distintas organizaciones que acudieron a la marcha, mostraban una realidad distinta a la que pinta el gobierno federal.

En los discursos, los oradores analizaban las problemáticas del país como una sola.  No existen  conflictos aislados. Todos son parte de lo mismo: la criminalización de los movimientos sociales que buscan mejoras en la sociedad, pues el gobierno no satisface las demandas.

Por ello, las distintas hojas volantes que pasan de mano en mano, firmadas por organizaciones sociales, informan sobre la represión a  profesores, muestran posicionamientos contra la supervía, una obra monumental del gobierno del Distrito Federal; entre muchas otras cosas.  Aquí algunos casos.

El frente Magisterial Independiente Nacional informó sobre la represión acaecida el 15 de febrero, cuando maestros de Oaxaca, pertenecientes a la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)  y principal sostén de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron agredidos. Los maestros habían convocado a una marcha en repudio a la presencia de Felipe Calderón en Oaxaca, el cuál se reunió con el gobernador del estado Gabino Cué.

Según la hoja volante, firmada el 15 de febrero de 2011, las fuerzas policíacas del gobierno del estado, “hicieron uso de armas de fuego hiriendo a un reportero de radio rama y a cuatro detenidos, el más grave  es el profesor Gabriel Melitón Santiago, secretario de prensa y Propaganda de su sindicato”, el cual se reporta grave.

Para dicha organización, la lucha contra el autoritarismo y la entrega de los recursos naturales a empresas extranjeras sigue, a pesar de que Ulises Ruiz se ha ido, la lucha es la misma.

¿Qué harías si impidieran que tu voz se escuchara?

También en la marcha contra la militarización se hizo presente la lucha por la libertad de expresión.  En el camino se recordó el caso de Carmen Aristegui con gritos como “Carmen a la cabina, Calderón a la cantina”, en clara referencia a la manta desplegada por diputados del Partido del Trabajo (PT), y motivo por el cual Aristegui fue retirada de su espacio radiofónico en MVS.

Sin embargo, existe otro caso en Xochistlahuaca Guerrero. El 27 de septiembre de 2010, el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede  en Ometepec, Costa Chica de Guerrero, emitió sentencia condenatoria contra Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, colaboradores  de Radio Ñomndaa.

Las acciones contra la radio comunitaria del pueblo Nanncue Ñomndaa, se remontan al año de 2008, cuando elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la policía ministerial, se presentaron en las instalaciones de la radio con la intención de desmantelarla por considerarla ilegal. Sin embargo, la comunidad amuzgo la defendió.

“La criminalización hacia la radio continuó cuando cuatro de los colaboradores de este proyecto fueron sometidos a un proceso penal amañado”.

Según el documento, los hechos que dieron pretexto a la denuncia son del año 2004, cuando en una Asamblea General de los ejidatarios de Xochistlahuaca, se solicitó a Narciso García dejar de vender terrenos de uso común del ejido. Como el señor García reaccionó con amenazas, las autoridades tradicionales lo tuvieron bajo custodia un día.

“A pesar de los acuerdos firmados, el Sr. García, acompañado de la cacique y actual diputada local Aceadeth Rocha denunció ante el Ministerio Público a Genaro, Silverio y David”.  La sentencia contra los colaboradores de la radio es de tres años y dos meses en la cárcel más el pago de una multa por mil 753 `pesos.

Aumentan el número de jóvenes asesinados

Una nota del diario La Jornadareporta que  en este sexenio el número de jóvenes vinculados supuestamente al crimen organizad ha ido en aumento.  En algunas estadísticas obtenidas de la Base de Datos de Homicidios Presuntamente Relacionados con la Delincuencia Organizada, se puede observar que el grupo de 16 a 20 años de edad, ha tenido un incremento, ya que pasó de 1.1 por ciento en 2007 a 7.1 por ciento en 2010.

Por ello, la Coordinador a Metropolitana Contra la Militarización (COMECOM) ha surgido “para hacer frente a la militarización del país, que tiene hoy cerca de 100 mil efectivos militares en la calles y una inmensa maquinaria policiaca y de inteligencia”.

Para esta organización, las acciones llevadas a cabo por el gobierno federal en su “guerra contra el narcotráfico”, son erróneas, pues el pueblo es el principal afectado por las constantes balaceras entre cárteles y militares.

“Es un hecho que estas medidas no terminan con la inseguridad y el accionar de los grupos delictivos, antes bien, son los trabajadores, las mujeres y la juventud los que pagan el costo de las mismas, bastan para ejemplificarlo, los asesinatos de trabajadores y trabajadoras  cuando vuelve a su hogar tras la jornada laboral, las familias enteras acribilladas por la desventura de cruzar por un retén militar, los asesinatos de luchadores sociales como Marisela Escobedo y Susana Chávez y el incremento de los feminicidios y la criminalización de la juventud”, dice un documento de la organización ContraCorriente.

Sin embargo, la Coordinadora acepta que la militarización del país no es un fenómeno actual.  En su página de internet, dicen: “El proceso de militarización que vivimos en México no es reciente, no inició en el último sexenio ni con la alternancia partidista en el gobierno federal. Sin embargo, identificamos una agudización de este fenómeno en los últimos años que resulta preocupante en extremo y que exige la reflexión y la organización de la sociedad”.

Para diversas organizaciones,  esta guerra contra el narcotráfico y la militarización son consecuencia de la agenda de seguridad de Estados Unidos, y un mecanismo de control social contra los movimientos sociales en contra de un Estado que no satisface las demandas sociales.

Por eso el posicionamiento oficial de la COMECOM: “¡La militarización no es la solución! / ¡Los tanques no aplastan la desigualdad y la injusticia! / ¡Las armas dirigidas contra el pueblo no liberan; lo someten, lo humillan, lo laceran! / ¡Queremos más escuelas, más libros; no más balas! / ¡Queremos hospitales, casas dignas; no más helicópteros volando cerca de nuestras cabezas! / ¡Queremos trabajos dignos, salarios justos; no más soldados entrenados para matar a quienes se les ordena! / ¡Ser joven no es ser delincuente! / ¡No a la criminalización de la protesta social! / ¡No más violencia de Estado contra las mujeres! / ¡No más violencia de Estado contra el pueblo! Nos pueden negar nuestro derecho a luchar y a resistir, pero jamás podrán evitar que los hombres dignos, las mujeres dignas busquemos siempre la justicia, la verdad, que no perdamos nunca la memoria ni el objetivo de luchar contra la impunidad”.

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