Escrutinio No. 63

Marco Leopoldo Arellano Toledo*
El 17 de julio del 2006, uno de los candidatos a la presidencia de la república pronunciaba un discurso desgarrador en torno al proceso electoral que días atrás se había vivido en México. Era Andrés Manuel López Obrador, político tabasqueño que contendió por la presidencia de la república bajo el sello partidista de una coalición de izquierda llamada Por el Bien de Todos. Durante dicho discurso, utilizando una oratoria consistente, con un zócalo capitalino a reventar[2] se refirió al candidato del PAN que en ese momento, según el recuento de boletas electorales por parte del Instituto Federal Electoral había logrado la ventaja de la contienda, Felipe Calderón Hinojosa. Y lo hacía de la siguiente manera:

“Le recomiendo que piense muy bien que la mancha de una elección fraudulenta no se borra ni con todas las aguas de los océanos. Le recuerdo que el país y su pueblo no merecen tener un presidente espurio, sin autoridad moral y política".          

El candidato de izquierda acusaba de forma directa que la elección había sido fraudulenta, que el resultado de esa elección tendría como  consecuencia un presidente sin autoridad política real que fuera respetada por todos los ciudadanos. Desde ese momento, estelar para algunos, trágico para otros, se colocaba en el debate público la legitimidad del presidente electo.

La legitimidad es un concepto central en la teoría del derecho, en la sociología política, pero sobre todo lo será en la filosofía política y posteriormente en la ciencia política. Desde diversas facetas podemos abordar el tema. La legitimidad es un principio intrínseco en la composición de los Estados nacionales, sin legitimidad no hay reconocimiento de poder, sin poder no hay ejercicio de gobierno. La legitimidad se adscribe al principio de dominación en el que se basan todas las relaciones de poder organizadas y estructuradas en las que descansa los propios Estados modernos.

El concepto de legitimidad puede ser enfocado al ejercicio de gobierno, pero en realidad su principio trascendental se contextualiza en el poder de dominación. La legitimidad debe ser entendida como la aceptación de ser gobernado, es decir, aceptar que alguien más ejerza la autoridad sobre uno. No resulta fácil adscribir el concepto, pues dicha aceptación no es tácita ni cedida mediante un papel o un contrato, sino más bien se adscribe a la subjetividad de los individuos y es respaldada por las  instituciones que conforman el Estado.

La legitimidad como tal la han estudiado los más diversos autores de todas las disciplinas sociales. El sociólogo alemán Max Weber la define como la “creencia en la validez de una determinado orden político vinculado al tipo de relaciones necesarias para garantizar la obediencia y hacer posible el ejercicio de dominación”[3] Para Lipset la legitimidad implica la capacidad de un sistema político para generar y mantener la convicción de que las instituciones políticas existentes son las más convenientes o apropiadas para la sociedad”[4] Anthony Giddens plantea que la idea de legitimidad “hace alusión a una aceptación de un líder por parte del conjunto social”[5], es decir, el reconocimiento de su autoridad o guía dentro de un grupo u organización determinada. La legitimidad significa que los que están sujetos a la autoridad del gobierno la aceptan. Bobbio va más allá, y afirma que la legitimidad  “es un atributo y un requisito del poder por lo cual se dice que un poder es legal actúa legalmente o tiene carácter de legal”[6]

Todas estas definiciones nos llevan a pensar que el concepto de legitimidad es subjetivo, la legitimidad no se come, pero sí puede sentirse, es una sustancia invisible que sostiene los armazones políticos. La legitimidad da solidez a las instituciones de gobierno, brinda un reconocimiento ciudadano al gobernante que le permite ejercer su autoridad política. Es importante decir que la legitimidad está directamente ligada a la legalidad y ambas se consagran en el ejercicio voluntario del sufragio. En regímenes democráticos, es por medio de los votos que los gobernantes se constituyen como tales, fundamentando legalmente su autoridad y por consiguiente su legitimidad. Un gobierno o un gobernante es legítimo porque es legal. La legalidad no es más que el reconocimiento normativo del ejercicio de la autoridad, si bien, como se ha dicho la legitimidad es un atributo subjetivo que conecta a la autoridad con los subordinados, por el contrario la legalidad es un principio que si se puede constatar, pues su carácter preceptivo permite identificarlo con claridad. Sé es legal cuando se observa y respeta lo que dictamina la ley.

Ubiquemos lo hasta ahora dicho en México del 2011. ¿Cómo interpretar el proceso político actual y en particular los comentarios que se escuchan a diario sobre la carencia de legitimidad del presidente Calderón?   Sí se parte de que son los votos el pilar fundamental de la legalidad y legitimidad, tenemos que remontarnos al proceso electoral de 2006. Se ha hablado mucho de éste, se le ha adjetivado como el más cerrado y competido en la historia de México, lo cual es cierto, de ahí se deriva el señalamiento de la carencia de legitimidad del presidente Calderón. Recapitulemos.

La jornada electoral del 2 de julio fue una jornada difícil, los resultados de exit polls no pudieron expresarse en los medios nacionales a partir de las 18 horas tiempo del centro, el resultado era tan cerrado que todas caían en el margen de error. Había claridad sobre las preferencias electorales: empate técnico, tal y como lo habían pronosticado las últimas encuestas  levantadas en junio. Ni Televisión Azteca ni Televisa, pudieron como en elecciones anteriores, de acuerdo a casas encuestadoras contratadas por ellos dar un ganador. A las 18:30 horas el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, en conferencia de prensa exhortó a todos los actores políticos y medios de comunicación a no dar a conocer resultados preliminares. La incertidumbre aumentaba conforme pasaron las horas. Luis Carlos Ugalde salió a emitir el resultado del conteo rápido del IFE a las 23:00 horas: había empate técnico, ni un punto porcentual de diferencia. El consejero presidente conminó a esperar al vaciado completo de las actas, pues  el IFE había quedado de dar a conocer el resultado sólo si había una ventaja de punto porcentual o más.

 

 

 

 

Una elección tan competida puso a prueba todas las mediciones electorales que tenemos, mostrando diferencias claras entre una exit poll, un conteo rápido o el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Nadie podía determinar quién había sido el  ganador.  Se puso a prueba también, el diseño de nuestro sistema electoral y las instituciones electorales garantes del sufragio efectivo, el régimen político y su ordenamiento legal.

El escenario de rispidez y confrontación poselectoral estaba iniciando. La diferencia tan escasa entre Felipe Calderón y Andrés Manuel Lopez Obrador marcaría el inicio de una larga disputa de casi dos meses para determinar la validez de la elección. Se esperaría a cómputo de las actas en todos los distritos electorales, esto terminaría, estimaban los expertos,  el jueves 6 de julio, sin embargo al ser la diferencia tan estrecha, con una cantidad importante de urnas anuladas por irregularidades, muchos diarios nacionales e internacionales lo anticipaban, el país se perfilaba a una batalla legal por el resultado de la elección[7].

El conteo de todas las actas se hizo en cada junta distrital desde el lunes 3 de julio, cualquier ciudadano pudo ver como se contabilizaban las actas electorales en todo el país, distrito por distrito, pues las principales televisoras mantuvieron unan cobertura muy amplia al respecto. Luego de que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Por el Bien de Todos, mantuviera por 20 horas la ventaja en el cómputo oficial de las votaciones de ese domingo de julio, el aspirante del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, logró remontar la desventaja y colocarse al frente, cuando aún faltaban por incluir varias plazas clave para la causa panista. Con 97.64% de las casillas, en el reporte de las 03:54 horas de la madrugada del  7 de julio, el abanderado del PAN acumuló 35.61% de los sufragios, contra 35.60% del perredista. Ello equivalía a una diferencia de tan sólo 2 mil 519 votos, cuando faltaban por computar aproximadamente 3 mil 388 casillas. El total de los votos acumulados era así: 14.533,823 para Calderón, contra 14.531,304 para López Obrador.

Así, al terminar el cómputo de actas en los 300 consejos distritales, el Instituto Federal Electoral  informó a través de Luis Carlos Ugalde, que el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa había obtenido el mayor número de sufragios en la elección presidencial. Tras el mensaje de Ugalde, Felipe Calderón emitió un mensaje en la sede nacional panista, en el que llamó a la conciliación de todos los mexicanos y convocó a sus adversarios, a los partidos políticos y a las fuerzas sociales del país, a discutir un proyecto común para México. Por su parte Andrés Manuel López Obrador declaró inmediatamente que impugnaría la elección[8]. Días después convocaría a defender el voto pues según él, se había cometido un fraude electoral[9]. El escenario se complicó aún más, pues el candidato por la Coalición por el Bien de Todos el 17 de julio del 2006  llamó a la “resistencia civil pacífica”  producto de la inconformidad de la elección[10]. El 31 de julio el propio Andrés Manuel López Obrador con jornadas previas de movilización convocó nuevamente  a todos sus simpatizantes a realizar una asamblea permanente que se postraría por la avenida Paseo de la Reforma, una de las más importantes de la Ciudad de México.

Así, ante la crispación post electoral, la confrontación de intelectuales, académicos, analistas, periodistas, sociedad civil en general en torno a la validez o fraudulencia de la elección, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ)  negó la revisión total de la elección (voto por voto), argumentando que no había evidencia suficiente entregada por la Coalición por el Bien de Todos para efectuar la misma.  Los magistrados del Tribunal Electoral determinaron realizar un recuento de sólo 11 mil 839 casillas de 149 distritos ubicados en 26 estados, solo el 9% del total de las casillas[11].

Después de casi veinticinco días revisión en donde se abrieron los paquetes electorales de las casillas sugeridas por el Tribunal, así como la resolución de los 375 juicios de inconformidad presentados por todos los partidos políticos, el 5 de septiembre del 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró presidente electo a Felipe Calderón[12]con 14, 916, 927 votos versus 14, 683, 096 para Andrés Manuel López Obrador.  

 

 

 

 

Una vez realizado el repaso de lo que sucedió en el plano electoral, estamos en condiciones de enmarcar esta discusión en un plano conclusivo provocando el bosquejo de vertientes de análisis que nos permitan comprender el problema de la legitimidad en la actualidad mexicana.

Lo primero que hay que destacar es el carácter tan cerrado de la contienda, la diferencia entre el ganador y el perdedor fueron alrededor de doscientos mil votos. Sin discutir si hubo fraude electoral o no (este escrito  no tiene dicha pretensión), es claro que la ventaja tan pírrica entre un candidato y otro exacerba la necesidad de no permitir ninguna irregularidad en la elección. Sin embargo, en este proceso hubo muchas irregularidades y las mismas precipitaron la desconfianza en el resultado, si bien algunas se pudieron comprobar, otras tantas quedaron ancladas en el imaginario colectivo como factores potenciales de suspicacia, lo cual abona directamente en la especulación.

Si partimos que la legitimidad es un atributo intangible, una construcción abstracta entre el gobernante y el ciudadano que funda el principio de obediencia, este puede desvanecerse rápidamente si en el imaginario político se desliza la idea de que el proceso tuvo insuficiencias de equidad. Este fue el caso del 2006, desde muy temprano se desataron los demonios[13] del fraude electoral que tanto habían golpeado a los procesos electorales en antiguo régimen autoritario en México. Este problema nunca fue resuelto al haber validado la elección por el propio Tribunal señalando que las irregularidades que habían existido eran reconocidas, pero no suficientes para causar la nulidad de la misma. El aire de desconfianza se había esparcido como fumarola volcánica.

El problema de legitimidad  luego entonces no se debe adscribir exclusivamente a la denuncia adelantada que hiciera el candidato Andrés Manuel López sobre las irregularidades de la elección, si bien éste fue un catalizador muy efectivo, las verdaderas causas de que este tema sea haya convertido en la “espada de Damocles” que pesa sobre este gobierno, fueron sin lugar a dudas lo cerrado de la elección y la propia validación de la elección por parte del Tribunal aun cuando el momento político exigía dar certeza absoluta que las irregularidades no habían sido factor de triunfo. Con la validación de la elección se fundó el carácter legal del presidente Calderón aun cuando hubiera entredicho de que el resultado le había favorecido.

Así, nos encontramos ante un presidente que es legal para ejercer sus funciones como tal, ya que las instituciones encargadas de garantizar dicha legalidad, el IFE y el Tribunal así lo sostuvieron, pero con grandes problemas de legitimidad. Dichos problemas descansan en que  parte del imaginario colectivo no comparte la creencia en la validez de la autoridad política para ser ejercida.  Esta creencia se debe a que el proceso electoral se cerró estrepitosamente y el margen de triunfo no brinda contundencia para superar que las irregularidades no hayan sido un factor de triunfo.

El proceso electoral de 2006, nos ha dejado un sin fin de enseñanzas, se reformó la ley electoral como resultado dela misma, sin embargo podemos sumar otra más: la desconfianza y el no reconocimiento a la autoridad se alimentan de la composición de mayorías frágiles que en márgenes tan cerrados de competencia con suspicacias de posibles anormalidades, no permiten generar consenso y respeto a la autoridad, por el contrario, abonan al desconocimiento o desafío de la misma. 

La legitimidad luego entonces, en 2011, sigue siendo un concepto más vivo que nunca y debemos reconocer en él su utilidad para comprender el momento actual, en donde la crispación, el desánimo colectivo y la desconfianza provocan una sensación dominante en la relación gobernantes-ciudadanos.