Escrutinio No. 62

¿A quién le importan los feminicidios? Ciertamente no a las autoridades del gobierno mexicano. Tampoco a los gobiernos locales. Es factible que incluso la ciudadanía se sienta ajena de este problema, particularmente, los varones e insólitamente otras mujeres.

Esta percepción procede de la muerte de 2015 mujeres entre 2007 y 2009, según documenta el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Esta cifra es alarmante si consideramos que sólo están incluidos 18 de 32 entidades de la República Mexicana.

La recopilación de estas cifras no fue fácil y en gran medida fue posible gracias al trabajo de Julia Monárrez, y es que no hay estadísticas oficiales por parte del gobierno, en ninguno de sus niveles, ni de las Procuraduría General de la República ni de las Procuradurías locales.

El término feminicidio, acuñado por la teórica feminista Diana Russel, fue colocado en la palestra nacional por la socióloga e investigadora del Colegio de la Frontera Norte, Julia Monárrez Fragoso, quien en 1998 comenzó a documentar los asesinatos de mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, caracterizados por la violencia sexual ejercida en contra de ellas, y también por la indolencia de las autoridades para esclarecer e impartir castigo a los responsables.

La misma Monárrez diseñó una metodología que le permitiera recabar datos útiles para explicar este fenómeno y llenar así el vacío oficial de estadísticas. Su método es tan eficiente que organizaciones dedicadas a la lucha contra el feminicidio como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Feminicidio.net la utilizan.

De las cifras que aporta el Observatorio, destaca en el deshonroso primer lugar el Estado de México con 556 feminicidios. Esta cifra es sumamente alta, en comparación con el segundo lugar en el recuento, Distrito Federal, con 236 asesinatos. Le siguen Sinaloa con 179, Jalisco con 164 yChihuahua con 157.

En la contabilización de muertes por cada 100 mil mujeres, Chihuahua se encuentra a la cabeza con 3.4 asesinatos. El Estado de México tiene un promedio de 2.4 crímenes. Este es uno de los argumento utilizados por autoridades mexiquenses para minimizar este tipo de crímenes.

La entidad que gobierna Peña Nieto

Ante estas estadísticas es innegable que la entidad gobernada por Enrique Peña Nieto afronta un grave problema, por ello la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó la emisión de la declaratoria de alerta de violencia de género. El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es la instancia encargada de determinar la pertinencia de emitir dicha alerta.

El Sistema se compone de representantes de 32 mecanismos estatales, así como las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Educación Pública y de Salud. Las representaciones de los estados, en su mayoría provenientes de gobiernos del PRI, conformaron una mayoría de 20 votos en contra de emitir la alerta. Sólo fueron 11 votos a favor y dos abstenciones. De esta forma, fue evidente el cobijo que se brindó a Peña Nieto para que este asunto no mermara la percepción de la ciudadanía y siga manteniendo sus puntajes altos en las encuestas sobre preferencia electoral que se publican.

En este sentido, funcionarios de varias dependencias del gobierno local e inclusive el propio gobernador se han afanado en pretender que el problema no es grave, al grado de soslayar la implementación de acciones que reviertan esta problemática.

El caso más vergonzoso lo protagonizó la licenciada Lorena Cruz Sánchez, Vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, quien aceptó que existía violencia contra las mujeres, "pero jurídicamente no había elementos para atender la petición". Con esta postura servil, contraria al servicio del bienestar de las mujeres mexiquenses, se dificultará aun más la impartición de justicia.

Chihuahua

Por otra parte, en Chihuahua han dado muerte a dos activistas en contra del feminicidio en menos de un mes, lapso en el cual no se ha esclarecido quiénes son lo responsables. Maricela Escobedo y Susana Chávez eran sus nombres. La primera comenzó su lucha en contra del sistema judicial de Chihuahua para castigar al asesino de su hija Rubí Marisol Frayre a manos de su pareja Sergio Barraza. La segunda, acuñó la frase que se convirtió  en la punta de lanza de las manifestaciones y campañas en repudio a los feminicidios: Ni una más. Hasta el momento no hay líneas de investigación concretas por parte de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua ni de la Procuraduría General de la República.

Fue precisamente en 2001 en un predio de Ciudad Juárez denominado como Campo Algodonero donde se encontraron ocho cuerpos de mujeres, victimas de feminicidio.

Por los asesinatos de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, la Corte Interamericanade Derechos Humanos condenó en 2009 al Estado mexicano por violar los derechos humanos de las víctimas mencionadas, dos de ellas Esmeralda y Laura Berenice, menores de edad.

La resolución también condenó la violencia estatal ejercida en contra de los familiares de las occisas, quienes exigían justicia. Hasta el día de hoy el gobierno mexicano no ha cumplido la sentencia dictada.

La ley

Es importante señalar también las deficiencias jurídicas que permiten mantener la impunidad en este tipo de crímenes. El feminicidio no esta tipificado en Código Penal alguno en la República Mexicana y actualmente existe un debate entre los círculos feministas sobre la conveniencia de adecuar las leyes para castigar este tipo de homicidios. Quienes argumentan a favor lo hacen a partir del principio que indica que lo que no se menciona no existe en el imaginario colectivo. Quienes lo hacen en contra dudan de la eficacia de esta medida para reducir el número de feminicidios, pues este tipo de reglamentaciones han fracasado en otros países.

Hasta el momento sólo existe La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, puesta en vigor el 1 de febrero de 2007. En ella se incluye en el artículo 21 el concepto “violencia feminicida” que designa “la forma extrema de violencia de genero contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos publico y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.

El artículo 22 de esta reglamentación denomina, y sienta las bases y los criterios, así como las autoridades encargadas de emitir la alerta de violencia de género. Sin embargo, como ocurrió en el Estado de México, esta ley se convirtió en letra muerta.

Esta es sólo una muestra del feminicidio, la forma más extrema de violencia contra las mujeres, pero todos los días son violentadas de diversas formas debido al panorama institucional que prevalece en México, carente de garantías a la integridad de las féminas. No obstante, también es necesario revisar las condiciones sociales que permiten que los hombres maten a las mujeres con impunidad.