Escrutinio No. 62

 

El 30 de enero se cumplió una fecha más en la agenda electoral: Guerrero celebró la elección de su nuevo Gobernador.

En la boleta aparecieron tres nombres pero únicamente dos se presentaron a los comicios. El tercero, Marcos Parra del Partido Acción Nacional (PAN), declinó unos días antes a favor de Ángel Aguirre Rivero, candidato de la Coalición “Guerrero Nos Une” compuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y el Partido del Trabajo –integradas como fuerzas unidas de izquierda bajo la denominación “Diálogo por la Reconstrucción de México” (DIA).

La declinación de Parra Gómez reavivó el debate en torno a la posibilidad, ya experimentada, de forjar alianzas entre el PRD y PAN con el doble objetivo de frenar el avance del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ruta hacia las elecciones presidenciales del próximo año por un lado y, por el otro, acabar con los liderazgos caciquiles octogenarios en diferentes estados de la República.

Desde el comienzo de la polémica, se ha argumentado a favor que es un ejercicio que fortalece la democracia; en su contra, que es antidemocrático aliar intereses no solo distintos sino opuestos, como son los casos del PRD y el resto de los partidos de oposición, y del PAN. En el discurso se apela a la necesidad de evitar el retorno del PRI a la Presidencia, a la luz de la dolorosa experiencia que supuso la corrupción de sus gobiernos. (Sin embargo, parecen olvidar que en el último intento por detener el avance priísta México terminó sumido en lo que hoy tenemos por realidad nacional).

Independientemente del debate ideológico, las alianzas se han abierto camino en nuestra realidad política. Entre los casos más destacados se encuentran, por su éxito electoral, Oaxaca, Puebla y el que más recientemente ocupa nuestra atención, Guerrero. Además sigue abierta la discusión sobre la estrategia de cara a las elecciones del 3 de julio en el Estado de México y, por qué no, con miras a la sucesión presidencial.

Ante los hechos, cabe preguntarse sobre la verdadera naturaleza de tales alianzas. Puede defenderse el argumento a favor de detener al PRI a como de lugar y fortalecer así la vida democrática (sic) nacional. Pero con seguridad su importancia radica en el hecho de aglutinar el mayor número posible de intereses en torno a una causa común. Pero en el caso mexicano, ¿podemos hablar de causas comunes? Difícilmente podríamos contestar afirmativamente.

Debemos recordar que en sentido clásico, Estado (o Constitución) se refiere a la articulación política de todas las partes que componen a la sociedad [Marcos, 1997: 137]. En ese sentido no habría de extrañar que los partidos políticos, cuya función es en sentido estricto representar a las partes que integran la sociedad, se articulen para defender un proyecto de gobierno de interés colectivo.

Sin embargo, con las elecciones de 2006 se sentó, nuevamente, un precedente importante. Dejaron ver hasta dónde son capaces de llegar los beneficiaros del régimen con tal de no perder los privilegios adquiridos, muchas veces, al margen de la ley y de cualquier consideración ético-política. Es por eso que en las actuales circunstancias una coalición que aglutine a las fuerzas de oposición y al partido en el poder se antoja antinatura.

Retomando el caso guerrerense, la declinación de Marcos Parra, a favor del candidato de izquierda, no debió suponer más que una cortesía política. Empero, como se puede constatar, se suscribió un compromiso entre ambos candidatos por el cual Aguirre Rivero incorporará algunas propuestas del programa de gobierno del panista al propio [Parra, 25/01/11].

Este hecho puede despertar genuinas sospechas del rumbo que tomará el nuevo gobierno que entra en funciones en abril próximo. Pero el virtual Gobernador electo tiene ante sí la posibilidad de legitimizar el pacto mediante la incorporación de los lineamientos programáticos que representen una verdadera aportación al proyecto originario sin comprometer los principios políticos partidistas.

De acuerdo con la exposición realizada por el propio Parra durante el debate que se realizó entre los tres candidatos, su programa de gobierno contemplaba la adición a la legislación electoral de las figuras de revocación de mandato, referéndum y plebiscito, como una medida para fortalecer la vida democrática de la entidad.

Con la incorporación de tales principios al orden constitucional guerrerense, el nuevo Gobernador puede demostrar el grado de “compromiso de cambio” asumido para atender las diferentes necesidades del estado [La Jornada, 30/01/11], así como fortalecer, aquí sí, la vida democrática al someter las grandes decisiones a la voluntad popular.

Sin los resultados oficiales de las elecciones disponibles es difícil adelantar cualquier conclusión con respecto al futuro que le espera al pueblo guerrerense. No obstante, de confirmarse los resultados preliminares (PRD-Conv-PT: 55.92%; PRI-PVEM-Panal: 42.74%), los primeros indicios vendrán con el anuncio de la integración del gabinete que acompañará a Aguirre Rivero a lo largo de su administración; la distribución de los despachos reflejará el interés que privará en las tareas cotidianas de gobierno.

Esta asignación, sin duda se hará en función de cuotas entre los distintos partidos que integraron la Coalición. Por lo que la incorporación de los cuadros panistas arrojarán señales del alcance de los compromisos pactados. Hay que advertir, además, que la burda asignación de puestos no es la única moneda corriente.

Guerrero, por sus características específicas, ha sido terreno fértil para el surgimiento de movimientos insurgentes pero también para las actividades del narcotráfico.

En este estado la actividad revolucionaria se mantiene vigente desde los años setenta, con los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, hasta hoy en día, luego de que el Ejercito Popular Revolucionario se constituyera en 1994 [Cedema.org, 2006]. Desde entonces, el Estado mexicano ha empleado (no sólo en Guerrero) a las Fuerzas Armadas (FFAA), oficial o extraoficialmente, para combatir a los insurgentes.

Actualmente, en plena guerra contra el narcotráfico, tanto el Ejército [Proceso, 18/01/10] como la Marina deben estar implicadas en más de un caso de violación a los Derechos Humanos (DDHH), tal como ocurre en el norte del país; uno de los frentes abiertos por Calderón para combatir al crimen organizado [La Jornada, 16/01/1].

Además de cumplir con su deber (sic) es posible que las FFAA también estén cumpliendo con su otro deber, llevando a cabo labores de contrainsurgencia cometiendo severos abusos, como hostigamiento,  persecución y desaparición de opositores políticos. Siendo Guerrero una entidad que vive ambas realidades, las condiciones de atraso social y problemas políticos detrás de los movimientos insurgentes, y la presencia del crimen organizado con las nocivas consecuencias sociales que acarrea, no tendría porque escapar a la lógica descrita.

La responsabilidad de tales acciones recaen en distintos niveles y eslabones del andamiaje institucional, pero sin duda la élite local debe estar implicada de alguna manera en la comisión (u omisión según sea el caso) de tales faltas. Es por eso que la declinación de Marcos Parra a favor de “Guerrero Nos Une” no necesariamente significa una búsqueda desesperada por ocupar puestos de poder. Es decir, puede ser una manera de garantizar que los crímenes cometidos, en esa u otra materia, queden impunes en aras de proteger, al margen de la ley, a los responsables del deterioro democrático de la entidad y del país.

Si resulta importante la atención que el nuevo gobierno preste a temas sociales y económicos, también lo son la seriedad con la que se maneje el respeto a los DDHH y el grado en que se garantice la impartición de justicia conforme a derecho.

Por eso, en el caso de Guerrero (y en el del resto de las experiencias aliancistas que han encontrado un primer éxito en las urnas), habrá que prestar interés a sus actos de gobierno, pues sus resultados juzgarán la funcionalidad de crear coaliciones entre fuerzas políticas opuestas.

Si las nuevas administraciones tienden a desvirtuar, con el ejercicio del poder, su misión y objetivos, y con ello a reproducir el status quo, entonces estaremos presenciando un acto más de poder nudo. Si por el contrario contribuyen a mejorar las condiciones de vida de todas las partes de la sociedad (incluso de aquellas que pretenden usufructuar el poder en beneficio propio exclusivamente) entonces estaremos hablando de la consumación de un proyecto verdaderamente político.

Aún es temprano para adelantar conclusiones, pero no podemos desentendernos de la necesidad de comprender las dinámicas que mueven la vida política de nuestro país. La conformación de alianzas y su materialización en experiencias de gobierno son una realidad, a pesar de que podamos oponernos a ellas, y en virtud de ello debemos seguir su trayectoria para asegurarnos de que el poder político se ejerza para todos y no para unos cuantos que buscan conservarlo por todos los medios posibles.

No olvidemos que en Política la forma es fondo, ni que Ángel Aguirre Rivero hasta hace algunos meses era miembro del PRI, partido al que renunció tras 30 años de militancia para abanderar a la coalición de partidos de izquierda [Milenio, 26/08/10]. Tampoco que en la conferencia de prensa en que anunció la declinación del PAN a su favor, al comenzar su pronunciamiento celebró en primer lugar la presencia del presidente del Comité Ejecutivo Nacional de dicho organismo político, el Senador Gustavo Madero, y en segundo término a la estructura partidista que impulsó su candidatura con el compromiso de impulsar el proyecto político que dice defender [El Regional de la Costa, 25/01/11].