Escrutinio No. 60

El dos de julio de 2000 ocurrió, desde la perspectiva de los prejuicios democráticos vigentes, lo impensable pero ansiadamente deseado. Después de 70años de gobiernos emanados de un mismo organismo político (PNR-PRM-PRI), la máxima magistratura fue ocupada por un partido político distinto. Aquel dos de julio el Partido Acción Nacional (PAN), abanderado por el empresario y político (sic) guanajuatense Vicente Fox, se hizo con la Presidencia de la República con la esperanza de poner en marcha un proyecto político que promoviera el cambio que el país reclamaba (y continúa reclamando).

Las últimas dos administraciones priístas (aunque la responsabilidad histórica se remonta varias décadas atrás), tributarias de un proyecto que, para decirlo sin eufemismos, consiste en “hacer de la vida pública un negocio” [Marcos G., 1986: 11], dejaron al país en una situación crítica. Entre 1988 y 2000, la estabilidad política, social y económica se comprometió a tal grado que las evidencias no dejaron esperar y se hicieron manifiestas en distintos momentos. Como muestra dos ejemplos: el primer día del último año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), momento en el que México se disponía a unirse al exclusivo club de los países “desarrollados”, estalló un movimiento indígena autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “declarándole la guerra al gobierno federal y demandando, además de soluciones económicas y sociales, libertad, justicia, democracia y, sobre todo, respeto a su dignidad como seres humanos” [Rodríguez A., 2002: 9].

Así, aquel inicio de año sería solamente el preludio de todo lo que acontecería entonces, cuyo broche de oro consistió, en ese momento, en el ahora llamado “viernes negro”: el inicio de una de las crisis económicas más sentidas por las que ha atravesado nuestra economía a sólo unos días de haberse estrenado la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000). Debemos recordar que aquella crisis (como la del año pasado) fue resultado de la puesta en marcha de un proyecto económico antes que político fundado en artilugios financieros que expusieron la vulnerabilidad del sistema económico vigente, y que ha dejado tras de sí una estela de desigualdad e injusticia sociales sin precedentes.

Por estas razones, aunque  definitivamente no las únicas, las elecciones federales del año 2000 se presentaban como la oportunidad única e irrepetible para imprimirle a los asuntos públicos nacionales un cambio de dirección. Hubo quienes incluso llamaron, ingenuamente, al “voto útil” con la esperanza (desesperada) de tener a quien fuera menos al Partido Revolucionario Institucional como habitante en turno de Los Pinos, como primer paso en el largo y tortuoso recorrido en que se ha convertido su experimento utilitarista.

Sin embargo, el cambio no llegó…

En todos los espacios de opinión pública y discusión académica se celebraba la “transición democrática”. El nuevo Presidente no dejaba de pregonar que su gobierno, el del “Cambio” (de acuerdo con la propia propagando oficial), se avocaría a resolver los grandes problemas nacionales (recuérdese que incluso ofreció resolver el conflicto armado chiapaneco en tan sólo 15 minutos). Pero como buen parlanchín, sus palabras pronto cayeron en un saco sin fondo. Sus promesas de cambio pronto se vieron opacadas por su ineptitud como administrador en todos los ámbitos de gobierno y por los reiterados escándalos de corrupción en los que se vio envuelto (desde el lúdico toallasgate hasta las serias acusaciones de enriquecimiento ilícito de las que fueron parte él y su familia extendida).

Tampoco se pueden dejar de mencionar las desavenencias diplomáticas ocurridas con tal de satisfacer los caprichos de sus padres ideológicos – recordemos también que fue empleado de la Coca–Cola– y jefes políticos de facto al otro lado de la frontera norte, que terminaron con relaciones diplomáticas históricas entre naciones hermanas, quebrantando, de paso, la destacable tradición mexicana en materia de política exterior. Con la excepción, hay que reconocerlo, de su negativa a formar parte de las fuerzas coaligadas bajo el mando estadounidense para intervenir militarmente Irak.

En el terreno político, en la mejor tradición de la vieja máxima gatopardista del “cambiar para no cambiar”, el expresidente Fox echó andar la maquinaria institucional con miras a intervenir (in)directamente en la sucesión presidencial de 2006, lo que derivó en uno de los conflictos postelectorales más graves de nuestra historia reciente y en la imposición de Felipe Calderón como su sucesor (aunque éste no fuera de su agrado).

El nuevo gobierno, sumido en una crisis de legitimidad (tal y como ocurriera en su momento con Carlos Salinas), decidió emprender como estrategia legitimadora el combate frontal al crimen organizado, principalmente en su vertiente del tráfico de narcóticos ilegales. Esta estrategia ha recorrido a lo largo de este sexenio un camino poco menos que ruinoso. Claudia Herrera en su nota publicada el 30 de noviembre pasado en La Jornada, intitulada “Felipe Calderón en la Presidencia: fracasos y guerra que no convence”, expone de manera clara y breve los resultados alcanzados:

Más de 300 mil millones de pesos invertidos en policías, militares y equipo, nueve mesas de diálogo sobre seguridad, una docena de líderes de cárteles capturados o asesinados, una reforma judicial en marcha y la violencia no se detiene: 30 mil muertos en los dos tercios del sexenio. [cit. pos. Rodríguez A. en La Jornada, 02/12/2010]

Más de 300 mil millones de pesos que han servido para absolutamente nada. Los niveles de violencia se ha incrementado y su estela se ha extendido, incluso, a la llamada clase política, donde ha cobrado la vida de alcaldes principalmente, pero también de gobernadores electos y exgobernadores. Empero tan grave (sino es que más) como las muertes estelares son las muertes de gente inocente que incluso entran al conteo del ejecutómetro no como cifras individuales sino en grupo, cuando nos enteramos de grupos de jóvenes que han sido brutalmente masacrados o que familias enteras han sido asesinadas en venganza por la muerte de algún narco abatido por la Marina; todas ellas etiquetadas y archivadas bajo el rótulo de "daños colaterales". Amén de los abusos cometidos por las mismas Fuerzas Armadas, que se han traducido en innumerables denuncias de atropello a los derechos humanos y francos atentados contra la vida de civiles en retenes militares anticonstitucionalmente establecidos, y cuya presencia en las calles está garantizada, por lo menos, hasta último día del sexenio calderonista.

El anterior representa el rostro más visible de la actual administración. Sin embargo, los resultados de su mal gobierno, se extienden a todos los ámbitos de la vida nacional. En términos sociales, los desalentadores resultados en materia económica (crecimiento promedio anual de 1.5% aproximadamente) se han traducido en un incremento descomunal de la pobreza puesto que el 42% del ingreso per cápita anual de los mexicanos se concentra en tan sólo 10%de la población [Linares Z., en La Jornada, 01/12/2010].

En materia laboral, aún cuando el mismo Calderón se asumió como el “Candidato del empleo”, su administración se ha caracterizado por la falta de fuentes de empleo dignas y por las más necias intenciones por “flexibilizar” las relaciones obrero-patronales en franca oposición a los intereses de la clase trabajadora, haciendo caso omiso de los derechos laborales consagrados en el Artículo 123 de nuestra Constitución Política (uno de los dos ejes verdaderamente democráticos que nos legó la Revolución Mexicana). Además de haber sentado un precedente peligrosísimo al desaparecer de “un plumazo” a Luz y Fuerza del Centro, dejando sin trabajo a un sindicato entero de electricistas y dejando entrever que sus verdaderas intenciones están ligadas a intereses económicos ajenos al interés nacional.

En suma, no existe evidencia alguna que demuestre que los gobiernos panistas, al igual que sus antecesores, hayan ejercido el poder en beneficio de las mayorías. Al contrario, desde 1946 cuando se puso en marcha el proyecto político vigente –cuyas características principales han sido su marcado rasgo No-nacional (en beneficio del extranjero) y que ha hecho de México un negocio en contra de los intereses y el patrimonio de la Nación– [Marcos G., op. cit.: 14,15], pero sobre todo a partir de 1982 cuando se acentuó, quienes secundan este modelo se han dedicado a profundizarlo, radicalizando sus instituciones y reglas de operación, así como sus consecuencias políticas, sociales y económicas (cabe anotar que en la historia de nuestro país la expresión más cruda de este proyecto es, hay que decirlo sin temor, la dictadura de Porfirio Díaz [Ibídem]).

Lo que se hizo pasar por “transición democrática” no fue más que una salvaguarda constitucional: el triunfo de Vicente Fox no representaba en ningún sentido un cambio de ruta, sino una modificación en los esquemas del régimen que le permitiese sobrevivir en un momento en el que la sociedad reclamaba un cambio real. Y como tal operó. Los demandas de cambio fueron paliadas con el cambio de partido político en el poder, pero los intereses del régimen continuaron intactos en sus fundamentos.

Este 2010 además de servir para gastar toneladas de dinero en una “celebración” ad hoc a los intereses oficiales, debe servir, en este su ya ocaso, para reflexionar sobre lo que han significado para nuestro país los diez años de gobierno del Partido Acción Nacional. Sobre todo a la luz de aquello que no quisieron abordar en su discurso bicentenario: la Revolución Mexicana. Cuyo resultado, en esencia, representa la única experiencia verdaderamente republicana que ha conocido México pero que terminó por corromperse para dar paso al proyecto apolítico que ahora padecemos y de cual aún restan dos años (en el mejor de los casos).