Escrutinio No. 58

Julio César Godoy Toscano ha saltado al escenario nacional acusado de tener nexos presuntamente con el narcotráfico por lo que ha sido investigado e incluso perseguido por la Procuraduría General de la República.

Godoy Toscano era desde hace poco más de una década empresario del ramo gasolinero y de las casas de préstamos en su natal Michoacán; a partir del año 2000 que su medio hermano, Leonel Godoy Rangel empezó a figurar en el plano político nacional de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas y después de Andrés Manuel López Obrador, Julio Cesar comenzó su prolija carrera política.

Fue justamente en el 2002 cuando formó parte del Cabildo de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como Sindico, cargo que dejaría en el año 2004, después de que el presidente municipal en funciones renunciara acusado de corrupción.

En el 2007, participó en la campaña para gobernador de Leonel Godoy Rangel, labor que le fue recompensada con una diputación federal por el estado de Michoacán en el 2009.

La carrera política de Godoy Toscano comenzó a complicarse cuando se dio a conocer que era investigado por la Procuraduría General de la República por tener supuestamente vínculos con el “Cártel de la Familia Michoacana” y con una de sus cabezas, Servando Gómez alias “la tuta”.

Dicha investigación impidió que Godoy Toscano tomara protesta como diputado federal hace ya más de un año el 1 de septiembre de 2009, ya que la propia dependencia investigadora anunció una orden de aprehensión girada en contra del llamado “hermano incómodo”.

Después de diez meses de permanecer prófugo de la justicia federal y con la protección de amparos y argucias legales provenientes de tribunales del estado de Michoacán, Julio César Godoy Toscano reapareció en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

A la sombra de negociaciones y acuerdos entre las bancadas del PRD y del PAN, burlando un dispositivo de seguridad de 150 agentes y con la complicidad de la bancada del PRD, el diputado electo acudió al Pleno de la Cámara para tomar protesta el pasado 23 de septiembre, con lo que adquirió el fuero constitucional que ha evitado que hasta el día de hoy sea arrestado.

Las teorías alrededor de las negociaciones que permitieron que el único diputado que no tomó protesta el 1 de septiembre de 2009, finalmente lo hiciera, han sido diversas y han incluido a distintos personajes.

 Las fricciones al interior del PRD y con otros actores políticos como el Gobernador Leonel Godoy, Jesús Ortega e incluso César Nava, no se hicieron esperar. En su mayoría condenaban las sospechas y los posibles vínculos del entonces diputado electo con la delincuencia organizada y exigían un proceso de investigación justo y expedito. Resulta curioso que tiempo después esos mismos actores desde sus respectivos escenarios acordaran la concesión del fuero a Godoy Toscano.

Un drama paralelo se ha vivido en el PRD, que primero respaldó a Godoy, después anunció la separación del personaje del partido político y ahora le ha brindado su total apoyo, incluso nombrando a dos diputados federales como voceros del aún hoy indiciado, quien dice a cada micrófono que se le atraviesa que es inocente y un instrumento para desprestigiar al PRD.

Después de este breve recuento quedan un par de dudas en el aire: la primera, cómo un servidor público de la jerarquía de un presidente municipal puede tener siquiera sospechas de estar vinculado con una de las organizaciones criminales más peligrosas del país; segunda, cómo un personaje con tales características puede permanecer prófugo de la justicia federal, a pesar de las instituciones de inteligencia nacional que permitieron obtener sus conversaciones telefónicas con “la tuta”. Tercera, cuál fue la moneda de cambio por la que se permitió obtener el fuero constitucional a Godoy Toscano, principalmente de manos de la bancada del PAN. Cuarta, cómo burló una sola persona un operativo de seguridad para aprehenderlo de más de 150 elementos de seguridad que convirtieron San Lázaro en un bunker, traspasable al fin y al cabo.

Son dudas que se responderán una a una con el paso del tiempo, lo que no se debe perder de vista es que bajo ninguna circunstancia se debe permitir que las redes del crimen organizado penetren a las instituciones del Estado mexicano, no debe haber lugar a la mínima sospecha, las instituciones y más aún aquella que representa a la población, debe permanecer inmune a las redes de la delincuencia organizada.