Escrutinio No. 52

Escrutinio No. 52

El histórico fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuelto el pasado miércoles 30 de junio, no sólo dejó en libertad a los 12 presos políticos de la organización Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que pasaron más de 4 años en prisión injustamente, la resolución de la corte también reiteró el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos para exigir sus derechos y para protestar; así como su derecho –y nuestro derecho- a la presunción de inocencia y al debido proceso.

¡Libres! - Foto: La Jornada 1º de julio, 2010

A pesar de lo anterior, y de forma contradictoria, el fallo de la Corte es insuficiente debido a la impunidad en la que se mantiene el gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, quien reprimió, encarceló y persiguió al movimiento de protesta organizado por los pobladores organizados de San Salvador Atenco, así como a miembros de otras organizaciones políticas, sociales y estudiantiles presentes los días 3 y 4 de mayo en el poblado durante la represión.

El doctor John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que el fallo “definirá el futuro político del país. La decisión de los ministros será incluso más trascendental que los resultados de las 14 elecciones estatales que se celebran el próximo 4 de julio”, y definirán preguntas como “¿A quién protege la justicia mexicana? ¿A los ricos y poderosos o a quienes sufren la injusticia de la pobreza y la marginación cotidianas?

La Corte ordenó liberar a los líderes del FPDT presos desde mayo de 2006, tras considerar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) construyó las averiguaciones basada en "premisas falsas y endebles", además de utilizar "pruebas ilícitas" para imputar el delito de secuestro equiparado.

La votación en la primera sala de la Corte fue de 4 a 1 a favor de dar el amparo “liso y llano”, aunque uno de los 4, el ministro José Ramón Cossío, aclaró que él votaba en favor del amparo, “pero se pronunciaba porque la sala cambiara la tipificación del delito de secuestro equiparado por el de privación ilegal de la libertad, que se dictara sentencia acusatoria y se tomaran en cuenta los cuatro años, un mes y 26 días que llevaban en prisión para que compurgaran su pena y quedaran libres” .

Por su parte, los ministros Juan N. Silva Meza, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero se opusieron a Cossío argumentando que las pruebas acusatorias de la PGJEM fueron "insuficientes e ilícitas". Silva, Zaldívar y Sánchez plantearon que el sería congruente con preceptos decididos durante las discusiones del caso Acteal y el de las mujeres indígenas Alberta y Teresa, acusadas de "secuestrar" a seis agentes federales en Querétaro.

Al final, el único voto en contra del amparo fue el del presidente de la primera sala, José de Jesús Gudiño Pelayo, quien consideró la PGJEM sí acreditó la acusación de secuestro equiparado cuando pobladores de Atenco “retuvieron” a los funcionarios en febrero  y mayo del 2006

Con este fallo, se echó abajo la sentencia de 112 años de prisión contra el líder del FPDT, Ignacio del Valle, y la pena de 67 años contra Felipe Medina y Héctor Galindo, respectivamente, por el delito de secuestro equiparado.

Los otros nueve acusados, recluidos en el penal de Molino de Flores, recibieron el amparo por votación unánime, sus nombres son: Óscar Hernández Pacheco, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Julio César Espinosa Ramos, Juan Carlos Estrada Cruces, Édgar Eduardo Morales Reyes, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández y Alejandro Pilón Zacate

Sin discusión, los ministros descalificaron las acusaciones contra estos nueve activistas –sentenciados a 31 años de prisión– por la "retención" de funcionarios y policías los días 8 de febrero, 6 de abril, y 3 y 4 de mayo de 2006, debido a que el MP usó fotografías para que los “testigos” reconocieran a sus agresores y porque la investigación se basó en "la simple circunstancia de que los quejosos se encontraban en el lugar de los hechos donde fueron detenidos, con el argumento de que nada tenían que hacer ahí".

Al defender la postura de la mayoría, Silva Meza aseveró que "la ilegalidad de la sentencia reclamada" se exhibe porque la PGJEM quiso demostrar la culpabilidad de los quejosos, debido a que pertenecen a una organización social, -el FPDT-, "partiendo de una ideología totalitaria, donde el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y reunión generan la falsa presunción de peligrosidad”, y agregó que la autoridad local hizo un intento de criminalizar la protesta, poniendo en entredicho "la forma en la que el Estado trata la libertad personal, la integridad, libertad de asociación y expresión de los líderes sociales sentenciados".

Esta decisión de la Corte, puso un énfasis especial en el respeto a las libertades como un fundamento básico de un Estado democrático, de ahí la importancia del amparo, que pone un precedente para el futuro. Ésta es la primera vez que la SCJN entra en discusión sobre la protesta social y sus límites, con lo que hacia el futuro se garantiza estas libertades amenazadas por el gobierno del Estado de México, que controla a la PGJEM.

Silva Meza dejó en claro el punto al subrayar que si bien el "retener personas" vulnera el derecho a la libertad e integridad y constituye un "desafío y desconocimiento" de la autoridad del Estado, lo cierto es que también queda en evidencia "la desmesura y desproporción de la reacción del poder del Estado".

 

Atenco, 9 años de lucha

 

Como decíamos anteriormente, si bien el fallo de la Suprema Corte deja en libertad a los 12 presos políticos y pone el precedente que garantiza la protesta social en México, deja sin justicia a las personas que vieron violentados sus derechos los días 3 y 4 de mayo en la población de San Salvador Atenco.

La explicación del origen de este conflicto no tiene origen en 2006, sino que va más allá al primer año de la gestión del presidente Vicente Fox, quien a pesar de sus promesas de cambio político, utilizó las instituciones de la forma en la que el priismo lo hizo: sin un interés de beneficio social y buscando el beneficio empresarial. Esta afirmación se sustenta en el famoso caso del aeropuerto, que inauguró la protesta durante el foxismo.

El 22 de octubre del 2001, por medio de un decreto, Vicente Fox buscaba expropiar las tierras de los habitantes de Atenco para construir una nueva terminal aeroportuaria que paliara la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cosa que se presentaba como urgente ante la opinión pública y que hasta hoy no ha sido resuelta de forma integral.

Con la expropiación, se buscaba pagar a los habitantes la ofensiva y provocadora cantidad de 7 pesos por metro cuadrado, cantidad que no pagaba el valor de la tierra en el uso de cultivo que le daban los pobladores, ya no digamos la cantidad que alcanzaría si el uso de la tierra cambiaba al tipo comercial, ya que el desarrollo en la zona multiplicaría el valor de la tierra muchas veces.

La revelación del caso fue, por un lado, que el “gobierno del cambio” actuaba exactamente igual que los anteriores y por otro lado que los afectados no iban a permitir el despojo. Como consecuencia, vivimos en el centro de la ciudad marchas de personajes a caballo y portando simbólicos machetes, más como el instrumento de trabajo que representan para ellos, que como una forma agresiva de lucha.

Con el tiempo, el gobierno federal reconoció su aparatosa derrota, confirmada el 1º de agosto del 2002, cuando anula el decreto expropiatorio de Atenco. Con la victoria, la población aprende que la organización rinde frutos y continúan su labor. En torno al FPDT se forman proyectos productivos y se hace política.

Con el tiempo, esta forma autogestiva y autónoma de organizarse los acerca a experiencias similares como el EZLN y más tarde, la APPO. Es justo en enero de 2006, cuando el EZLN convoca a la Otra Campaña, un proyecto político paralelo al proceso electoral que buscaba coincidencias con el hartazgo hacia los partidos políticos-electorales y sus políticas económicas y sociales.

 

3 y 4 de mayo del 2006

 

La adhesión del FPDT a la Otra Campaña no es cosa menor, pues los días de la represión, 3 y 4 de mayo del 2006, así como los días previos y posteriores, el FPDT había participado en movilizaciones con el Subcomandante Marcos, quien por esa época se ostentaba como el Delegado Zero y estaba al frente de esa otra campaña no electoral.

El Subcomandante Marcos e Ignacio del Valle - Foto: c.photoshelter.com

Precisamente, aquel 3 de mayo, en un mitin en Tlatelolco en el que Marcos recordaba la represión en aquella misma plaza, un 2 de octubre, 38 años antes, las organizaciones no partidistas de izquierda se enteraron del enfrentamiento con palos, bombas molotov, toletes y balas de goma que tenía lugar en San Salvador Atenco en ese mismo momento.

Marcos tomó la decisión de no acudir a Atenco, pero muchos de los y las estudiantes y ciudadanos que habían participado y creído en la Otra Campaña en los días previos emprendieron el viaje inmediato a Atenco. No sabían lo que les esperaba la noche.

Es necesaria para el contexto la precisión de que la Otra Campaña había realizado reuniones en las universidades públicas de toda la zona metropolitana, pasaron por campus de la UAM, la UNAM, el IPN, Chapingo, etc. Muchos jóvenes se inspiraron en las reuniones y estaban dispuestos a colaborar y manifestarse pacíficamente, pero decenas de ellos acabaron golpeados y arrestados esa noche y en el transcurso del día siguiente.

En Atenco la historia era diferente, el conflicto había escalado y a todas luces parecía una revancha por el fallido aeropuerto foxista y un castigo a la protesta y a la rebeldía. La entonces PFP (hoy PF) provocó una trifulca y posteriormente se ensañó con estudiantes capitalinos, miembros de organizaciones (incluso internacionales) y pobladores de Atenco.

El operativo del 4 de mayo

Después del enfrentamiento transmitido en vivo por Televisa -en un operativo mediático en el que mostraron interminablemente la forma en la que un atenquense golpeaba a un policía en el piso-, las cosas se calmaron por un par de horas, pero la noche no iba a ser mejor para quienes estaban en Atenco.

Después de un cerco al poblado que duró toda la noche, en la madrugada llegaron refuerzos policiales que obligaron a algunos pobladores a delatar a los líderes del movimiento y entraron sin orden alguna a detener con lujo de excesiva violencia a uno por uno de los líderes del movimiento. Abusaron sexualmente de hombres y mujeres, golpearon, robaron, torturaron y encarcelaron injustificadamente a 233 personas.

De las imágenes tomadas por reporteros gráficos donde se puede observar la violencia policial, ni Televisa ni Tv Azteca difundieron abundante material. Los días siguientes seguimos viendo la crucifixión en cadena nacional del movimiento de Atenco, viendo “loops” de como uno de ellos golpeaba a un policía en los testículos.

Cabe decir que esa violenta represión fue un escarmiento político contra la protesta, la misma intención perseguían los 112 años de cárcel impuestos contra el líder del FPDT, Ignacio del Valle, así como las penas a los otros 11 atenquenses que fueron liberados, los asesinatos y las órdenes de aprehensión contra América del Valle, hija de Ignacio.

De aquellos cruentos días, nos quedan los testimonios, videos y fotos que describen las golpizas y la tortura sicológica de los policías. Atenco fue así un punto paradigmático del carácter del gobierno, y un día de prácticas para otras represiones que siguieron a Atenco, como fueron Sicartsa en Michoacán o la APPO en Oaxaca, ambas en 2006.

 

Del papel de la Corte

 

En este último caso los panistas que hoy se quieren quedar con el crédito de vencer al poder enquistado de Ulises Ruiz en Oaxaca, no quisieron declarar la desaparición de poderes en el 2006 para parar la represión. Incluso, Felipe Calderón mandó también a la PFP para otro enfrentamiento como el de Atenco, en el que después de una primera derrota contra el pueblo organizado tras siete horas de violencia –una verdadera batalla-, la Policía Federal Preventiva logró acabar con la movilización social oaxaqueña por medio de la violencia.

También debemos recordar que la Corte que hoy avanza al reconocer el derecho a la protesta, en su momento declaró que en Oaxaca la violencia de la PFP fue legítima y avaló la impunidad y el abuso de poder del priista UlisesRuiz, así como los asesinatos, las torturas, violaciones y desapariciones hechas por la policía federal y estatal. Aunque la Corte declaró que hubo violaciones a los derechos humanos en Oaxaca en 2006, no aceptó la desaparición de poderes y apeló alucinantemente a que Ulises Ruiz renunciara de manera voluntaria.

Así como tuvo deficiencias en su fallo sobre la APPO, la SCJN ahora se queda corta en Atenco. A pesar de registrar avances, se camina muy lento en la búsqueda de la justicia y hacia el castigo de los responsables. Ningún cargo policíaco llegó a la cárcel y al titular de la PGJEM (que inventó los cargos y las averiguaciones que ahora tira la SCJN) fue más fácil destituirlo por el ridículo caso Paulette. Del gobernador del Edomex… ni media palabra. Pero, ¿por qué en Oaxaca Ulises Ruiz sí cometió violaciones a los derechos humanos y Peña Nieto en Atenco no, si ambos reprimieron a través de la PFP?

Es este error de la SCJN -la ausencia del castigo- lo que da vida política al movimiento de Atenco hacia adelante. Seguramente veremos más de los atenquenses a partir de ahora y constituirán uno de los actores políticos a observar en el futuro.