Escrutinio No. 50

Camilo Saavedra*

 

Debemos fortalecer un Estado de derecho que otorgue certidumbre a todos y permita la más cabal expresión de las potencialidades de cada quien y de la sociedad en su conjunto. Fortalecer al Estado de derecho requiere mejores instrumentos para asegurar la plena vigencia de nuestra Constitución, mayor capacidad para aplicar la ley, sancionar a quienes la violan y dirimir las controversias. Los mexicanos queremos un Estado de derecho que asegure un convivencia civilizada, armónica y pacífica; un Estado que haga de la norma jurídica el sustento de la cohesión social y de la suma de nuestros esfuerzos.

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Es esencial que la Constitución y el orden legal derivado de ella tengan plena observancia. Es preciso que las autoridades actúen con apego a las normas; que los derechos sean reconocidos y las discrepancias resueltas conforme a la ley. Todo el esfuerzo de varias generaciones, toda la tarea de la nuestra, todo el horizonte de nuestros hijos puede perderse si no damos los pasos definitivos para seguir consolidándonos como un país de leyes. No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento. Los mexicanos necesitamos, queremos, demandamos y merecemos un sistema de justicia y seguridad eficaz; queremos que la ley sea la norma real de nuestra convivencia.

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En la Suprema Corte reside asimismo el mandato de asegurar a los individuos que todo acto de autoridad se apegue al orden que la Constitución consagra. De ahí que un régimen de plena vigencia del Estado de derecho y un sistema de administración de justicia y seguridad pública justo y eficiente, requiere un Poder Judicial más independiente y más fuerte.

Iniciativa de los Órganos del Poder Judicial de la Federación, presentada por Ernesto Zedillo el 5 de diciembre de 1994.

 

La necesidad de garantizar el estado de derecho y fortalecer la protección de los derechos fundamentales es una cuenta pendiente en México. Con sólo revisar la Iniciativa que dio origen al actual diseño institucional del poder judicial, es posible ver que su diagnóstico no fue equivocado y, sin embargo, con tristeza percatarse que éste es hoy más vigente que cuando fue realizado. La reforma judicial de 1994 fortaleció a la Suprema Corte al ampliar sus poderes de control constitucional, crear un sistema a través del cual sus precedentes adquieran mayor fuerza y disminuir su número de integrantes para fragmentar menos el peso de cada uno de sus miembros. Tres lustros después la corte es efectivamente más poderosa y visible que antes. En un contexto político más plural las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales le han permitido ser un árbitro más eficaz de la contienda política y convertirse en un actor más proactivo en los procesos de creación del derecho. No obstante, como han señalado varios académicos y los propios ministros, los cambios en el diseño institucional del poder judicial federal poco han contribuido a mejorar la protección de los derechos en el país. La Suprema Corte sigue en deuda con la sociedad.

Salida del Metro hacia la Suprema Corte. Fotografía: Camilo Saavedra

Recientemente la corte ha empleado con mayor frecuencia una de sus atribuciones anteriores a la reforma de 1994: las facultades de investigación en casos de presuntas violaciones a garantías individuales, incluida en el artículo 97 de la constitución. El ejercicio de facultad ha llevado a la corte a una especie de límite, pues su naturaleza ha hecho que sean casos eminentemente políticos (autoridades de todos los niveles son de quienes se examina su responsabilidad) los que lleguen a su revisión, y que además están imbricados con cuestiones que interpretan y definen los derechos consagrados en la constitución; pero cuyos efectos jurídicos no son vinculantes. La activación de este tipo de casos ha de cualquier forma hecho patente lo importante que es que la corte entre con mayor vigor al tema de los derechos fundamentales, así como la necesidad de construir mejores instrumentos para ello.

A través de facultades de investigación han llegado a la corte casos verdaderamente vergonzantes y dramáticos como lo son Aguas Blancas, Atenco, Oaxaca, Lydia Cacho y, más recientemente, el de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Para entender el caso y en lo que consistió la decisión de la Suprema Corte, se exponen a continuación de manera breve los principales aspectos de la propuesta de dictamen del Ministro Zaldívar; así como los principales puntos resolutivos que se dieron al mismo.

El cinco de junio de 2009 alrededor de las 14:40 horas se inició un incendio en la Bodega Glosa, que arrendaba la Secretaría de Hacienda del gobierno del Estado de Sonora, debido al sobrecalentamiento del motor de un enfriador de aire, a su vez provocado por una instalación eléctrica improvisada. El fuego se esparció rápidamente al predio contiguo que ocupaba la Guardería ABC, financiada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y administrada por particulares bajo un esquema de subrogación, y que, para ese momento, operaba con 14 de sus 41 educadoras. Los esfuerzos del personal primero, y la participación de civiles y bomberos fueron insuficientes para evitar la tragedia en la que 49 niños murieron y otros 104 resultaron heridos.

Los acontecimientos del 5 de junio y los días posteriores exhibieron el desorden en que funciona el sistema de guarderías del IMSS, el desempeño de las autoridades en materia de protección civil y, de manera muy importante, las deficiencias en el sistema de impartición de justicia que ha fallado en señalar responsables y en establecer las sanciones y reparación del daño correspondientes. En este desolador contexto, varios de los padres de los niños muertos solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que investigara los hechos ocurridos aquel día. El ministro Sergio Valls Hernández hizo suya la petición, la sometió al pleno, y éste en una votación 8-3 –con Aguirre, Azuela y el presidente Ortiz en la minoría- determinó el  6 de agosto de 2009 ejercer la facultad que el artículo 97 constitucional le confiere para investigar hechos que involucren violaciones graves a los derechos humanos y comisionó a los Magistrados de Circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, para realizar la investigación correspondiente.

Los comisionados realizaron un informe preliminar y el primero de marzo de 2010 presentaron su informe al pleno en el que concluyeron que: a) el IMSS carece de facultades legales para otorgar contratos de prestación de servicios de guardería; b) existe un desorden generalizado en el otorgamiento de datos de contratos, operación y supervisión de guarderías; c) los hechos de la Guardería ABC están ligados a dicho desorden generalizado; d) el incendio se originó en la Bodega Glosa en la cual no existían las condiciones de seguridad mínimas que exige la norma oficial mexicana en materia de prevención de incendios en los centros de trabajo; e) los responsables de estos hechos son autoridades del IMSS (entre otros Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam, ex director y director respectivamente), del gobierno del estado de Sonora (el ex gobernador Eduardo Bours, su ex secretario de Hacienda, Miguel Eugenio Lohr Martínez y, entre otros, Wielbaldo Alatriste, ex titular de la Unidad de Protección Civil); y del ayuntamiento de Hermosillo (entre ellos Ernesto Gándara, presidente municipal. Ese mismo día se designó, con base en el sistema de turnos, al ministro Fernando Franco como encargado del dictamen respectivo. Sin embargo, Franco fue relevado por el ministro Arturo Zaldívar de la elaboración del dictamen, pero por unanimidad de 9 votos el pleno decidió que no está impedido para intervenir en ésta facultad de investigación.

El jueves 3 de junio el ministro Zaldívar presentó la propuesta de dictamen ante el pleno, misma que la Suprema Corte hizo pública a través su página de internet. El documento no comparte con el informe de los comisionados la ilegalidad del esquema de subrogación, pero sí hace suyas las conclusiones de desorden generalizado del sistema de guarderías y señala a catorce funcionaros públicos como responsables de violaciones graves a derechos humanos, entre los que destacan el actual director del IMSS, Daniel Karam; su ex director y actual secretario de Comunicaciones y Transporte, Juan Molinar; y el ex gobernador del estado de Sonora, Eduardo Bours. Zaldívar sostiene que las autoridades del IMSS fueron omisas en generar políticas públicas que hubieran hecho posible que esta tragedia se evitara.

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

A partir del 14 de junio el pleno de la Suprema Corte entró al análisis de este caso centrando su debate en cinco aspectos principales. El primero de ellos fue la naturaleza y alcances de la facultad de investigación misma, ello debido a una novedosa visión del ponente que proponía acudir a la autoridad ética, moral y política que le confiere a la corte la Constitución, para proteger más proactivamente los derechos fundamentales, no fue bien recibida por la mayor parte de los ministros. Al final, los ministros decidieron ceñirse a los precedentes que ellos mismos habían establecido en el caso Oaxaca; pero sin duda lo más significativo fue la definición en que la sostuvieron que no podían señalar autoridades responsables, sino involucradas. El segundo aspecto fue el de la legalidad del esquema de subrogación de las guarderías que emplea el IMSS, el cual fue ratificado por una votación 7-4 en la que fueron disidentes los ministros Cossío, Zaldívar, Gudiño y Silva Meza. En tercer lugar, la corte revisó el argumento de desorden generalizado del proyecto al final desechándolo, a pesar de que la gran mayoría de los ministros habían reconocido que sí existieron irregularidades significativas en el desempeño de las autoridades.

La resolución de los primeros tres puntos generó que poco a poco se fuera desarticulando la fuerza del proyecto de Zaldívar. Al llegar al tema de la existencia de las violaciones graves, la Suprema Corte decidió por una mayoría de 10-1 (Aguirre votó en contra) que sí la hubo y, en consecuencia, procedió a analizar el tema de los responsables. Aquí nuevamente la decisión se alejó de la propuesta de Zaldívar, por lo que de las catorce personas que él había propuesto, únicamente se encontró que habían estado involucrados siete: Arturo Leyva Lizárraga, delegado Estatal en Sonora (2006-2009) y Noemí López Sánchez, titular del Departamento Delegacional de Guarderías (2001-2009), por parte del IMSS. Del gobierno de Sonora se señalo a Wilebaldo Alatriste Candiani, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil (2003-2009); Fausto Salazar Gómez, director general de Recaudación de la Secretaría de Hacienda (2008-2009), y a Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda (2006 a la fecha). En tanto que del ayuntamiento de Hermosillo a Jesús Davis Osuna, director de Inspección y Vigilancia Municipal (2006-2009); y a Roberto Copado Gutiérrez, Titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (2006-2009). Independientemente del debate sobre el alcance de los señalamientos, de la resolución destaca el hecho de que los tres funcionarios de mayor rango, Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours, no fueron encontrados responsables.

Es claro que el caso de la Guardería ABC evidencia los profundos problemas que en materia de protección de derechos humanos existen en México. Un suceso tan desafortunado como éste exige pensar en mecanismos que permitan por un lado evitarlo y, por otro, generar esquemas que mejoren el sistema de justicia. En este sentido vale recordar las propuestas que en la materia se han hecho como parte de iniciativas de reforma política. El Ejecutivo Federal planteó otorgar a la corte facultad de iniciativa en materia de cuestiones propias de su ámbito de responsabilidad, pero sin mencionar nada respecto de la procuración de justicia y la necesidad de dar autonomía al ministerio público. Las propuestas de otras fuerzas políticas sí han hecho mención al respecto, aunque ninguna de ellas plantea una respuesta integral.

Recientemente el Senado aprobó una reforma que traslada la facultad de investigación a la CNDH; sin embargo, ésta continua siendo estudiada en la cámara baja. De aprobarse dicha reforma conseguiría quitar una facultad incómoda a la Suprema Corte; sin embargo, en ausencia de otros instrumentos, ello quizá perjudicaría más que beneficiar la protección de los derechos humanos. Hace falta entonces una reflexión sobre las necesidades del sistema de justicia, y de la que puedan surgir mecanismos que permitan contrarrestar los sesgos y vicios de la procuración de justicia, al tiempo que hagan más accesible la justicia para los ciudadanos. Que tenga que llegarse a la Suprema Corte para que exista la sensación de que se está haciendo justicia debe preocuparle la Suprema Corte y a los políticos. Ellos deberían también entender que poniendo un candado a esa puerta no soluciona en nada los problemas que existen en México en materia de justicia. 

Abraham Fraijo, padre de Emilia, en la Suprema Corte. Fotografía: Jesús @roblesmaloof

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* Camilo Saavedra estudió Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en The London School of Economics and Political Science (LSE), donde es candidato a doctor en gobierno. Ha realizado investigaciones sobre políticas de suelo urbano en América Latina, se especializa en el estudio comparado de instituciones judiciales y es además un ferviente fanático de los Pumas de la UNAM.

Twitter: @camilosaavedra / Correo electrónico: camiliano@gmail.com