Escrutinio No. 50

Escrutinio No. 50

El pasado martes 25 de mayo se conmemoraron tres años de la detención y desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también llamado Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya, ambos militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR, mejor conocido como EPR).

Y tres días después, el viernes 28, se cumplieron tres meses del deceso de Carlos Montemayor, ilustre novelista, cuentista, poeta, ensayista, traductor, activista social y hasta tenor de ópera. Cuando el cáncer de estómago que padecía entró en su etapa final, fulminante, el insigne escritor fungía como vocero de la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno (conocida como Comed), organismo cuyo propósito es, precisamente, la recuperación con vida de los dos desaparecidos eperristas.

Consumada su muerte, y en medio de las honras fúnebres, homenajes y memoriales periodísticos realizados por sus colegas y cercanos en su honor, se recordó insistentemente, entre sus muchas otras facetas, la vocación de activismo social que impregnó el grueso de sus obras, literarias o científicas, pero que no se quedaba sólo en la letra, sino que lo impulsaba a tomar parte activa en la defensa de las causas más justas.

En el desempeño de ese activismo, se involucró de lleno en el estudio de las culturas y lenguas indígenas de México, tema en el que se volvió autoridad. Además, era conocedor como pocos del problema de la guerrilla en nuestro país. En este asunto, destacó su insistencia por mirar a la guerrilla desde una perspectiva multidimensional, que ahondara en sus raíces sociales, en sus causas; una visión que no se quedara en el bruto reduccionismo de los políticos mexicanos, que a lo largo de medio siglo de guerrillas constantes han pretendido que la solución del problema es cuestión puramente militar o policiaca.

Dedicó parte sustancial de su obra literaria a recrear algunos de los estallidos guerrilleros más importantes del siglo pasado. Guerra en El Paraíso, su novela más célebre, relata con vigor expresivo y puntual precisión los avatares del movimiento armado encabezado por el profesor Lucio Cabañas Barrientos en la primera mitad de la década de los setentas.

 

Por cierto que nada le envidia esta novela al más puntilloso reportaje periodístico que pudiera realizarse sobre dicho movimiento: para escribirla, Montemayor se las arregló para hurgar en los esquivos archivos militares y de inteligencia de nuestro país; además, recogió testimonios de campesinos sobrevivientes a las masacres realizadas por el ejército en los pueblos de la sierra guerrerense.

Otras de sus obras en este rubro son las novelas Las armas del alba, Las mujeres del alba—ambas centradas en el ataque, en 1965, al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua; evento que sería antecedente de la creación de la Liga Comunista 23 de Septiembre— y Los informes secretos; así como el ensayo La guerrilla recurrente.

Dada esta trayectoria, nada de sorprendente tiene que Montemayor fuera explícitamente nombrado por el EPR cuando el movimiento armado se consideró en la necesidad de promover un diálogo con el gobierno a través de un grupo de personajes notables.

El reclamo por los desaparecidos: de los bombazos al diálogo

El 25 de mayo de 2007, en Oaxaca, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos por perpetradores desconocidos, presumiblemente agentes del gobierno federal o militares. Desde entonces, nadie ha podido descubrir su paradero.

En sucesivos comunicados enviados por medio de internet, el EPR denunció la desaparición de sus militantes y exigió su presentación con vida. Difundió sus nombres y fotografías. Sin embargo, el asunto no trascendió más allá hasta que, el 5 y el 10 de julio de 2007, ocurrieron sendas explosiones en ductos petroleros propiedad de Pemex en diversas ubicaciones en los estados de Guanajuato y Querétaro. Entonces, el EPR se adjudicó la autoría de las detonaciones, las cuales causaron onerosos daños económicos. De nuevo, reclamó a sus miembros desaparecidos. Y, ante el silencio oficial, repitió atentados similares el 10 de septiembre de 2007 en los estados de Veracruz y Tlaxcala.

El 2 de abril de 2008, un nuevo comunicado del grupo guerrillero solicitaba la ayuda de intermediarios ante el gobierno para intervenir en el asunto “con su autoridad moral y sus buenos oficios”. Proponía expresamente al obispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al periodista y abogado Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), conformado por más de 100 grupos de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.

Los personajes y la organización convocados aceptaron fungir como intermediarios entre el EPR y el gobierno, no sin establecer antes una serie de condiciones tendientes a hacer posible el diálogo: 1) que las gestiones para la presentación con vida de los desaparecidos se llevaran a cabo con toda puntualidad; 2) que el gobierno hiciera pública su posición frente a la iniciativa de mediación; y 3) que el EPR cesara toda acción armada mientras dicha mediación se encontrara en proceso.

En un primer momento, todas las partes parecieron aceptar las condiciones. El EPR aceptó no llevar a cabo ningún acto violento y la Secretaría de Gobernación se mostró dispuesta “a establecer principios de entendimiento entre el gobierno y el llamado PDPR-EPR”.

Quedó entonces formalmente constituida la Comed. Y el diálogo parecía avanzar: en el momento más promisorio, Gobernación llegó a reconocer, por primera vez en la historia del país, que efectivamente, existía la posibilidad de que el Estado mexicano hubiera desaparecido personas, lo que constituye, en varios códigos internacionalmente aceptados, un crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, a partir de ese momento las acciones se estancaron. La falta de disposición real de las instancias gubernamentales, más allá de las palabras, para esclarecer la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, derivó en la decisión de los integrantes de la Comed de desistir, el 21 de junio de 2009.

El EPR y los familiares de los desaparecidos insistieron en repetidas ocasiones en solicitar la reconstitución del grupo mediador, petición que fue aceptada al fin entre finales de 2009 y principios de 2010. Hasta la fecha, la Comed intenta canalizar las demandas del grupo armado en tregua en el sentido de que se revele el paradero de los desaparecidos; sin embargo, sus integrantes han expresado que ya no abrigan muchas esperanzas de poder abatir la cerrazón gubernamental, que se niega a esclarecer el caso los eperristas desaparecidos, caso que parece destinado a la fosa común de la impunidad.