Escrutinio No. 48

Alberta Alcántara y Teresa González, las mujeres otomís liberadas el pasado 28 de abril tras casi 4 años de prisión, dicen tener miedo de posibles represalias de autoridades federales en contra de ellas y sus familias, debido a las irregularidades presentadas durante el proceso en el que fueron encarceladas injustamente.

Las mujeres hñahñús Alberta  y Teresa, explicaron en conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), las razones de su temor:

Teresa fue detenida 5 meses después del día en que los elementos de la AFI llegaron violentamente al mercado donde trabajaba. Antes de su detención, agentes vestidos de civil visitaron su casa en tres ocasiones, en las que la engañaron argumentando que buscaban comprar un terreno.

La cuarta vez Teresa fue detenida aunque los agentes nunca mostraron la orden respectiva y no le dejaron abrigarse a pesar de haber estado enferma. Al subirla a la patrulla, los policías pusieron su cabeza debajo de los asientos y la increparon por hablar otomí y usar vestimenta típica.

Alberta quien también teme por su seguridad, fue detenida de igual forma con engaños, además de que los agentes y el MP la inculparon de forma inverosímil de secuestro y posesión de cocaína.

Teresa y Alberta fueron liberadas después de que la ministra Olga Sánchez revocó la sentencia condenatoria del juez Cuarto de Distrito de Querétaro, que las sentenció a 21 años de prisión por el supuesto secuestro de 6 agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI) en 2006.

Alcántara dijo que después de salir del penal, había cambiado de parecer y percibía “algo” de justicia debido a la resolución de la juez Sánchez. Por su parte, Teresa no coincidió con este punto de vista, pues consideró que el proceso judicial que vivieron ambas tuvo muchas irregularidades por parte de autoridades federales.

El director del Centro Prodh, Luis Arriaga, explicó la forma en que fueron liberadas Teresa y Alberta. Asimismo declaró que en los próximos días discutirá con los abogados del Centro el juicio para la reparación de los daños, que como se precisó, ésta sólo está prevista como remuneración por la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, aunque los abogados, las mujeres excarceladas y el director del Centro coincidieron en que debe pedirse una disculpa pública a la Procuraduría General de la República, (PGR).

Por su parte, el director de Amnistía Internacional México, Alberto Herrera, pidió la reparación del daño en los términos que marca la ley, y el abogado del Centro Prodh, Andrés Díaz, explicó que las irregularidades no fueron hechas sólo por parte de la PGR y el Ministerio Público, sino también por el juez queretano que sentenció dos veces contra las mujeres, validando las irregularidades de la investigación y haciendo las propias, por lo que dijo que interpondrá una queja contra el último ante el Consejo de la Judicatura Federal.

El otro abogado del Centro Prodh que se encargó de la defensa, Leopoldo Maldonado, dijo que para la reparación del daño hecho en contra de Alberta y Teresa, las leyes mexicanas son insuficientes e ineficaces pues además de que la reparación sólo sería económica, no se puede hacer un proceso contra funcionarios en particular sino contra la PGR en general. Maldonado precisó además, que el plazo para llevar a cabo el juicio es de un año.

Más tarde, Alberta dijo que la CNDH no le ayudó en el proceso, pues el ombudsman “dijo que no era su trabajo porque el delito era federal”, aunque ella consideró necesario al menos una disculpa pública. Teresa coincidió con la necesidad de la disculpa y agregó que “no hay cómo pagar el tiempo perdido”.

Alberto Herrera agregó que este caso debe sentar un precedente para todos los casos de discriminación e injusticias que hay en el país como lo es el caso Atenco, el cual está pendiente para la SCJN.

Sobre el tema, Luis Arriaga recordó que hay 12 personas en la cárcel  con sentencias de hasta 112 años, por lo que la Corte tiene una oprtunidad histórica para cambiar el perfil de la justicia en México. Arriaga agregó que el modelo de la justicia en México es inquisitivo y no se respeta la presunción de ino0cencia, por el contrario, subrayó, no hay un compromiso con los sectores excluídos y las cárceles están llenas de pobres ya que no alcanzan una defensa con calidad.