Escrutinio No. 47

Javier Santiago Reyes

Las amenazas que impone la globalización en contra del planeta, están estrechamente relacionadas con la falta de políticas industriales efectivas, donde las empresas y gobiernos se ocupen del cuidado al medio ambiente y a la salud humana; de esta manera la sociedad ha sido testigo permanente de desastres como el agujero en la capa de ozono, el derretimiento de los glaciares, el tsunami de Indonesia en 2004, la solución militarizada de Katrina en New Orleans, el derrame de petróleo en nuestros mares, o desastres ambientales de poca difusión por considerarse oficialmente de carácter local, como la explosión de ANAVERSA, registrada en Córdoba, Veracruz el 3 de mayo de 1991,y la reciente explosión de la misma empresa en Izúcar de Matamoros, Puebla (conocida ahora como Agricultura Nacional, S.A. de C.V. “El Dragón), el 24 de marzo de 2010 (ver artículo Transnacionales y crisis ecológica en la modernidad, Escrutinio, No. 46). 

El apoyo en la solución de problemas que aquejan a la sociedad, es una obligación impostergable para los universitarios, sin embargo, el pensamiento ecológico dentro de las ciencias sociales se ha abandonado y ahora resulta urgente retomarlo. Aún cuando las propuestas académicas en esta temática pueden ser criticados por ser en su mayoría de corte neoliberal, es urgente estudiarlos y caminar junto a la sociedad civil organizada hacia la construcción de un mundo con respeto al medio ambiente y la salud humana. Se pueden esbozar de manera general, entre otros, el modelo dominante de “desarrollo sustentable”, que corresponde a la propuesta reformista esbozada en el Informe Brundtlan (1987) y la Agenda 21 (Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992); la economía ambiental, que se esfuerza por incorporar consideraciones ecológicas a la teoría neoclásica de la ciencia económica; la economía ecológica que incluye un análisis de flujos de energía, apuntando hacia las limitaciones de la economía ambiental; la ecología política, que busca analizar la compleja dinámica socioeconómica detrás de los problemas ambientales, enfocándose en las relaciones de poder entre diferentes actores y grupos sociales; y, la agroecología, que pretende rescatar y desarrollar los aspectos positivos de la producción campesina tradicional.

El accidente reciente de “El Dragón”, donde explotaron tres contenedores de Dimetoato de 130 kg cada uno, ha desencadenado una serie de denuncias ciudadanas de las irregularidades con las que operaba, los efectos nocivos a la salud y el medio ambiente cada vez más deteriorado. La escena de modernidad que actualmente viven los habitantes de Izúcar de Matamoros, Pue., y la que persiste en Córdoba, Ver., desde hace 19 años, me remonta a una novela de ciencia ficción que hace algunos años leía, “El día de los trífidos”de John Wyndham, donde se refiere a una extraña forma de vida, híbridos entre el mundo vegetal y el animal, creada en laboratorios trasnacionales, que además de ser explotadas por la industria aceitera, podía desplazar sus raíces, cazar pequeños animales y al estar acostumbrados a no tener vista, estaban en mejor posición ante cualquier hombre ciego. Una especie de lluvia de estrellas, tal vez un producto de un arma satelital, causa una ceguera colectiva, de la que solo se salvan los pocos que no vieron el espectáculo. La novela explora diversas formas de organización después de la catástrofe, donde podemos encontrar, desde los que se aferran al modo de vida tradicional basado en principios religiosos y valores morales sin advertir la complejidad del suceso; otros se aíslan en grupos minúsculos de supervivientes; encontramos también los que rechazan a través de la violencia el contacto con otros grupos humanos; quienes buscan construir una organización feudal de tipo autoritario; y, aquéllos que defienden la construcción de una nueva sociedad fundada en la racionalidad y la necesidad de preservar la especie, sin menoscabo de las justificaciones éticas.

Hoy en día el leer ciencia ficción ha sido superado por la realidad, ante los escenarios que la globalización nos impone, es como si el poder no quisiera dejar lugar a duda para la imaginación, condenando a la humanidad a un mundo de pesadillas sucesivas. Es preciso crecer en conciencia, pues aunque muchas amenazas son fundamentalmente fuegos de artificio, muchas otras dependen en verdad de nosotros mismos. Las élites que dominan el mundo y lo ponen todo a su servicio, pretenden legitimarse, necesitan que los legitimemos, y somos la sociedad misma, con nuestros miedos, con nuestra indiferencia, con nuestras debilidades, quienes fortalecemos los yugos que nos atan y establecemos las condiciones de nuestra propia servidumbre. Si la clase política sufre de ignorancia y de ineptitud, y no es capaz de satisfacer las necesidades sociales, nuestro deber es fortalecer a la sociedad.

La Sociedad Civil se ha organizado ante la falta de respuesta de las autoridades federales y estatales, en materia de medio ambiente y salud. Un ejemplo claro se refiere a un grupo de mixtecos poblanos residentes en Estados Unidos de Norteamérica, que está creando una red social para difundir la problemática a nivel mundial y están contactando a especialistas ambientales y jurídicos para recibir asesoría que les permita continuar la lucha de los habitantes para expulsar definitivamente a “El Dragón”. En inglés y español, circula como primera fuente, información recabada a lo largo de más de 15 años por el investigador Armando Carlos García Azcué. Con esta acción, se pretende hacer llegar información confiable, de las consecuencias de los productos que maneja la empresa fabricante de insecticidas y pesticidas, así como algunas recomendaciones para la protección de la salud de la población; se acusa también al Ayuntamiento de Izúcar, de haber otorgado permisos de construcción cerca de la empresa, aún cuando no existen detectores de humo tóxico ni alarmas audibles en las instalaciones, que alerten a los trabajadores o a los vecinos en caso de otro accidente.

Otro modelo de organización, se esta desarrollando en las comunidades de Izúcar, donde están creando sus propios planes de protección civil, para saber como actuar ante una emergencia como la que acaban de vivir, y que por el simple sentido de sobrevivencia, obligó a más de 5000 habitantes a evacuar la zona. Al día de hoy, la Dirección de Protección Civil local no ha informado puntualmente a la ciudadanía sobre lo ocurrido, mucho menos se ha ocupado de acciones de prevención.

En el problema de “El Dragón”, la estrategia de los poderes fácticos, consiste en dividir la opinión pública, aprovechando la crisis económica por la que atraviesa el país, que obliga a unos cuantos a defender su empleo, sin mayor análisis de las consecuencias para miles de ciudadanos. No obstante la presión de la que son objeto, los habitantes de Izúcar, se han organizado en un Consejo Ciudadano y dieron ultimátum para que la empresa abandone la región a finales del actual mes de abril. Esta organización, refirió que hace diez años, también ocurrió la explosión de cuatro contenedores de 198 kg cada uno de monocrotofos, el cual es un insecticida del grupo químico organofosforados y potencialmente teratogénico (produce malformaciones del embrión o feto), sin embargo, no hay registro de haberse informado del accidente a alguna autoridad federal, estatal o municipal. Han documentado que “El Dragón”, opera con químicos como el Fosfuro de Zinc y el Fosfuro de Aluminio, mismos que son colocados en el mercado como pastillas que se aplican en graneros para conservar maíz y otras semillas, son sustancias altamente volátiles que matan por inhalación, son fulminantes y no hay antídoto. Los productos de “El Dragón”, están considerados por la Comisión Intersecretarial para el Control y Proceso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), como cancerígenos, teratogénicos y mutagénicos en personas con alta exposición, tal cual sucede en la gente de Izúcar de Matamoros.La información que a diario se difunde, evidencia la ambición de generar más riqueza monetaria y su exagerada acumulación, aprovechándose del alto grado de pobreza en la que viven gran parte de los habitantes de la región, según lo indica el Índice de Marginación por Comunidades del Consejo Nacional de Población (CONAPO).

Entre otros ejemplos de anomalías en la operación de la agroquímica, se cuenta el 16 de agosto de 2005, cuando un empleado de la fábrica, sustrajo sin autorización unos contenedores de productos químicos y al lavarlos en su domicilio para darles uso, el agua provocó una reacción de los residuos, causando una severa intoxicación en el hombre y otras 15 personas, además de que 300 vecinos tuvieron que ser evacuados ante el riesgo de una contingencia mayor. Entre otros riesgos, encontramos que entre la población residente en las inmediaciones de la fábrica, es común el uso como corrales de aves y cerdos, de las maderas de las tarimas, usadas para trasportar miles de plaguicidas, insecticidas y herbicidas; hay gente que ocupa la misma madera como cerca, leña para hacer fogones y en el peor de los casos, para construir casas; y más aún, la empresa constantemente reparte entre las escuelas del municipio de Izúcar, tambos vacíos que en su momento contuvieron agentes químicos de alta peligrosidad, para usarlos como botes de basura.

Desde hace 15 años, cuando Agricultura Nacional, S.A. de C.V. se instaló en Izúcar de Matamoros, debió haber cumplido con el permiso de Uso de Suelo expedido por el Ayuntamiento; con una certificación de aviso de funcionamiento por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAGARPA), bajo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 034–Fito–1995, para funcionar como empresa formuladora de agroquímicos; gozar de una autorización sanitaria expedida por la Secretaría de Salud; tener la aprobación de la delegación local de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del estudio de impacto ambiental correspondiente; una licencia para permitir la formulación de productos químicos por la CICOPLAFEST; y un certificado de concesión de aguas nacionales para poder operar el pozo que existe dentro de la fábrica, así como una autorización para la descarga de aguas residuales, por parte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Paradójicamente, cabe hacer mención, que el acuífero ubicado en el subsuelo de Izúcar está vedado desde hace 40 años, por lo que es inexplicable cómo esta empresa obtuvo una concesión de aguas federales hace tres lustros, y mucho menos se ha aclarado oficialmente si la empresa cuenta con los documentos que avalen su operación de acuerdo a la normatividad vigentes de las otras dependencias, como lo reconoció el pasado 24 de marzo el Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, cuando informó que la planta ni siquiera cuenta con permiso de uso de suelo, derivado de que no cumple con los lineamientos del Plan de Desarrollo Urbano de este municipio, aprobado en 1995, poco antes de que la fábrica entrara en operación; no obstante la observación, “El Dragón” quedó asentada a menos de medio kilómetro del límite del área urbana, justo en el paraje conocido como Las Bocas, lugar donde por donde entran y salen los vientos dominantes del valle de Izúcar de Matamoros, lo que contraviene al artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (LGEEPA), ya que se trata de una empresa que libera dioxinas y furanos al medio ambiente, sustancias tóxicas que pueden ser cancerígenas.

De acuerdo con el artículo 147 bis de la LGEEPA, las empresas “que realicen actividades altamente riesgosas deberán contar con un seguro de riesgo ambiental”, para tal finalidad, la SEMARNAT, con la aprobación de las Secretarías de Gobernación, Economía, Salud y Trabajo conformará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental. Son los ciudadanos de Izúcar, que padezcan alguna enfermedad, para quien el Consejo Ciudadano exige a la Cámara de Diputados, sean los primeros beneficiados de este seguro, por haber tenido contacto con los contaminantes orgánicos que ha expulsado la agroquímica durante 15 años.

Ante la gravedad de la situación, y la urgencia en la demanda de proteger los derechos y vulnerabilidad de los afectados, se demuestra la falta de eficacia en la actuación de las dependencias gubernamentales, ya que mientras éstas sólo esperan que la población baje sus ánimos, “El Dragón” solicitó la protección de la justicia federal para evitar salir de ese municipio, con el amparo número 484/2010, ante el juzgado Séptimo de Distrito, con sede en la ciudad de Puebla, mismo que lo rechazó. Para los habitantes que buscan la expulsión de la fábrica de la región, aún cuando no se concreto el amparo, éste representa el inicio de una batalla legal que se puede prolongar por años, complicando la expulsión de la empresa contaminadora. La Doctora en Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, recomendó que aún cuando la lucha contra “El Dragón” pasó al terreno de lo legal, los opositores a la empresa ahora cuentan con tiempo para documentar las irregularidades que ésta ha cometido desde su instalación en la mixteca poblana.

El Subdelegado de Inspección Industrial de la delegación PROFEPA en Puebla, Roberto Rodríguez, expuso que el 31 de marzo notificó a la empresa que sería objeto de una inspección según lo marca el protocolo, cuando llega a ocurrir algún incidente, pero el 5 de abril los inspectores federales no pudieron ingresar a la fábrica, pues los trabajadores que ahí se encontraban lo impidieron; tras una negociación, pudieron pasar y comenzaron con los trabajos de revisión administrativa (informan de primera instancia, que los encargados presentaron sus certificados de riesgo ambiental, así como copia del estudio de impacto ambiental que debió haber aprobado la SEMARNAT, por lo que la fábrica parece contar con su documentación en regla y en consecuencia no aplicaron sellos de clausura). Rodríguez, denunció que al día siguiente, los trabajadores federales ni siquiera pudieron acercarse a la puerta de la empresa porque los hombres del Consejo Ciudadano que hace guardia permanente a las afueras de Dragón, y que verifica que los productos químicos y desechos tóxicos sean sacados fuera del municipio, les impidió el paso; sin embargo, los inconformes lo desmintieron, y acusaron a los funcionarios federales de llegar con una actitud prepotente y despreocupada. El burócrata afirmó, que Agricultura Nacional, S.A. de C.V., es la única fábrica que produce agroquímicos en el Estado de Puebla, por lo que debe contar con la documentación correspondiente; sin embargo el dictamen final de su operación y condiciones administrativas se entregará una vez que el consejo ciudadano permita concluir la inspección, aunque adelanta que la empresa ya ha mejorado sus sistemas de seguridad, pues les brinda mejores resultados económicos en sus negocios operar adecuadamente.

Los habitantes de Izúcar, se mantienen alarmados ante una posible contaminación por dioxinas, ya que muchos comienzan a sufrir acné sumamente agresivo en la cara y espalda. De acuerdo con el documento “Las dioxinas: un panorama general”, publicado por un grupo de especialistas en salud pública, medicina y toxicología de Estados Unidos y Canadá en 2005, los médicos de los países occidentales están poco preparados para identificar y tratar con éxito casos de enfermedades causadas por las dioxinas, a pesar de la frecuencia con que son usadas en el sector industrial, para el blanqueo con cloro de papel y de pulpa de celulosa, así como en la fabricación de plaguicidas, herbicidas y fungicidas que se elaboraban en “El Dragón”. De acuerdo con el estudio, las dioxinas y los productos químicos similares forman un grupo grande de compuestos estructuralmente relacionados, al ser ambiental y biológicamente persistentes; los niveles más altos de dioxinas se han detectado generalmente en las personas que viven en los países más desarrollados, y son la causa de distintos tipos de enfermedades, principalmente, cáncer, inmunodeficiencia, anormalidades reproductivas y del desarrollo, patologías del sistema nervioso periférico, alteración endócrina, incluida la diabetes y desórdenes en la tiroides, disminución de la función pulmonar y bronquitis, alteración de la testosterona, patología en los párpados, incluyendo hipersecreción de la glándula meibomiana (lagaña) y pigmentación de la conjuntiva. Asimismo, son causantes de náuseas, vómito y erupciones en la piel conocidas como cloroacné, acné rosácea y dermatitis saborréica (caspa),daño hepático y elevación del colesterol. Esto se sabe porque los estudios de casos de dioxinas en humanos se realizaron a pacientes que desafortunadamente estuvieron expuestos a estos químicos, como fue el caso de los pilotos que transportaron el llamado “agente naranja” 2,4-D (actualmente producido en “El Dragón”) durante la guerra de Vietnam, así como a la población de este país que fue rociada con dicho herbicida.

El glifosato, usado para la fabricación del producto Lafam en “El Dragón”, es el ingrediente activo de 73 marcas comerciales de herbicidas que son usadas comúnmente en el campo mexicano, produce malformaciones genéticas, abortos, problemas hormonales, además de distintos tipos de cáncer. De acuerdo con el capítulo dedicado a los herbicidas, de la sinonimia de plaguicidas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la SAGARPA, el Lafam es una solución acuosa que tiene una concentración de glifosato al 41 por ciento. En la página de internet de Agricultura Nacional, S.A. de C.V. se recomienda el uso de este herbicida en campos de cultivo de cítricos, durazno, pera, manzano, ciruelo, chabacano y nogal, así como de maíz, trigo, cebada, sorgo, avena, alfalfa, alcachofa, acelga, apio, ajo, betabel, brócoli, berenjena, cacahuate, calabaza, cebolla, centeno, coliflor, chícharo, chile, espinaca, frijol, lechuga, melón, mostaza, pepino, papa, pasto, rábano, soya, sandía, zanahoria y jitomate.