Escrutinio No. 46

Javier Santiago Reyes*

El principio de la llamada modernidad en México, se lleva a cabo bajo el planteamiento de instalar fábricas, promover servicios y degradar al sector agropecuario. La idea de cambiar los estilos de vida de los mexicanos, ha sido acompañada en la mayoría de las veces, de políticas indiferentes al problema de salud pública, de violación a los derechos humanos y el ecocidio -definición que indica el deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, que pone en peligro la existencia del hombre- dejando al descubierto el fracaso del modelo neoliberal.

Los estándares de vida se conquistan bajo la premisa de saciar las apremiantes necesidades de los más pobres y benefician sobre todo a élites políticas y económicas, egoístas ante el efecto irreversible y creciente de la decadencia del sistema-mundo.

La contaminación, actualmente es un souvenirque anuncian los medios de comunicación únicamente para que la gente no acuda a los lugares de “atracción”. Es evidente que la política de simulación de nuestros gobernantes desde 1982, e incluso desde antes, ha permitido llegar a los desastres ecológicos que vive la población; nuestros políticos abandonan la misión que se les concede constitucionalmente y deciden radicar en zonas residenciales con mejor aire, lejos de los malos olores y de la mala imagen que representa la pobreza.

El caso de la explosión de tres contenedores de Dimetoato (130 Kg. cada uno), registrada el reciente 24 de marzo en la fábrica de formulación y comercialización de agroquímicos, Agricultura Nacional, S.A. de C.V. “El Dragón”, ubicada en Izúcar de Matamoros, Pue., trasciende por mucho con la actitud negligente de los políticos, y es resultado de la omisión en  la vigilancia y prácticas de seguridad, que debieron implementarse desde su inauguración en la región en 1992 para resguardar y detener los inevitables errores humanos; ante la falta de programas de protección civil, el accidente alarmó y obligó a evacuar a más de 5000 habitantes de la mixteca poblana, quienes sufrieron los efectos inmediatos de intoxicación.

Es importante denunciar, que esta fábrica, tiene como antecedente a la empresa Agricultura Nacional de Veracruz S.A. de C.V. (ANAVERSA), que explotó en la Ciudad de Córdoba el 3 de mayo de 1991, derramando plaguicidas organofosforados y organoclorados, y que desde 1980, los vecinos habían iniciado protestas organizadas para su expulsión, por los efectos en la salud que provocaban las emanaciones en la fábrica, sin embargo, la solicitud de reubicación nunca se tomó en cuenta. El accidente hizo arder 18 mil litros de Parathión Metílico, plaguicida que afecta a crustáceos, insectos, peces, zooplancton, anfibios, moluscos, plantas acuáticas, aves, nemátodos y gusanos planos, las abejas son especialmente sensibles a la sustancia, por lo que se reduce un gran número de polinizadores potenciales para unas especies de plantas; 800 litros de Paraquat, cuyo efecto en la salud son taquicardia, edema pulmonar, convulsiones y muerte; 1,500 litros de Pentaclorofenol, que en caso de intoxicación produce deshidratación, coma y fallecimiento, además de ser un probable carcinógeno;y 3 mil litros de Ácido 2,4-D conocido como “Agente Naranja”, utilizados para elaborar pesticidas y fertilizantes y usado criminalmente en toda la Guerra de Vietnam, que desarrolla varios tipos de cáncer, principalmente el linfoma de Hodgkin.

La nube tóxica que provocó, cubrió gran parte de la Ciudad con dioxinas que pueden favorecer la formación de células cancerosas, malformaciones y abortos; en realidad la contaminación ocasionada por Anaversa inicio mucho antes de la explosión, toda vez que la fábrica no contaba con los mecanismos necesarios de control de emisiones. El accidente es considerado por expertos en toxicología ambiental uno de los más graves en América Latina, y se puede comparar sólo con las tragedias toxicas de Seveso, Italia, en 1976 y Bophal, India, en 1984; los plaguicidas de alta toxicidad en ese entonces eran prohibidos en Europa y Estados Unidos.

A 19 años de la explosión, la Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, ha documentado 1639 personas que han muerto por cáncer derivado de la exposición a los químicos, sólo para 2009 la cifra ascendió a 72 decesos, cantidad conservadora según la presidenta de dicha asociación, Rosalinda Huerta Rivadeneyra, quien en el momento de la catástrofe se desempeñaba como diputada local de la oposición, y que sostiene que “el número de decesos puede superar las 5 mil personas, pero fueron muertes silenciosas, sin asistencia médica e ignoradas”, razón que le ha provocado acusaciones de falsear la información y no contar con el diagnóstico clínico científico para probar la correlación entre la explosión y las enfermedades de los afectados; la impunidad del sistema político mexicano se evidencia cuando no hay a la fecha justicia para las víctimas y nadie ha sido castigado.

Huerta Rivadeneyra, refiere que un estudio realizado por peritos de le empresa Chemical Waste Management (Administración de Desechos Químicos, en inglés), indicó que la combinación afecto a los habitantes que tuvieron contacto con los vapores y el humo toxico, además de que los químicos se infiltraron en los mantos freáticos. Las secuelas a largo plazo se manifiestan en prolongadas agonías, muertes y la indiferencia gubernamental para atender a los enfermos.

Entre los padecimientos reportados por la comunidad destacan linfomas de Hodgkin, aplasia medular, neuropatía lúpica, leucemia linfoblástica y tumores cancerígenos en pulmón, ojos, cuello, hígado y garganta, además de secuelas genéticas, como niños nacidos con espina bífida, anencefalia (sin masa cerebral) y daños neurológicos. Entre los daños provocados por la exposición a dioxinas se encuentran también, cambios en la función endocrina asociada con las funciones reproductivas en animales y humanos, alteraciones del proceso de diferenciación de las células del sistema inmunológico, incremento de diabetes, leucemia y mayor incidencia de endometriosis en las mujeres. Con una exposición muy alta, se corre el riesgo de una reducción en la capacidad reproductiva de los hombres, por una baja reproducción de esperma y una mayor incidencia de cáncer del sistema respiratorio, de la piel, de los testículos, cerebro, estómago, colon, recto, próstata, páncreas y riñón. La exposición a dioxinas en útero, o de tipo posnatal, pueden provocar deficiencias inmunológicas que persisten por 10 años o más.

Hasta después de ocurrido el siniestro, y ante la magnitud del problema, la comunidad organizada en una asociación civil, presentó el caso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien emitió al respecto la recomendación 99/91, dirigida a Patricio Chirinos Calero (posteriormente Gobernador de Veracruz) y a Jesús Kumate, entonces Secretario de Salud y que a la fecha no se han cumplido; las recomendaciones pedían: 1) investigar los motivos por los cuales fueron otorgadas las licencias sanitarias y de funcionamiento respectivas, no obstante que resulto evidente que la empresa no cumplía con los requisitos indispensables para operar; 2) que la Secretaría de Salud lleve a cabo un censo integral de la población que estuvo expuesta de manera aguda a la contaminación y realice los estudios epidemiológicos y de colinesterasa complementarios; 3) La demolición del inmueble en el que se encontraban las instalaciones de la fábrica, ya que aunque fue formalmente clausurado, nunca se suprimió como fuente de exposición al permanecer siempre destechado y provocando la dispersión de contaminantes; y 4) Informar a la población sobre los estudios, investigaciones y acciones realizadas, así como del Plan Nacional de Contingencia para Accidentes Ambientales, recomendación que no ha sido respetada, por el contrario, a los pacientes se les ha ocultado su diagnóstico y el resultado de sus estudios, así como se les ha negado la expedición de constancias de haber sido tratados. Ante el reciente suceso ocurrido en Izúcar de Matamoros, es necesario la reapertura del expediente, y la realización de nuevos análisis de contaminación y monitoreo entre los pobladores, ya que la vida activa de las dioxinas no es inferior a 50 años, e incluso, es urgente enviar la solicitud de intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Conforme a especialistas en epidemiología y estudios de causalidad, el estudio de la Secretaría de Salud adoleció de las siguientes deficiencias: a) La dependencia se convirtió en juez y parte, violentando el estudio procesal fundamental reconocido por el Estado mexicano, a través de un débil argumento donde se concibe como la única facultada para ello, ignorando a otras instituciones e investigadores capacitados para realizar este tipo de investigaciones; b) Se omitió considerar que la población se expuso no sólo a las sustancias reconocidas por la empresa donde tenía permisos oficiales, sino a una mezcla de sustancias peligrosas que manejaba y a los dioxinas derivadas de la combustión, lo que permite prever el surgimiento de enfermedades no clasificadas; c) Las autoridades no informaron el resultado de análisis de las dioxinas en las muestras de suelo y, posteriormente, condicionaron la aplicación de medidas preventivas urgentes a los resultados de dichos análisis y a la evaluación de la peligrosidad de los niveles determinados. Con esta decisión, desconocieron a la Agenda 21 firmada por México en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para la Tierra), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, donde se comprometió específicamente a aplicar el “principio de precaución” en todo lo relacionado con las sustancias tóxicas y sus riesgos.

Aunque se reconoce los daños que las sustancias provocan en la población expuesta, hasta la fecha, la Secretaría de Salud se ha negado a realizar estudios sobre su presencia en la sangre, tejido adiposo y la leche materna de los expuestos a estas sustancias como consecuencia del accidente, incluyendo a quienes usan actualmente el agua de pozos contaminados. Aún reconociendo que existen diferencias conceptuales y metodologías en los estudios de salud ambiental, no es menos cierto que un principio fundamental ético y humano, es asumir la posibilidad de riesgo y actuar preventivamente.

La Asociación de Enfermos y Afectados de Anaversa, ha enfrentado continuamente una cerrazón institucional, que ha llegado al grado de malversar los fondos designados a la creación del fideicomiso. Existe una larga lista de funcionarios implicados en el problema y de irregularidades en el proceso, al igual que constan pruebas fehacientes, de que las consecuencias del accidente han rebasado incluso las predicciones hechas por expertos hace 19 años.

Esta afirmación, evidencia la frivolidad con que las autoridades han actuado en la investigación del accidente y con la que han exonerado de toda responsabilidad en él a cualquier autoridad involucrada. La falta de conciencia oficial, llegó al grado de reducir a 119 mil pesos la de por sí irrisoria multa de 238 mil pesos impuesta a la empresa, quien luego de pagarla, los dueños de Anaversa, Luis Javier y Alfonso Quijano, cobraron una póliza por 700 mil pesos a Seguros Zurich-Chapultepec y cambiaron la fábrica al municipio de Izúcar de Matamoros, lugar que carece de políticas de protección civil y con intereses que mezclan a políticos como Manuel Bartlett y Vicente Fox. Más allá de las limitaciones de la ley, el caso Anaversa ilustra la falta de voluntad política, de independencia y compromiso de las autoridades en el cumplimiento fundamental de su responsabilidad de velar por el respeto al derecho a la salud, a un ambiente sano, a la información y a la vida de las futuras generaciones de México.

En el primer año de la presidencia de Vicente Fox, Agricultura Nacional S.A. de C.V. fue la única empresa de producción de agroquímicos en el país que tuvo un crecimiento de 17 por ciento en sus utilidades, ganando más de 70 millones de dólares y ocupando 3.5 por ciento del mercado nacional, para quedar debajo de las poderosas Monsanto, Dow Agrosciences, DuPont y otras.

Desde que la empresa se instaló en Izúcar de Matamoros, el investigador Carlos Armando García Azcué, ha informado los efectos nocivos de estas sustancias químicas y afirma: “Dependiendo del grado de exposición todas las personas que estamos en contacto con estos productos, estamos en riesgo de enfermar de cáncer y otras enfermedades muy graves". Lo ocurrido la madrugada del 24 de marzo de 2010, no es la primera vez que ocurre, ya ha pasado y con sustancias más peligrosas pero opera con la complicidad de muchos intereses nacionales e internacionales.

En el expediente 0106/146/ DI/21 de la PROFEPA en Puebla, la dependencia federal aseguró que inspeccionó a las empresas Agricultura Nacional y Maquiladora de Polvos, ambas pertenecientes a Grupo Dragón y fusionadas en 2008, y funcionando desde entonces en Izúcar de Matamoros. La PROFEPA determinó que como resultado de las visitas se comprobó que “esta última incurrió en incumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y que para ambos casos se emitió una resolución administrativa mediante la cual se imponen medidas correctivas a ambas empresas”. En su documento resolutivo, la dependencia federal omite responder cuáles fueron esos incumplimientos, así como tampoco indica cuáles fueron las “medidas correctivas”. La PROFEPA determinó que la denuncia que se hizo en contra de la empresa Dragón estaba “concluida”. Tras la reciente explosión en la Planta de Izúcar de Matamoros, la dependencia federal no ha fijado una postura pública como tampoco ha intervenido en la empresa, declarando solo Manuel Díaz García, delegado de la PROFEPA, que la sustancia no es considerada peligrosa, aunque irrita los ojos y las vías respiratorias. Sin embargo, según el Catálogo de la Comisión Intersecretarial para el Control, Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicloplafest) una exposición aguda al dimetoato puede tener efectos graves como: irritación ocular, náuseas, salivación, mareo, fallo respiratorio y eventualmente la muerte. Cabe resaltar, que la información que difundieron los gobiernos fue con base en lo que la empresa aseguró, y no existe un sólo dictamen elaborado por algún perito certificado, por la PROFEPA o alguna instancia de seguridad nacional.

Desde su instalación en 1992, en Izúcar de Matamoros, los pobladores exigieron su clausura, y lo lograron temporalmente, no obstante fue reinauguradael 28 de febrero de 1996, por el entonces gobernador de Puebla Manuel Bartlett. La fábrica tiene la posesión del predio donde se instala, lo que le da derecho de no solicitarle al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros el derecho de uso de suelo. La defensa legal aparece con un amparo federal y siempre argumenta lo mismo, pues han sido tres Ayuntamientos quienes han intentado reubicarla sin que se logre el objetivo. Dicha empresa se estableció con una inversión de 30 millones de dólares, pero en la actualidad obtiene ingresos de manera impresionante.

Agricultura Nacional, S.A. de C.V. “El Dragón” se divide en Planta de polvos y Planta de líquidos para poder producir insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas, coadyuvantes y especialidades. El Dragón, millonaria empresa trasnacional, exporta sus productos químicos a Dinamarca, Alemania, Suiza, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá; el delegado de la PROFEPA en 1996, Arturo Gómez Barrero, reveló que la factoría no cuenta con una planta de tratamiento pues sus procesos y generación de desechos no lo requiere.

Servicios de Salud del Estado de Puebla (SSEP) conjuntamente con la Dirección de Protección Civil, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), peritos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Salud (SSA) entregarán en 45 días el dictamen ecológico ambiental y epidemiológico para determinar la pertinencia de que siga o no operando en Izúcar la fábrica de pesticidas "El Dragón", que en la explosión de marzo reciente, ocasiono la intoxicación a más de 750 habitantes, aún cuando las cifras oficiales lo nieguen.

El secretario de Gobernación estatal, Valentín Meneses Rojas, ante los próximos comicios en el Estado, acusa a los partidos políticos, agrupaciones campesinas y maestros disidentes de tomar como bandera común clausurar de forma definitiva o reubicar a la empresa Agricultura Nacional, S.A. de C.V. “El Dragón”. El secretario dejó en claro que preocupa tanto a las autoridades estatales como municipales y pobladores que la agroquímica se ampare y eso evite que se inicie un proceso legal que dure muchos años, lo que dificultaría cualquier oportunidad de clausura o reubicación definitiva de esta agroquímica del municipio de Izúcar de Matamoros, pero han dejado pasar el tiempo, y los lugareños continúan con síntomas de deterioro de su salud, y constantes olores de sustancias químicas.

En los últimos seis años, los médicos particulares de Izúcar de Matamoros,  han detectado 144 casos de diversos tipos de cáncer entre la población, a un ritmo de dos casos por mes, y en casi todos ellos los pacientes están en la fase terminal; existen pacientes con malformaciones congénitas que estarían relacionadas con la presencia de dioxinas en ese municipio de la Mixteca poblana, consideradas las sustancias más cancerígenas que existen en el planeta. Cifras comprobadas, aún cuando faltan estadísticas e información oficial para que pudiera dar certidumbre sobre la relación que existe entre  ese tipo de enfermedades y la actividad industrial en la zona. De los 144 casos por lo menos 15 por ciento de los pacientes, ya murió y  10 por ciento de éstos trabajaba en Agricultura Nacional.

La nube tóxica que se produjo tras la explosión, en las instalaciones de la fábrica que se ubica al noreste de la Ciudad de Izúcar, donde convergen los vientos dominantes del noreste–sureste, que llevan la lluvia a este valle, fue trasportada hasta las comunidades de Raboso, Agua Escondida, Matzaco, San Nicolás, Ayutla, San Carlos, Colucán e incluso puedo llegar hasta Tepeojuma, Atlixco, Chietla, Chiautla, Tehuitzingo, Tilapa y Tepexco, en el Estado de Puebla, y Axochiapan, Amayuca, Jantetelco, Tepalcingo y Cuautla, en el Estado de Morelos, donde habitan cientos de miles de personas. Sin embargo, en temporada de lluvias las corrientes de aire llegan sin problema alguno hasta la Ciudad de Puebla.

De acuerdo con la página de Internet (www.dragon.com.mx/GrupoDragon.htm), de la planta de Izúcar de Matamoros, se estarían manejando unos 130 productos altamente nocivos elaborados con tipos de plaguicidas de uso restringido por la SEMARNAT, como el paraquat, el pentaclorofenol y el ácido 2,4-D cuyo uso esta prohibido en México, pero que esta empresa utiliza para elaborar herbicidas como el dragopax y fitoamina 40; de acuerdo al listado de Actividades Altamente Riesgosas de la Ley General de Equilibrio Ecológico, el derrame, explosión o exposición de un solo kilo de esta y otras sustancias como el aldircarlo, faradán, fosfato de zinc y el metil paradón causaría graves riesgos en el medio ambiente y la salud humana. En  Dragón fueron expulsados al aire poco menos de 400 kilos de diametoato en un área de 40 kilómetros a la redonda. Cabe resaltar que son las mismas sustancias que explotaron en Anaversa en 1991 y que son una bomba de tiempo para más de 70 mil habitantes de Izúcar de Matamoros, sin contar la población de la zona conurbada, una de las más pobres de los Estados de Puebla y Morelos.

En Izúcar de Matamoros, la respuesta de la población fue inmediata, y se ha organizado un Comité Ciudadano, ajeno a partidos políticos, y cualquier interés que no sea el de expulsar de la región a la empresa que contamina y atenta contra la salud publica, y el deterioro del medio ambiente. El Comité ha lanzado un ultimátum para que “El Dragón”, salga en un plazo no mayor a 15 días, de lo contrario las acciones se tornaran radicales, impidiendo el paso a los transportes de la empresa por el territorio, que comunica los Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos. Desde el momento de la explosión, diferentes comunidades y Barrios afectados, se han manifestado tres ocasiones; entre gritos y desorden, la comisión ciudadana logró ingresar el pasado 5 de abril, a la planta para verificar que no están en operación  y no se continúan fabricando insecticidas y herbicidas. El grupo fue guiado por el responsable de seguridad de interna de la planta Gilberto Moreno; José Sánchez, gerente de producción; Víctor Manuel Sánchez Pérez, gerente de calidad, y el abogado externo Fernando Cabrera, quienes accedieron a prácticamente todas las peticiones del consejo. Este último abrió la posibilidad de que “El Dragón” salga de Izúcar de Matamoros; sin embargo, sus demás compañeros desecharon esa posibilidad, pues afirmaron que la empresa está haciendo “inversiones importantes” en la planta para mejorar los sistemas de seguridad. 

Durante el recorrido, se observó que la empresa “El Dragón” maquila productos para otros consorcios trasnacionales de agroquímicos, como DuWest, una empresa asociada con DuPont que tiene su sede en Guatemala y un mercado de “protección de cultivos a través de  herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares y otros”. Ahí también realizan otros productos para la empresa Yara de México, que produce y comercializa fertilizantes nitrogenados en más de 120 países. Otras empresas que también solicitan pedidos a la planta de Izúcar de Matamoros de Agricultura Nacional son Novartis Salud Animal, Avista Lifescience de México, Chemtra Corporation, BASF Mexicana y FMC Agroquímica, todas distribuidoras de insecticidas, pesticidas y herbicidas.

Por otra parte, mientras el consejo subrayaba que el movimiento es completamente ciudadano y que no se han involucrado políticos de la región, es importante señalar que José Luis Pineda Ramírez fue nombrado como presidente de este consejo al ser quien organiza las marchas contra la empresa. El año pasado, Pineda fue quien encabezó el movimiento en contra del edil suplente de Izúcar de Matamoros, Arturo Herrera (quien sustituyó a su cuñado Rubén Gil, detenido en Estados Unidos por Narcotráfico, ver http://www.contraparteinformativa.com/interna-columna.php?detalle=809&id_columnista=1), y apoyó que Rubero Galileo Suárez Matías llegara a la alcaldía, aunque hoy estos dos actores se encuentran distanciados. No podemos dejar de criticar entonces, el oportunismo de políticos e intereses de partido, que ante la inestabilidad de la región considerada el principal bastión del Partido de la Revolución Democrática, en un Estado gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, se aprovechan de la catástrofe ambiental para obtener votos en las próximas elecciones locales.

Ante el agotamiento en América Latina del proyecto político-ideológico del Estado como interventor y benefactor, así como su incapacidad para asumir autónomamente sus responsabilidades, se dibuja con relativa fuerza en los escenarios emergentes que orientan la transición de contexto latinoamericano al siglo XXI, un nuevo actor, la Sociedad Civil. La actuación de este nuevo actor, bajo la figura de movimientos sociales – ecologistas, se perfila como importante fuerza política que ha asumido tanto la denuncia y la crítica al sistema, y a los valores compartidos de la modernidad como un reclamo de nuevos espacios de participación en la solución de muchos de los problemas que ha agrandado “la modernización”, entre ellos el deterioro ambiental y el crecimiento de la pobreza. En el caso de los movimientos ambientales, y en especifico la organización que se gesta para expulsar a “El Dragón” de la mixteca poblana, debemos analizar la particularidad de las demandas sociopolíticas que se plantean como una respuesta social a los cambios globales y las implicaciones de trastocamiento de los espacios vitales.

Debemos tomar en cuenta también, que las grandes corporaciones han instrumentado diversos mecanismos de cooptación para disminuir las presiones y denuncias que hacen los movimientos ambientales, así como para evadir sus responsabilidades de deterioro ambiental y depredación del capital natural, existente en las regiones del tercer mundo y especialmente en América Latina, entre estos, han asumido el discurso ecológico y, específicamente el discurso del “desarrollo sustentable”; así mismo han logrado desarrollar nuevas industrias y/o modificar de manera aparente algunas etapas de sus procesos productivos o de comercialización, apareciendo en el mercado con “nuevos” productos de carácter “ecológico”, no contaminantes y por supuesto no dañinos para la salud. En ultima instancia, empresas como Agricultura Nacional, S.A. de C.V., optan por trasladarse a otros municipios donde puedan continuar su proceso de acumulación de riqueza, por encima del respeto a la salud humana y el medio ambiente, siempre afianzados en sus relaciones con el poder político, y la presión de las empresas trasnacionales que se ven beneficiadas de igual forma. Si el Consejo Ciudadano en Izúcar de Matamoros, logra expulsar a “El Dragón” de su territorio, mostrará de la fuerza que puede conseguirse de manera organizada, y no deberá concluirse sólo en ese triunfo, sino en que se constituya un movimiento a largo plazo en defensa del medio ambiente, los recursos naturales, la salud, y la calidad de vida.

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*Originario de Izúcar de Matamoros. Licenciado en Economía egresado del IPN, con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de la ESCA Tepepan, en el IPN.

 

Imágenes:

1.- Fotoreproducción de la edición de El Mundo de Córdoba, donde se refiere la tragedia de 1991 en Anaversa, que aunque con otra razón social, es la misma empresa, responsable de la fuga de químicos registrada el la madrugada del 24 de marzo en Izúcar de Matamoros, Pue.

2.- Marcha del 24 de marzo de 2010 en Izúcar de Matamoros, cientos de vecinos salieron a las calles en repudio de la agroquímica. En el recuadro, la noche del incidente. FOTOS: Fotos José Luis Torres y José Castañares, La Jornada de Oriente.

3.- Los pobladores se han manifestado en continuas ocasiones frente a la empresa, exigiendo su salida inmediata del territorio. Foto: José Castañares, La Jornada de Oriente.

4.- Instalaciones de lo que fue la fábrica de pesticidas y fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), donde hace 16 años ocurrió uno de los peores accidentes de la industria química en el continente, cuyas secuelas persisten. Foto: Miguel Carmona.