Escrutinio No. 46

Edgar Baltazar Landeros

El pasado 9 de marzo Marcelo Ebrard presentó el consejo consultivo para la reforma política del DF. Ahí, el jeje de Gobierno capitalino reconoció la dificultad de gobernar una entidad que no se encuentra en igualdad de facultades que los estados de la República. Ebrard ejemplificó esto con la iniciativa de ley de seguridad pública para el DF que presentó Calderón ante la Cámara de Diputados, el hecho de que el Congreso sea el que apruebe el endeudamiento de la capital, además de que el Senado tenga la facultad de poder destituir al jefe de Gobierno. El político instó así a promover una reforma política que haga del DF una entidad con las mismas facultades que las demás de la República.

Algunos días después, el 23 de marzo, la senadora del PRI María de de los Ángeles Moreno presentó una iniciativa de reforma política para el DF, ajena tanto a los deseos de Ebrard como a todo proceso de democratización del gobierno capitalino. La propuesta priísta pretende sustituir la figura del jefe de Gobierno por la de alcalde, así como convertir las 16 delegaciones de DF en al menos 20 departamentos territoriales.

La propuesta presentada por Moreno, presidenta de la Comisión del DF en el Senado, niega la posibilidad de que la entidad cuente con su propia Constitución, omitiendo así convertir al DF en el estado 32. Se propone también que el ejecutivo federal ratifique el nombramiento del secretario de Seguridad Pública y que el alcalde de la ciudad pueda ser removido por el Senado. El poder ejecutivo de la capital, en esta propuesta, recaería en al figura de la “gran alcaldía”, conformada por el propio alcalde y 17 colegiales elegidos por voto universal y secreto.

El académico de la UNAM Arnaldo Córdova calificó a esta iniciativa de “mariguanada autoritaria priísta” (La Jornada, 28 de marzo de 2010). Es reiterada la intención priísta de controlar al gobierno capitalino, negándose a constituir un estado y a dotar a los ciudadanos de esta entidad de los mismos derechos que los del resto del país. Convertir al DF en un gran municipio implica restarle soberanía a la capital, pues ésta no sería una entidad igual a las demás que integran el Pacto Federal. Vislumbrando a un futuro presidente priísta, este partido piensa allanar el camino para que la Federación reconquiste el control de la capital de la república. La iniciativa, por ejemplo, propone que el Zócalo capitalino sea un bien de dominio público de la Federación; es decir, se trata de expropiar espacios institucionales y hasta físicos conquistados por la ciudadanía.

De perpetuarse esta intentona autoritaria priísta existiría un retroceso histórico de más de ocho décadas. En 1928 se creó el Departamento del Distrito Federal (DDF) como órgano de gobierno capitalino al servicio de los designios presidenciales, como propone actualmente el PRI. Los regímenes priístas gozaron de las prerrogativas derivadas de este modelo autoritario, esto aún en las reformas que ellos mismos le introdujeron. Por ejemplo, Echeverría creo supuestas instancias de representación ciudadana en la capital, tales como las juntas de vecinos, las asociaciones de residentes y los comités de manzana; instancias que, corrompidas por la naturaleza fraudulenta del sistema político imperante, solamente alimentaban las redes clientelares del partido hegemónico.

En tiempos de JOLOPO el autoritarismo priísta introdujo cínicamente las figuras del referéndum y la iniciativa popular en la reforma de 1978, herramientas que en la realidad  brillaron por su ausencia en un contexto de nula apertura sustantiva. El enmascaramiento de las intenciones democráticas por medio de un discurso democrático no es pues una novedad del priísmo del siglo XXI.

En la década de los ochenta, la fuerza del movimiento urbano popular, el auténtico surgimiento de la sociedad civil tras los sismos del 85 y la paliza electoral propinada por Cárdenas Solórzano al PRI en la elección del fraude del 88 (según las propias cifras oficiales el candidato del FDN ganó 37 de los 40 distritos electorales del DF), obligaron al PRI a considerar una reforma política para la capital. El PRI impulsó entonces una reforma política no para satisfacer las demandas de democratización sino para asegurar su hegemonía. Así, en 1988 no se creó el estado 32 pero sí la Asamblea de Representantes del Distrito Federal como un remedo de congreso local al servicio del presidente y su partido (que aún convertida en Asamblea Legislativa en 1994 continúa hasta hoy supeditada al Congreso de la Unión).

Después del duro golpe de la elección presidencial de 1988, en la elección intermedia de 1991 el PRI recobró el camino perdido. Bajo el mandato presidencial de Salinas y la regencia de Camacho Solís, se hicieron algunas modificaciones constitucionales en 1993. Con esas reformas, se pretendió dar la vuelta a la elección directa de las autoridades del DF, pues se dejaba aún al presidente la facultad de nombrar  al jefe capitalino, además de que se introdujo una cláusula de gobernabilidad que preveía una sobrerespresentación priísta para la Asamblea que sería renovada en 1997.

Mientras el priísmo gobernante conspiraba nuevamente para negar a la ciudadanía capitalina sus derechos políticos, en 1993 se realizó un plebiscito ciudadano donde los participante manifestaron su acuerdo por que el DF se convirtiera en un Estado de la Federación, que el gobierno de la capital se eligiera por voto universal y directo y que además la entidad contara con un poder legislativo propio. Algunas de estas demandas fueron incorporadas en la reforma política 1996. En esta se estipuló que el jefe de Gobierno del DF sería electo mediante sufragio libre, secreto y directo a partir de 1997, lo mismo para los jefes delegacionales a partir del año 2000. El estado 32 fue nuevamente ignorado.

Esa limitada pero importante reforma le permitió a Cuauhtémoc Cárdenas barrer en la elección de 1997 y convertirse en el primer jefe de Gobierno electo del DF. A partir de entonces el PRD no ha perdido la jefatura en la capital, de modo tal que se convierte en una piedra en el zapato para los planes priístas de una nueva hegemonía dirigida desde los Pinos. Las pretensiones autoritarias contenidas en la última iniciativa priísta atentan no solo contra los intereses de un partido rival sino contra el proceso de democratización y conformación de un gobierno propio. El PRI procura para los ciudadanos del DF un trato de segunda, no obstante, queda a la sociedad civil capitalina demostrar que es una ciudadanía participativa de primera, capaz de movilizarse y echar abajo el retroceso histórico que cocina el partido tricolor.