Escrutinio No. 43

Escrutinio No. 43 | Lunes 22 de febreo de 2010.

Villalpando, opacidad. Foto de Leonardo Soto.

Mucha fiesta, pero sin rendición de cuentas. Con bombo y platillo Felipe Calderón presentó el 10 de febrero pasado el “Programa de Actividades de las Conmemoraciones 2010” por el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Independencia.

Entre políticos, ciudadanos destacados y los “elencos artísticos” de Televisa y TV Azteca, reunidos en el Centro Banamex, el Mandatario anunció que se llevarán a cabo alrededor de 2 mil 300 eventos conmemorativos por todo el País y aprovechó, previo a su primer viaje a Ciudad Juárez, para llamar a los mexicanos a la unidad… pero la información de cómo y en qué se ejercerá el presupuesto designado a los festejos patrios no se conocerá sino ¡hasta el 2022!

Sólo se sabe que inicialmente se destinaron mil 600 millones de pesos, de los cuales 660 millones, se estima, son para el espectáculo conmemorativo del 15 de septiembre de 2010 en el Zócalo del País. Tal evento será producido por el australiano Ric Birch, quien ha producido las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 1984, y de Beijing, en 2008, así como el festejo del 25 aniversario de la Independencia de Singapur, en 1990. (Excélsior, 23 de noviembre de 2009).

El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), institución que administra los gastos de la Comisión de los Festejos 2010, reservó por 12 años la información de cómo y en qué se gastará el presupuesto para los eventos del Centenario y Bicentenario. Y aunque en principio por ley dicha información debiera ser pública, con la decisión de Banjercito no se sabrá ni el nombre de las empresas ganadoras de licitaciones ni cuánto costará cada evento o el monto total de las obras conmemorativas que se construirán.

La fracción IX del artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el 12 de junio de 2003, establece que los “sujetos obligados” (Poderes Ejecutivo, Legislativo, y Judicial federales, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos y órganos federales) deben poner a disposición del público:

“La información del presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.”

La fracción XIII de la ley referida, pos su parte, especifica aclarar: “Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable, detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados… b) El monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) Los plazos de cumplimiento de los contratos.”

Por lo tanto, reservar la información de los festejos patrios ni transparenta la gestión pública ni garantiza el principio de “publicidad de la información en posesión de los sujetos obligados”, según estipula la Ley de Transparencia en sus artículos 4 y 6, respectivamente.

Y no sólo eso, se contraviene también a la fracción V del artículo 6 constitucional, la cual es fruto de la Reforma Constitucional que en marzo de 2007 se le hizo al artículo que garantiza la libre manifestación de las ideas y el derecho a la información, que enuncia:

“Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.”

Ahora bien, la Ley de Transparencia dice, en sus artículos 13 y 14, que la información “reservada”, en términos generales, es aquella que ponga en riesgo la seguridad nacional, la que pueda dañar la estabilidad financiera y económica del país o los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado por una disposición legal.

El costo de los festejos que darán cuenta del discurrir de nuestro País por 200 años quedará sepultado como si se tratara de información que pusiera en riesgo a la Nación. Ante ello, algunas preguntas obligadas que se desprenden son: ¿Con qué argumento Banjercito decidió reservar la información de cómo y en qué se ejercerán los recursos de los festejos del Centenario y Bicentenario? ¿Por qué se reservó la información por el máximo periodo que establece la ley, que es 12 años? ¿Quiénes son las empresas que ganaron las licitaciones?

La opacidad del gobierno Federal en este sentido nos da cuenta de por qué no es extraño que José Manuel Villalpando, coordinador ejecutivo nacional de los festejos patrios, ignore cuánto costarán los eventos conmemorativos, pues al término de la presentación del “Programa de Actividades”, respondió a los reporteros sobre los costos: “Aún no lo sé, aún no lo sé”.

“No lo sé porque apenas lo voy a empezar a hacer”, dijo Villalpando a la pregunta de cuánto costará el espectáculo de la pantalla gigante que recorrerá la República, y a la interrogante sobre el monto y quién será la empresa que estará a cargo del envío mensajes a celulares, el coordinador ejecutivo nacional de los festejos 2010 CyB, contestó: “No lo sé… todavía no tengo pensado eso”. (www.twitter.com/pajaropolitico).

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Escucha las declaraciones de José Manuel Villalpando: