Escrutinio No. 42

Escrutinio No. 42 | Lunes 1 de febrero de 2010.

A partir de este lunes 1 de febrero, la tarifa mínima de combis, microbuses y camiones de los municipios que conforman el área metropolitana del Valle de México aumenta de 5.50 a siete pesos.

En otras palabras, se trata de un incremento de 27.27 por ciento respecto del precio anterior. Una persona que gane el salario mínimo —57.46 pesos en la zona geográfica “A”— gastará más de la cuarta parte de éste —14 pesos, o sea el 27.36 por ciento— en un viaje de ida y vuelta… y eso suponiendo que sólo haga el recorrido mínimo, porque cada kilómetro adicional a los cinco primeros equivale a 16 centavos más.

La gente que va desde municipios como Zumpango, Jaltenco y Huehuetoca hasta el Distrito Federal se gastará unos 44 pesos diarios en transporte —22 de ida y 22 de vuelta; en conjunto 76.57 por ciento de un salario mínimo—. Diariamente, decenas de miles de habitantes de los municipios conurbados del Estado de México se trasladan al Distrito Federal para trabajar o ir a la escuela. La afluencia no sólo proviene de los municipios aledaños a la Ciudad de México, sino que incluye poblaciones muy alejadas, entre ellas algunas del estado de Hidalgo.

No son nada excepcionales los casos de gente que invierte en promedio seis horas al día —tres de ida y tres de vuelta; en conjunto más de la tercera parte de la vida activa diaria de un ser humano— para transportarse a su lugar de trabajo o estudio. Como núcleo económico, una fracción considerable de la fuerza de trabajo que labora en el Distrito Federal formal o informalmente radica en las poblaciones del área metropolitana del Valle de México.

En particular, municipios habitacionales como Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl, auténticas bombas demográficas, proveen diariamente una afluencia explosiva de trabajadores y estudiantes (como se puede constatar de manera simple presenciando las horas pico en las rutas que conectan con estos municipios, como las líneas “A” y “B” del metro).

Dadas estas condiciones, no será despreciable el daño que infligirá el aumento de tarifas de transporte público a decenas de miles de economías familiares en forma directa. Y menos tratándose de un aumento tan cuantioso, si se tiene en cuenta la comparación con el aumento del salario mínimo para este año: 4.85 por ciento. Por si fuera poco, la medida entra en vigor cuando la gente aún carga a sus espaldas con el peso de la cuesta de enero. Tiene apenas año y medio que se registró el último aumento a la tarifa de transporte público en los municipios del área metropolitana del Estado de México, cuando el precio mínimo subió de 4.50 a 5.50 pesos en agosto de 2008.

Ya de por sí entonces se trató de un aumento oneroso para los usuarios —22.22 por ciento más sobre el precio anterior—; el de ahora, de 1.50, será peor. Dicho con otras palabras: en sólo año y medio, la tarifa mínima pasó de 4.50 a siete pesos; un incremento de 55.55%. La medida, autorizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se venía fraguando desde finales del año pasado, ante los reclamos de los choferes y concesionarios, quienes exigían que el aumento fuera de dos pesos.

La justificación: el aumento en el costo de la gasolina, refacciones automotrices y otros insumos, agudizado por la reedición del gasolinazo que llevó a cabo el gobierno federal en diciembre (lo que echó por tierra la promesa hecha por Felipe Calderón de no aumentar el precio de los combustibles en todo 2009).

Finalmente, el pasado viernes 29 de enero, la Secretaría de Transporte del Estado de México, a cargo de Luis Felipe Puente Espinosa, hizo oficial el aumento a la tarifa. Durante el anuncio, Juan Sánchez Peláez, presidente vitalicio de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (mejor conocida como “la triple A”), se aventó la puntada de decir que, según “estudios realizados por el Instituto Politécnico Nacional”, la tarifa mínima real debería ser de 10.28 pesos, pero el gobierno estatal y los transportistas acordaron que se fijara en siete pesos. Las protestas no se han hecho esperar.

Por lo pronto, líderes sociales en varias comunidades han comenzado a expresar la inconformidad y el enojo de los usuarios. En foros de internet dedicados al tema también se trasluce la rabia de quienes apenas podían ya con la carga que les significaba el precio del transporte público diario y que, ahora, se las verán negras para seguir pagándolo. Una de las consecuencias de este incremento en la tarifa a mediano plazo, prevén dirigentes sociales, es la deserción escolar. Hay estudiantes cuyas familias no podrán continuar solventando el gasto en transporte, sobre todo cuando se trata de dos o más hijos en edad escolar. A esto se suma la escalada general de precios, con el aumento del IVA a 16% aprobado por los legisladores el año pasado.

La respuesta del gobierno de Peña Nieto ante la desesperación social: el silencio. La indolencia. ¿Subsidiar el servicio de transporte público como se hace en la Ciudad de México? Jamás. Hay gastos más importantes, como subsidiar a Televisa. El metro y la demagogia La mayoría de las personas que se trasladan del Estado de México al Distrito Federal utilizan el metro. O sea que, a los cálculos hechos anteriormente, súmense por lo menos seis pesos, costo de un viaje de ida y otro de vuelta en este sistema de transporte (y otros seis pesos si se viaja en la línea “A”, que funciona como un sistema independiente del resto y cobra otro boleto).

El aumento de 50 por ciento en el precio del boleto del metro —de dos a tres pesos—, que entró en vigor con el año nuevo, adquiere matices un tanto distintos a los de otros incrementos en tarifas de transporte público. En primer lugar, se trata del servicio de transporte que había mantenido por más tiempo su precio estable: el último aumento tuvo lugar en diciembre de 2001, cuando el precio pasó de 1.50 a dos pesos.

Se trataba además del medio de transporte más barato en la Ciudad de México. Ya otros medios como el Metrobús, los microbuses, camiones y trolebuses, habían tenido considerables incrementos de precio en los últimos meses (como dio cuenta Escrutinio en su número 31 (1).

En los años anteriores el gobierno del Distrito Federal ocasionó polémica cada vez que optó por no subir el precio del boleto del metro, porque pese a tratarse de uno de los servicios más subsidiados, falla con gran frecuencia y una parte considerable de su infraestructura se encuentra en malas o pésimas condiciones. Ahora que por fin se realizó el incremento del precio, se echa de ver que no por necesario es menos gravoso para los usuarios.

Durante décadas, el metro se consolidó como el transporte popular por excelencia en la Ciudad de México, y son precisamente los más pobres, aquellos que por necesidad utilizan diariamente este medio, quienes resienten más el aumento. Por esa razón, dicha medida fue acompañada por una intensa campaña, con la cual el gobierno de la ciudad buscó convencer a los usuarios de la insoslayable necesidad de subir el precio. Si bien a la administración de Marcelo Ebrard no se le puede acusar en este sentido de insensibilidad social, sí puede señalarse su demagogia, por valerse de argucias execrables para dar una imagen de consenso en torno al aumento del boleto. Por ejemplo, la encuesta aplicada durante los últimos días de diciembre en las instalaciones del metro.

Para esas fechas, cuando el aumento de precio ya era un hecho más que confirmado, la realización de dicha encuesta no puede considerarse más que como una burla, sobre todo cuando se verifica el sesgo y el amañamiento de las preguntas. Así, sólo por mencionar un botón de muestra de una encuesta que en su formato más parecía un volante propagandístico del gobierno de la Ciudad de México, ninguna de las preguntas presentaba expresamente la opción para que el usuario se pronunciara por mantener el precio del boleto del metro en dos pesos. La única pregunta a propósito de la cuestión del precio ofrecía una lista de opciones desde los tres a los ¡cinco pesos! y la posibilidad de anotar otra cantidad.

No extraña, pues, que al día siguiente la fracción perredista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se ufanara de que el 74 por ciento de los encuestados hubiera estado conforme con el aumento del precio a tres pesos. Otro elemento igual de infame de la campaña para legitimar el incremento al boleto del metro fue la leyenda que a partir de enero se encontró impresa afuera de taquillas y en los propios boletos: “Costo real: más de $9.00. En apoyo a tu economía sólo $3.00”.

Al recordar a los usuarios la cuantía del subsidio gubernamental, el mensaje latente hacia ellos parece ser que, no obstante lo oneroso que para sus bolsillos sea el nuevo precio, deben mostrarse agradecidos porque sólo subió a tres pesos y no mucho más. ¿Qué si el aumento era necesario?

Quizá. Pero lo condenable es que, por si fuera poco el sacrificio que implica para miles de economías familiares pagar un peso más por cada boleto, el aumento de precio se pretenda vender a la ciudadanía como una especie de “triunfo” de la voluntad popular y que, encima, se exija implícitamente un agradecimiento por el subsidio que, parecen olvidarlo los gobernantes, sale directo de los impuestos que pagan los ciudadanos.