Escrutinio No. 40

Escrutinio No. 40 | Miércoles 23 de diciembre de 2009.

El pasado martes 15, Felipe Calderón sorprendió al país, al enviar una inesperada iniciativa de reforma política al Congreso de la Unión. La presentó ante los medios de comunicación bajo la forma de un decálogo —formato ya típico en otras propuestas y discursos del presidente—, cuyos puntos se mueven entre la demagogia y el gatopardismo, con la excepción de dos o tres propuestas de avanzada y otras potencialmente nocivas.

Sin embargo, la iniciativa de Calderón, más que por su contenido manifiesto, se puede definir por sus omisiones: en ninguno de sus puntos aborda, por ejemplo, la posibilidad de la revocación de mandato, el plebiscito o el referéndum, ésas sí auténticas medidas de vanguardia, que de verdad justificarían el discurso con el que presentó su propuesta: “Que quien ejerza el poder se someta, de manera más clara y contundente, a la opinión de los electores.

El ciudadano deberá ser quien premie el buen desempeño o quien castigue un ejercicio irresponsable e insensible del poder”. Debido a dichas omisiones, el grueso de su discurso adolece de vacuidad. Sobre todo, como han coincidido varios expertos y analistas en los últimos días, la reforma ignora olímpicamente la devaluación que ha sufrido, en términos de poder efectivo y de credibilidad, el voto ciudadano.

Desde las fundadas sospechas de fraude en las elecciones de 2006 hasta el movimiento por la anulación del voto en las de 2009, el valor del sufragio no ha hecho más que caer en picada.

La reforma de Calderón no propone medidas para restaurar la confianza en que éste será respetado. A continuación se describen y analizan, una por una, las propuestas que componen la iniciativa presidencial.

Las propuestas de avanzada

1. Establecer la segunda vuelta electoral para la elección de presidente de la república siempre que ninguno de los contendientes haya obtenido más del 50% de los votos emitidos. Se trata de una vieja demanda de los partidos de izquierda y alas progresistas en varios países del mundo, que permite revestir a los procesos electorales con la cualidad de la certeza.

De haber existido esta medida en 2006, la legitimidad del ganador de las elecciones sin duda hubiera sido mucho más sólida, con lo que muy probablemente se hubieran evitado un sinfín de conflictos.

Sin embargo, la efectividad de la segunda vuelta para conferir mayor legitimidad al ganador de unas elecciones reñidas podría quedar severamente disminuida debido a la profunda desconfianza en el voto que se ha generado entre los mexicanos, y la falta de mecanismos que aseguren que las autoridades respetarán el sufragio: la herida de 2006 sigue abierta.

2. Crear la figura de iniciativa ciudadana de ley para que organizaciones o personas puedan presentar sus propios proyectos a las cámaras legislativas. En principio, ésta es una buena propuesta; sin embargo, todo su mérito corre el riesgo de quedar nulificado debido a la marcada indolencia de los diputados y senadores mexicanos. Aún cuando las iniciativas ciudadanas puedan llegar al Congreso, debe establecerse un proceso claro para que las propuestas valiosas no queden en la congeladora legislativa o se releguen al olvido. Inocuidad, demagogia y gatopardismo

3. Incorporar la figura de candidatura independiente a nivel constitucional para todos los cargos de elección popular. Aunque cabe clasificar esta propuesta como una de las “de avanzada” dentro de la iniciativa de Felipe Calderón, debe tenerse en cuenta que, en realidad, no se trata de un cambio de fondo.

Más bien, su inclusión en la iniciativa huele a demagogia. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta que la buena acogida que da la opinión pública al establecimiento de candidaturas independientes se debe, primordialmente, a un solo factor: el desprestigio creciente de los partidos políticos.

Sin embargo —atendiendo a la opinión de expertos como José Woldenberg, exconsejero general del Instituto Federal Electoral—, toda candidatura independiente tiende a crear, inevitablemente, una estructura análoga a la de un partido político alrededor de sí. En rigor, no existe una diferencia sustancial, de fondo, entre un candidato postulado por algún partido político y uno “independiente”.

4. Reconocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atribución para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia. Al menos por ahora, este punto del decálogo no ha merecido mayor polémica y, por lo demás, sus efectos tendrían lugar más en el ámbito propiamente jurídico que en el político.

5. Reducir el número de integrantes del Congreso: en la Cámara de Senadores se eliminarían los 32 escaños electos de una lista nacional para dejar sólo 96; en la Cámara de Diputados se reducirían de 500 a 400 (240 por mayoría relativa y 160 por representación proporcional).

Sin duda, esta es una de las propuestas que goza de mayor aceptación entre la población: como en el caso del punto referente a las candidaturas independientes, aprovecha el enorme desprestigio de los partidos y sus congresistas para ganarse el ánimo aprobatorio de la gente.

Sin embargo, merecería un análisis más serio, puesto que la reducción de legisladores no necesariamente significaría una solución al grave problema de falta de representatividad que atraviesa nuestro sistema legislativo.

Incluso, bien podría ser que esta propuesta vaya encaminada en sentido contrario, al favorecer la desaparición, o por lo menos un mayor debilitamiento, de los partidos pequeños.

Esta tendencia se confirma decisivamente en el punto 8. 6 y 7. Reelección consecutiva, hasta por 12 años, de a) alcaldes, miembros de ayuntamientos y jefes delegacionales en la Ciudad de México; y b) legisladores federales. Independientemente de que la reelección en sí misma constituya una propuesta altamente impopular en México por razones históricas y culturales, implica serios riesgos y, en última instancia, ningún beneficio de fondo si se llega a aprobar.

No deja de ser sospechoso que el tema de la reelección haya aparecido con bastante intensidad en las agendas mediáticas justo en los días anteriores a la presentación de la iniciativa calderonista.

Sus defensores, en su mayoría destacados miembros de la intelectualidad “políticamente correcta” —los mismos que en 2000 llamaban al “voto útil” y en julio de este año promovían el “voto nulo”—, aducen que la reelección permitiría que los ciudadanos cuenten con un mecanismo para premiar o castigar el desempeño de los políticos. Lo mismo afirmó Calderón en su discurso del martes 15: “El que gobierne bien que siga en el cargo y el que gobierne mal o mediocremente, que se vaya”.

Y sin embargo, su iniciativa jamás propone, por ejemplo, la revocación del mandato, mecanismo que sí volvería efectivas, literalmente, esas palabras. Existen grandes inconvenientes para la reelección en nuestro país, aunados a fenómenos como el clientelismo político y el dominio de las elecciones a través del dinero, entre otros. A nivel municipal, la reelección favorecería la preservación de cacicazgos, fenómeno muy vigente en amplias franjas del país.

Mientras que a nivel federal, en el caso de los legisladores, tendría un efecto mucho más pernicioso: el fortalecimiento aún mayor de poderes fácticos y en especial de la radio y la televisión, problema que se verifica en otros países donde hay reelección legislativa: preocupados por su imagen y en campaña política permanente, los legisladores se deberían por completo a los dueños de la imagen y la palabra.

8. Aumentar el mínimo de porcentaje de votación para que un partido conserve su registro, del 2% al 4%. Aunque pocos lamentarían la desaparición expedita de los partidos pequeños, la realidad es que esta propuesta, entendida dentro de su contexto, está dirigida de modo especial contra la izquierda como conjunto.

Se trata, en realidad, de un paso más en el camino hacia un sistema bipartidista dominado por los ya indistinguibles PRI y PAN (o si acaso uno tripartidista con el inefable Partido Verde, que ya superó por mucho el 4% de votación). Tal aspiración es deseable sólo para la derecha.

De los partidos que se pueden agrupar bajo la égida de la izquierda en nuestro país, muy probablemente sólo el PRD sobreviviría a una medida como la que propone Calderón, y aún dicho partido se vería condenado a la más absoluta marginación frente al gigantesco PRIAN. Este punto del decálogo, en particular, atenta contra la representación, en los espacios de elección popular, de la diversidad ideológica existente. 

Dejos autoritarios

9. Facultar al Ejecutivo para hacer “observaciones” totales o parciales a los proyectos aprobados por el Congreso y al Presupuesto de Egresos de la Federación. Tanto este punto como el siguiente se encuentran impregnados de la muy calderonista tendencia al autoritarismo, en este caso, en la intención de desafiar el equilibrio de poderes para hacerse con mayores atribuciones.

Ante todo, debe aclararse muy bien de qué naturaleza son tales “observaciones” y qué tipo de efectos jurídicos y políticos tendrían. Por lo pronto, Calderón ha dicho que se pretende crear las figuras de “reconducción presupuestal” y “reconducción de la Ley de Ingresos”, lo que en primera instancia suena a discrecionalidad, por parte del presidente, para disponer a su arbitrio la distribución del gasto público, aún si para ello fuera necesario desatender a las disposiciones de una Ley de Ingresos o de Egresos.

10. Facultar al Ejecutivo para que en cada periodo ordinario pueda presentar al Congreso dos “iniciativas preferentes” , las cuales tendrían que votarse antes de la conclusión del periodo o, de lo contrario, se considerarían como aprobadas.

Según Felipe Calderón, esta medida “lo que sanciona es la inacción, la falta de discusión, la falta de debate y la falta de decisión”. En realidad, sanciona el debate y la discusión, pues en determinadas circunstancias puede utilizarse para forzar una decisión “al vapor” del Congreso.

De haber existido una figura semejante a la de la “iniciativa preferente” en 2008, muy probablemente Exxon, Shell o alguna otra empresa trasnacional por el estilo ya estarían buscando nuestro “tesorito” en el fondo del océano, con alto cargo para el erario.

Más que apresurar mañosamente el proceso legislativo, lo que se necesita es asegurar debate de calidad, como el que hubo entonces a nivel nacional a propósito de dicha reforma. Y se necesita hacer efectivo ese debate, traducirlo en proyectos de ley, no ignorarlo olímpicamente, como hicieron los legisladores también con el del año pasado.