Escrutinio No. 35

[center][img]http://www.escrutinio.com.mx/intranet/uploads/zoovhzy.jpg[/img] Arturo Chávez Chávez. Cuestionamientos. [/center] En teoría, la designación de un funcionario cualquiera de la administración pública debería obedecer a ciertos criterios, como la capacidad de la persona en cuestión para llevar a cabo la tarea que le será encomendada, la solvencia moral para ostentar el cargo y una trayectoria idónea de acuerdo a él (así, por ejemplo, un antiguo empleado de una televisora no tendría por qué dirigir un órgano regulador de la televisión, ni un individuo de pensamiento oscurantista debería estar al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Sin embargo, sabemos que en México lo que importa son las lealtades y el cumplimiento de cuotas partidistas; no importa que los sujetos más inadecuados se queden con los puestos en donde menos deberían de estar. Todo está a negociación. Esto quedó demostrado una vez más en días pasados, con la ratificación del nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR) y la designación presidencial de dos nuevas comisionadas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). En suma, asistimos al encumbramiento de los inaptos y los ineptos. [b]Procurador contra la justicia[/b] Dice a la letra el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Para ser Procurador (General de la República) se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso”. Es evidente que Arturo Chávez Chávez, titular de la PGR propuesto por Felipe Calderón para sustituir a Eduardo Medina Mora Icaza y ratificado por el Senado el pasado jueves 24 de septiembre, incumple uno de esos requisitos: no goza, ni de lejos, de buena reputación. Y es que así suele ocurrir con los funcionarios públicos negligentes en el cumplimiento de sus deberes. Con mayor razón cuando dicha negligencia va acompañada de arrogancia, conductas que Chávez Chávez exhibió ante los asesinatos a gran escala de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando fungía como procurador de justicia de aquella entidad. Pese a la mala fama que le acarrea su desempeño en ese cargo, en el dictamen preparado por las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado para ratificar su designación al frente de la PGR se da por sentado el requisito de buena reputación. Textualmente, dicho documento afirma que “no se ha acreditado la imputación de un comportamiento contrario a la investidura del cargo que le fuera conferido o el quebrantamiento de la confianza que en él se depositó”. Al parecer, para los senadores la negligencia —que en el caso de un servidor público puede llegar a constituir un delito— no constituye un “comportamiento contrario a la investidura” de procurador general de justicia, cargo que ocupó bajo la gubernatura de Francisco Barrio en Chihuahua. De nada sirvieron los llamados de preocupación de múltiples organizaciones no gubernamentales y voces autorizadas en el tema de los derechos humanos exigiendo que no se ratificara a Arturo Chávez. Entre dichos llamados hay algunos con un peso particularmente importante, como el del Parlamento de la Unión Europea en el sentido de respetar los acuerdos signados por México a propósito del respeto a los derechos humanos. O el de Mireille Roccatti, ex-titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien dio cuenta de la indolencia generalizada que mostró la procuraduría chihuahuense durante la gestión de Chávez para atender los casos de feminicidio. En aquel tiempo, la CNDH dio cuenta de las reiteradas irregularidades y omisiones que se encontraron en los expedientes judiciales referentes a los asesinatos de mujeres: fallas periciales, imprecisiones en los datos, extravío de pruebas, demora en las indagaciones… Cuando las organizaciones de derechos humanos comenzaron a presionar al hoy procurador federal para que la dependencia a su cargo investigara bien los casos —que iban en aumento explosivo—, éste sencillamente se negó. Como da cuenta la recomendación 44/98 de la CNDH, Chávez Chávez no sólo expresó su negativa a llevar a cabo el trabajo que le correspondía, sino que, a la hora de atender a familiares o cercanos de las víctimas, era soberbio, despectivo y misógino. Así, distintas organizaciones de defensa de derechos humanos le atribuyen frases como: “Si las violaron y mataron no es porque iban a misa”; o “En Juárez mueren mujeres porque es una ciudad grande y ahí tienen que morir”. Sin embargo, su comportamiento frente a los feminicidios no es la única mancha en su expediente. También salió la luz la operación de encubrimiento que llevó a cabo para proteger a una banda de asaltabancos liderada por Luis Humberto Prieto Tovalí, precandidato en 1997 a diputado federal del PAN por la ciudad de Chihuahua. La banda fue detenida tras una balacera fuera de un banco, la cual probablemente se pudo haber evitado, pues la procuraduría a cargo de Arturo Chávez contaba con información suficiente para emprender la captura del grupo criminal desde varios meses antes del incidente, según revelaron fuentes internas. Después, Chávez se encargó de ocultar a los medios de comunicación toda la información referente a la captura. Panista de corazón, perteneciente al grupo de Diego Fernández de Cevallos, Chávez Chávez se perfila como garante de los atropellos del gobierno de Felipe Calderón en materia de derechos humanos y de la impunidad del PRI que le dio sus votos para poder llegar a donde está. [b]Comisionadas contra la transparencia[/b] El derecho de acceso a la información es una conquista irrenunciable de la ciudadanía, resultado de años de larga lucha por hacer valer la letra del artículo sexto constitucional en su frase final, agregada con motivo de la reforma política de 1977: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”. La creación del IFAI supuso uno de los escasos triunfos democráticos registrados durante el sexenio de Vicente Fox; sin embargo, esa victoria corre ahora grave peligro. Felipe Calderón, que ya desde hace varios años se distinguía como un férreo opositor del derecho ciudadano a saber, confirmó por enésima vez su tendencia —acentuada durante sus casi tres años de gobierno— al designar dos nuevas comisionadas del IFAI, en sustitución de Alonso Gómez-Robledo Verduzco y Juan Pablo Guerrero Amparán, quienes han cumplido ya con su periodo y van de salida. Se trata de María Elena Pérez-Jaén Zermeño y Wanda Sigrid Arzt Colunga. El nombramiento de esta última es sin duda el más escandaloso, pues de Pérez-Jaén (o Pérez Zermeño, que sería su verdadero nombre, según la revista Transparencia y Corrupción) todavía se puede decir que tiene una trayectoria relacionada con el acceso a la información. En efecto, Pérez Zermeño acaba de terminar, en julio pasado, su periodo como comisionada ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (InfoDF), en cuya institución antecesora (el Consejo de Información Pública) también trabajó. Además, supuestamente ha tratado el tema del acceso a la información en su trabajo académico-investigativo. Su característica más sobresaliente es su tendencia al escándalo y a las pendencias. El puesto en el InfoDF lo consiguió a fuerza de querellas legales y una irregular reforma hecha a modo para ella. Cercana al PRI y en especial al grupo de Elba Esther Gordillo, se supo ganar el aprecio del PAN gracias a sus polémicos ataques a la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Existen imputaciones respecto a su “incongruente desempeño laboral de acuerdo con su sueldo” (revista Transparencia): las actividades que desempeñaba no justificaban sus ganancias mensuales de 101,694.78 pesos, y menos su dispendio en viajes a diversos países (Colombia, Nueva Zelanda, Guatemala) por 90,704.83 pesos, conceptos por los que se volvió la funcionaria del InfoDF más despilfarradora. Además, se le acusa de amenazas a la prensa. Pero como se decía, resulta aún más escandalosa la designación de Sigrid Arzt, quien no tiene ni un antecedente relacionado con el derecho a la información ni nada parecido. Todo lo contrario: su papel como secretaria técnica del Consejo de Seguridad Nacional de Calderón parece indicar que su nombramiento en el IFAI tiene precisamente un propósito adverso a esta garantía ciudadana. Así como el comisionado saliente Juan Pablo Guerrero se distinguió como sobresaliente defensor del derecho a saber, Sigrid Arzt podría convertirse en la punta de lanza calderonista para contrarrestar los avances logrados en este campo. Sobre todo, es previsible que preserve e incluso aumente la opacidad reinante en el ámbito de las dependencias que tienen que ver con la seguridad, desde la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública hasta el Ejército y la Marina. El objetivo principal: cubrir los abusos cometidos por éstas en nombre de la “guerra contra el narco”. Igual que en los casos mencionados, Arzt Colunga es otra ficha partidista, una panista de convicción que participaba en las actividades de la fundación Rafael Preciado Hernández y era consejera editorial de su revista Bien Común. Ése es, después de todo, el requisito para quedarse con el cargo… con cualquier cargo público en México.