Escrutinio No. 35

[center][img]http://www.escrutinio.com.mx/intranet/uploads/bjs6k9c.jpg[/img][/center] Hace unas semanas, Barack Obama se dirigía al pleno del Congreso de Estados Unidos reunido de manera extraordinaria. El motivo: el presidente llevaba semanas inmerso en una campaña destinada a generar adeptos para su iniciativa de reforma de salud y ahora, después de defender su propuesta y desmentir los mitos surgidos en torno a ella en humildes escenarios alrededor del país, lo haría en el más importante de ellos, compuesto por los hombres y mujeres que decidirán el futuro de la reforma y quizá el del propio Obama. La primera parte de su discurso fue tersa, introductoria. Casi media hora después de haber iniciado, el mandatario se refirió a las “mentiras” que los legisladores republicanos, y algunos demócratas, han propagado para tratar de frenar la reforma. Hablaba específicamente de una de ellas. "Hay quienes afirman que nuestro esfuerzo de reforma asegurará a los inmigrantes ilegales. Esto, también, es falso. Las reformas que propongo no se aplicarán a quienes se encuentran aquí ilegalmente". Apenas había terminado de decirlo cuando el senador republicano Joe Wilson, desconocido para la opinión pública hasta entonces, le grito: “¡Usted miente!”. El exabrupto no merecería mayor mención a no ser por el hecho de que esa muestra de rechazo representó una reacción atípica en el escenario político estadounidense. A diferencia de otros países, México por ejemplo, los legisladores expresan su descontento con el discurso presidencial de una manera simple, caballerosa y quizás anticuada: absteniéndose de aplaudir la intervención del mandatario. Esa “rareza” de la política estadounidense fue rápidamente criticada. Legisladores de ambos bandos exigieron que Wilson pidiera de manera inmediata una disculpa al presidente ofendido. No advirtieron todos ellos que la reacción del senador era simplemente una muestra más de algo que lleva meses gestándose en el interior de la política norteamericana. Una cadena de extrañezas y hechos inusuales que han encontrado campo fértil en la discusión sobre la reforma sanitaria que ha presentado Barack Obama. A principios de este año, Obama se lanzaba a una cruzada difícil y de larga historia y así lo hacía saber: “no soy el primer presidente que asume esta causa (la reforma sanitaria), pero estoy empeñado en ser el último”. El país más poderoso del mundo lleva más de medio siglo tratando de ofrecer a sus ciudadanos un servicio de salud acorde a su posición de potencia mundial. Desde la presidencia de Teddy Roosevelt las iniciativas para reformar el deficiente sistema de salud han desfilado por el Congreso y una a una han chocado contra un muro construido por las aseguradoras, los grupos médicos, las empresas empleadoras y los mismos legisladores que sin todas las anteriores no podrían financiar sus campañas. Este largo epílogo arroja ahora reveladoras cifras sobre el panorama de la salud en Estados Unidos. De los más de 300 millones de habitantes, 46 millones no cuentan con ningún tipo de cobertura sanitaria. Un número incalculable de personas pagan cantidades estratosféricas por servicios médicos privados que desaparecen cuando la enfermedad se prolonga. Los estadounidenses gastan más en su salud que cualquier ciudadano de las otras potencias mundiales, sin embargo, siguen muriendo por las mismas enfermedades que sufren los países tercermundistas. Los dos programas gubernamentales que brindan el servicio de salud sólo llegan a sectores pequeños de la sociedad. Los más pobres y los ancianos “disfrutan” de los programas Medicaid y Medicare, elefantes blancos que funcionan sólo en casos de extrema necesidad, operados por compañías privadas que pasan grandes facturas al gobierno que termina gastando anualmente 2.4 billones de dólares en la salud de sus ciudadanos, 18% del PIB. El sistema se sostiene con alfileres. Una complicada red de seguros privados, públicos y de soporte mixto ofrecen al ciudadano una aparente gama de buenas ofertas. Más allá de eso, la cantidad oculta una cobertura limitada, con restricciones y precios elevados. Frente a este panorama, Barack Obama ideó desde su campaña, y así lo presentó entonces, un proyecto que reformaría, por fin, el anquilosado sistema de salud norteamericano. La propuesta ofrece cobertura universal, un seguro que no se cancela por enfermedades previas ni tampoco si la enfermedad se agrava, garantiza que todos tendrán acceso al tipo de seguro que deseen y, lo más importante en un contexto de crisis económica, rebajará en miles de millones de dólares el gasto del gobierno. Para refrendarlo, el equipo de Obama inició una campaña que casi compite con la que lo llevó a la presidencia; miles de dólares invertidos en convencer a los ciudadanos de los beneficios del proyecto. Y al igual que durante la carrera presidencial, Obama y su equipo se han encontrado con un panorama que es a todas luces nuevo en el espectro político estadounidense. A la par que el presidente iniciaba una gira de promoción de la reforma de salud, comenzó una serie de manifestaciones que no pasarían del anecdotario a no ser por las muestras de rechazo inusitadas. En los mítines, en los carteles y en las consignas, Obama fue comparado repetidas veces con Hitler, fue llamado socialista, comunista e incluso racista. Más peligroso aún, en los lugares a los que acudía el mandatario se dejaron ver personas que, amparadas en la segunda enmienda de la constitución norteamericana, portaban armas largas, la mira telescópica montada, a escasos metros de Obama. Junto a esto, se ha montado una campaña de desinformación que echa mano de los miedos de los ciudadanos. Así, el debate se ha enfocado en exageraciones e interpretaciones de quienes revisten a la reforma de salud de un halo macabro. Durante uno de sus mensajes en un pequeño poblado, Obama recibió la pregunta de una mujer mayor que le reclamaba al presidente “la formación de comités que decidirán cómo moriremos”. La idea había nacido no desde la sociedad civil. En el Congreso norteamericano, los senadores republicanos comenzaron a propagar el argumento de que un grupo de elegidos desde Washington decidirían que tipo de tratamiento deberán seguir los asegurados en la última etapa de su vida. “Comités de eutanasia”, “desconectarán a los desahuciados”, denunciaron. Un argumento más. Se ha manejado la hipótesis de que el Congreso aprobaría la reforma una vez que se haya modificado el sistema de seguros que los beneficia a ellos para, de esa forma, evadir los perjuicios de una reforma que ellos saben está mal planeada. Este y otros dichos han sido la constante durante la discusión que por ideas excéntricas no para. Hay en Washington una campaña destinada a descarrilar el proyecto político más importante de la administración Obama. El diario The Washington Post revelaba hace unos meses que entre los principales operadores de la estrategia se encuentran empresas como la aseguradora MetLife y la tabacalera Philip Morris, eventuales perjudicados en caso de que se apruebe la iniciativa. Barack Obama no cumple aún un año al frente de la Casa Blanca y ya enfrenta la discusión que marcará sus cuatro años de gobierno y quizá un posible segundo periodo. Él mismo se ha marcado una fecha, enero de 2010, para tener una reforma planchada, aceptada por el grueso del Congreso y de la población. Tiene tres meses para conseguirlo. Tres meses para reforzar los alfileres que sostienen al sistema de salud en su país, porque él sabe que su gobierno será recordado no por sus acciones durante la crisis económica, el retiro de Afganistán e Irak ni el combate a la epidemia de influenza, menos aún por el cierre de la cárcel de Guantanamo –promesas de campaña que en su tiempo generaron más polémica que la reforma discutida- pero será precisamente este último proyecto el tema que acompañe a la fotografía de Obama en los libros de historia.