Escrutinio No. 32

[center] [img]http://www.escrutinio.com.mx/intranet/uploads/57clbfd.jpg[/img][/center] [b]Edgar Baltazar[/b] En noviembre de 2006, el ombudsman nacional (gastroenterólogo amateur) señaló que Fox le dejaba a Calderón una “herencia maldita” en materia de derechos humanos, con pendientes como la tortura y la impunidad. Tal herencia incluye los casos paradigmáticos de las violaciones a los derechos humanos en las represiones de Atenco y Oaxaca. Como buen heredero, Calderón se ha esforzado por eternizar la impunidad y administrar ese legado maldito que ya gana intereses a su régimen de excepción. En lo que va de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 14 recomendaciones vinculadas a violaciones a los DH cometidas por miembros militares. Esta cifra es igual al número de recomendaciones emitidas durante todo 2008. La CNDH tiene 19 años de existencia y nunca se habían presentando ahí tantas quejas contra soldados. Es curiosamente en ciudades donde se han hecho operativos del ejército en contra del narcotráfico donde más denuncias se han presentado: Baja California, Tamaulipas y Chihuahua. De acuerdo con estadísticas dadas a conocer por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el gobierno de Salinas la CNDH recibió 570 quejas contra milicianos; en el de Zedillo, mil 689; en el de Fox, mil 225, y en lo que va de la gestión de Calderón se han acumulado 2 mil 453 denuncias. Recientemente Human Rigths Watch presentó su reporte Impunidad Uniformada, donde da cuenta de 17 casos de crímenes cometidos por militares contra más de 70 víctimas, incluidos varios casos de 2007 y 2008 (presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos). En tal informe se destaca que ninguna investigación militar sobre estos casos ha concluido con una condena penal, ni siquiera de un soldado, por la comisión de violaciones a los derechos humanos. Cabe recordar que Calderón publicó en un decreto por el que se reforma el Reglamento Interior de la Sedena para que sea el propio Ejército, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), el que haga frente a cualquier acción legal en contra de las fuerzas armadas. Además, la (tremenda) Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente evadió examinar el tema del fuero militar, de modo que no habrá controles civiles al ejército en casos de violación a los derechos humanos. Aunque no es de extrañarse esa resolución dado que, como demostró este órgano del poder estatal en el caso de su reciente fallo sobre el caso Acteal, la consigna gubernamental es que ningún militar sea juzgado por sus abusos y que el paramilitarismo tenga luz verde para operar impunemente. En un país militarizado, con presos políticos tras las rejas y paramilitares asesinos confesos libres por las calles, no cabe duda que la guerra emprendida por el heredero Calderón tiene a la ciudadanía como rehén y a los derechos humanos como tapete.