Legislación pandémica

Mientras el "sospechosismo" se extendía y cientos de cibernautas mexicanos difundían versiones a cual más variopintas sobre los hilos secretos detrás de la epidemia de influenza en nuestro país y el mundo, en las cámaras legislativas se fraguaba una auténtica conspiración contra la ciudadanía.

Los diputados y senadores aprovecharon el acaparamiento que de los medios de comunicación hizo la epidemia. A salvo del escrutinio público riguroso se dieron a la tarea de aprobar en febril fast-track un número inusitado de legislaciones, disposiciones y hasta modificaciones a la Consti-tución, todo esto en los últimos días del periodo ordinario de sesiones.

Algunas de ellas son claramente perniciosas, otras sencillamente polémicas; en todo caso, cierta-mente merecían una mayor discusión de la que se les dedicó. A continuación se presenta una sín-tesis de las medidas legislativas más importantes tomadas durante estos días y sus repercusiones.

Los ciudadanos como bebés

El jueves 23 de abril fue aprobada en la Cámara de Diputados una modificación al artículo 17 constitucional que restringe el derecho de iniciar acciones colectivas a la ciudadanía, colocándolo en manos de tres instancias federales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Así, sin más, se conculca este derecho ciudadano largamente esperado por organizaciones civiles y personajes comprometidos con la defensa de derechos humanos y sociales. La acción colectiva, que opera ya en la mayor parte de Latinoamérica, en Europa, Canadá y Estados Unidos, es una figura jurídica que permite que la victoria de un solo ciudadano u organización en un litigio por derechos fundamentales beneficie a todo un colectivo.

Así, por ejemplo, el consumidor de un bien o servicio que demandara, mediante la figura de ac-ción colectiva, a la empresa que lo presta o vende y ganara el litigio, beneficiaría a un gran núme-ro de posibles usuarios de dicho bien o servicio que se vieran afectados en sus derechos de con-sumidores de igual manera.

De hecho, en ese sentido iba la propuesta original de reforma, planteada por el senador priísta Jesús Murillo Karam y el diputado perredista Juan Guerra Ochoa. Dicha propuesta daba el poder de iniciar acciones colectivas a organismos u asociaciones civiles; sin embargo, la oposición de patronatos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), con ayuda del Partido Acción Nacional (PAN), logró que la iniciativa diera un giro de 180 grados.

Aunque algunos especialistas en derechos humanos y organizaciones sociales han intentado aler-tar a la opinión pública sobre el retroceso que implica la legislación finalmente aprobada, la epi-demia de influenza ha funcionado como un foco de distracción que, hasta el momento, ha logrado impedir acciones ciudadanas encaminadas a revertir el nefasto proceso.

En este escenario, los ciudadanos quedan ante el gobierno y las empresas abusivas como virtuales menores de edad y aún bebés, incapaces de ejercer sus derechos.

Espionaje telefónico

Mínima atención prestaron los medios de comunicación al cambio que los diputados hicieron a la Ley de Seguridad Pública el jueves 23 de abril, en el cual se le quita la última palabra a la deno-minación de la Policía Federal Preventiva (PFP), para quedar simplemente como Policía Federal (PF), y se le conceden mayores atribuciones para el combate el crimen.

Entre esas medidas destaca la autorización para intervenir líneas telefónicas mediante la aquies-cencia de un juez. Esta medida, ampliamente desaprobada hace un año cuando se llevaba a cabo el debate en torno a la reforma judicial, pasó ahora sin mayor problema. Permite la intervención de teléfonos convencionales, celulares y correos electrónicos en Internet. Asimismo, se faculta a los agentes de la PF para realizar operaciones encubiertas vestidos como civiles.

Los defensores de dichas medidas argumentan que su objetivo único es la prevención de delitos; sin embargo, admiten que la información obtenida mediante las intervenciones telefónicas podría ser utilizada de forma indebida.

“Marihuanadas”

Con la emergencia sanitaria ya en auge y los legisladores de ambas cámaras trabajando bajo es-trictas medidas higiénicas, fueron aprobadas reformas a la Ley General de Salud y a los códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales, con el objeto de establecer sanciones a quien posea drogas en una medida mayor a la permitida con la finalidad de venderlas.

En otras palabras, se despenaliza la posesión de dosis personales de algunas drogas para su con-sumo, como son la marihuana (en cantidad de cinco gramos), cocaína (500 miligramos) y heroína (50 miligramos). El objetivo planteado fue el de no saturar las prisiones con adictos.

Llama la atención la facilidad con la que se llevaron a cabo reformas que habían suscitado mucha polémica a nivel social. Aunque ciertamente la medida no “legaliza” las drogas, sí se puede con-siderar como un paso más en pos de otras metas planteadas, como la de legalizar la marihuana. Cuando el diputado perredista René Arce hizo tal propuesta el año pasado, por ejemplo, sus ar-gumentos fueron tachados de “marihuanadas”.

Regulación de los outsourcing

El caso de la regulación del outsourcing o subcontratación laboral, cuya legislación se había man-tenido “en la congeladora” por un año, alcanzó a ventilarse en los medios un día antes de que comenzara la suspensión de clases por el brote epidémico. Sin embargo, pronto fue dejado atrás por la enfermedad en cuanto a cobertura informativa.

En el Senado de la República se aprobó el dictamen en torno a la minuta de reforma a la Ley del Seguro Social, la cual reglamenta las condiciones en que se llevará a cabo la subcontratación o intermediación laboral; esto es, cuando las empresas que poseen el contrato con entidades del sector público para la realización de alguna obra o servicio subcontratan a su vez a otras empre-sas o contratistas para realizar alguna actividad en la que no se hallan especializadas.

Los grandes organismos empresariales se opusieron a una regulación firme del outsourcing, y esta fue la causa de que el dictamen permaneciera un año en la Cámara de Senadores. Al final, y para complacer a los empresarios, los legisladores introdujeron cambios en la ley con el fin de relajar ciertas obligaciones que la empresa contrae con los empleados del contratista, como la presentación de informes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El objetivo de las nuevas disposiciones del Seguro Social es proteger a los empleados, impidien-do que el patrón desconozca la relación laboral, éste queda en calidad de “obligado solidario”, responsable, por ejemplo, de cumplir con el pago de las cuotas obrero-patronales en caso de que la empresa subcontratada incumpla.

Con todo, persiste en sectores sindicales la impresión de que dicha reforma, aunque benéfica en general, constituye sólo un “parche” en la solución de los problemas inherentes a la subcontrata-ción, pues deja a la deriva algunos temas, como los referentes a diversos tipos de prestaciones.

Ley de Salarios Máximos

Se concretó además la aprobación de la llamada Ley de Salarios Máximos en el Senado, consis-tente en una serie de modificaciones constitucionales a partir de las cuales quedará establecido un tabulador de salarios para los servidores públicos en el cual se garantice que ninguno de ellos gane más que el presidente del país.

Esta serie de disposiciones, envueltas desde hacía varias semanas en polémica, se aprobaron con relativa facilidad, al igual que muchas otras. Tan sólo dicha jornada, el martes 28 de abril, los senadores alcanzaron a aprobar 21 dictámenes, de manera que constituyó una de las más fructífe-ras cuantitativamente hablando.