Escrutinio No. 82

Hace dos años, el 14 de enero de 2010,  fue denunciado en este espacio un hecho lamentable que retrataba de cuerpo entero la forma de actuar de la Policía Federal,  una de las piezas clave en la costosa e inútil “Guerra contra el crimen”, emprendida por el gobierno calderonista hace ya  más de cinco años.

Se comentó en aquel entonces que  un grupo de agentes federales irrumpió con salvajismo en mi domicilio,  sin orden de cateo ni nada,  y con armas largas amenazó a quienes ahí vivimos con matarnos si nos movíamos o  hablábamos.

Los federales habían roto ya el zaguán que da a la calle, y en nuestro patio se aprestaban a destruir la puerta que da acceso a la cocina, cuando  nosotros tratamos de razonar con ellos y les dijimos que, pese a no tener orden judicial, estábamos dispuestos a abrir, pero que por favor  dejaran de dañar nuestra propiedad y, sobre todo,  dejaran de apuntarnos y de vejarnos.

De pronto, el comando notó que no era nuestro domicilio el objetivo y sin pedir siquiera disculpas, salieron como si nada.  Entraron entonces al que sí era su meta: la casa contigua, en ese entones deshabitada.

Tratamos de que el comandante supuestamente a cargo del operativo nos atendiera, y a regañadientes nos escuchó. Cuando planteamos que quién nos iba a resarcir los daños nos dijo que esperáramos a que “acabaran de trabajar”.

Huelga decir que durante todo el tiempo los policías actuaron no sólo de manera prepotente y mendaz sino enteramente criminal:  numerosas ocasiones nos dijeron que nos calláramos o “nos cargaría la chingada”, y cuando tratamos de tomar fotografías o video nos blandían el arma larga en el rostro, con la amenaza de que “deja de grabar, culero, o aquí te mueres”.

Cuando el comandante, de apellido Zaragoza, escuchaba nuestra queja,  varios de sus elementos, una decena por lo menos, gritaba en referencia a nosotros: “Manda a la chingada a esos pinches culeros”.

Una vez que el señor Zaragoza aceptó responsabilizarse más tarde de nuestro asunto,  nosotros nos  metimos a nuestro domicilio, pero el acoso policial continuó, pues varios agentes nos decían “ahora cállense, o si no les vamos a dar pura  verga”, y otro profirió: “y más les vale irse yendo de aquí a la chingada, porque se nos puede escapar un tiro”.

En todo el tiempo que duró el operativo, notamos que había una persona vestida de civil dando órdenes y supervisando el quehacer tanto de los federales como de los ministeriales y albañiles que  excavaban en busca de algo en el patio de la casa vecina.

Con el transcurrir de las horas vimos que era la señora Isabel Miranda de Wallace quien  estaba al frente de ese operativo.

La pregunta es entonces evidente: ¿cómo es que una persona privada, civil, podía suplir las funciones de las instancias encargadas de impartir justicia y al hacerlo pasaba por encima de los derechos y la dignidad de terceros?

El asunto no acabó bien:  el comando no encontró nada en su búsqueda (con todo y que un agente ministerial nos confesó que su arribo a esa casa era producto de “meses de trabajo de inteligencia”), y aunque  una instancia aceptó  pagar los daños materiales de nuestro hogar, lo sustancial –es decir, el derecho a que las autoridades  no atropellen a inocentes en su trabajo- quedó irremediablemente mancillado, porque  nadie –ni federales ni ministeriales ni la señora Wallace- en ese momento fue capaz de actuar con sensatez ante la  evidencia de que invadían una casa habitada por ciudadanos inocentes y que allanaban un recinto sin tener facultad  para hacerlo.

Una cauda de preguntas emerge: ¿Qué tan inepto y herrumbroso es el sistema de investigación e inteligencia de las policías como para que encamine a los agentes a señuelos, cortinas de humo y objetivos falsos? ¿Qué tan funesta es la preparación policial  como para que los agentes actúen con ese desparpajo y violencia ante ciudadanos evidentemente inocentes? ¿Creen que una “guerra contra el crimen” es pábulo suficiente como para que  cometan ese tipo de atropellos y encima nos amenacen de muerte? ¿Por qué amenazaban y vejaban no sólo a nosotros, sino a todos aquellos que vivían cerca de nuestra casa, con frases como “lárguense o a ustedes también les tocan chingadazos, ojetes”?

Por otro lado, ¿cómo es que una persona civil puede estar al frente de un operativo de la Policía Federal? Todos nosotros fuimos testigos de cómo ella giraba instrucciones para que los albañiles y agentes buscaran en tal o cual lado.  Asimismo,  los federales iban con ella a rendirle cuentas, como si fuera  la autoridad competente.  Si la instancia encargada de realizar la investigación era la policía, ¿por qué las órdenes las dictaba una civil?

Desde años atrás, la señora Isabel Miranda ejerció una lucha cívica  ejemplar,  denunciado y buscando con sus propios medios  a los nefandos criminales que raptaron y mataron a su hijo. El problema vino después, cuando  el oficialismo –en este caso la Secretaría de Seguridad Pública Federal- le brindó canonjías, y entonces la búsqueda comenzó a  contener atropellos y puso en riesgo vidas inocentes, como fue en nuestro caso.

La conclusión extraíble es la siguiente:  la denuncia y concientización que ejercía la señora Wallace se empañaron cuando  recibió privilegios del poder, pues no cualquiera puede tener a su servicio a un grupo de agentes armados hasta la médula. En el contexto de la “guerra contra el crimen”, los modos de actuar de los federales  se pasan por el arco del triunfo los derechos, integridad y dignidad de los inocentes. ¿No son estas máculas suficientes para contaminar la búsqueda legítima de la señora Wallace?

Por esa connivencia con el poder –y sobre todo con la Secretaría de Seguridad Pública calderonista-, y por esos métodos calderónicos  de cometer “ daños colaterales” en pos de la “justicia” es que la señora Wallace no debe ostentarse como “candidata ciudadana”.

Con esta  opinión no se busca negar las legítimas aspiraciones de Isabel Miranda de Wallace para gobernar la Ciudad de México, pero  si quiere ser candidata, debe someterse al escrutinio público, y en este caso,  se debe alzar la voz para denunciar lo siguiente:  es cierto que el dolor y la impotencia padecidos por ella son enormes, y la sed de justicia es el lógico sentimiento que la debía mover. Pero ello no justifica que en su búsqueda se hayan cometido violaciones  a la ley, ejercidas nada menos que por aquella instancia  encargada de cuidarla: la Policía Federal.

En casos como estos las disculpas no bastan. Isabel Miranda de Wallace debe  denunciar   que  el problema de inseguridad que todos padecemos no puede combatirse con  violaciones a derechos humanos ni con daños colaterales.  Con el mismo valor con que denunció a los criminales que la mancillaron debe  ahora señalar a las policías y autoridades ineptas, con las que ella tiene trato,  que actúan más como delincuentes que como  garantes de la seguridad.

Sólo así logrará deslindarse de los usos y métodos belicistas, absurdos y peligrosos  de Calderón. Y sólo así volverá a ser ciudadana valiente. Si no lo hace,  con hechos se evidencia que está muy cercana a las prácticas violentas de los panistas que  ejercen el poder.