Escrutinio No. 73

* Nayeli Lima Baez

La guerra contra el narcotráfico se ha salido de las manos al gobierno federal, a los gobiernos estatales y  municipales, a los mandos policiacos,  a las procuradurías y al sistema de justicia en general.  Las Comisiones de derechos humanos no se dan abasto por las violaciones cometidas por fuerzas del orden, que van desde detenciones ilegales, tortura, hasta ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, mientras el número de víctimas se ha potencializado. Los crímenes cometidos por miembros de la delincuencia organizada (más organizada que las instituciones de gobierno) son cada vez más aparatosos y violentos.  Los medios de comunicación tienen miedo de hablar y muchos periodistas han tenido que abandonar sus ciudades para mantenerse a salvo.  El temor se ha implantado como un virus en muchos mexicanos.

Pero vamos, la estrategia del gobierno no cambiará. Ante el “acto de terrorismo” en el Casino Royale en Monterrey, se apuesta a la violencia, “a la mano dura”, más que a la inteligencia y la investigación.  La definición de terrorismo invoca a que la gente piense que “los terroristas” deben ser aniquilados, no tienen derechos humanos, merecen ser torturados y vejados. Sin embargo este actuar se prolonga hacia y contra los defensores, pero también contra las víctimas y sus familias, se extiende hacia los periodistas que denuncian actos de impunidad, corrupción y contubernio  entre los delincuentes y el gobierno, en fin, se vulnera aún más a la misma población civil.

 Ya hay cinco detenidos “confesos”, responsables del incendio que mató a 52 personas en el casino en Monterrey. Sin embargo, tengo la obligación de hacerme la siguiente pregunta ¿quién nos garantiza que los detenidos son realmente los responsables de este acto tan infame, que no fueron torturados  y que no son sólo chivos expiatorios para calmar los ánimos y demostrar que el gobierno trabaja rápido antes del último informe de gobierno de Felipe Calderón? Tenemos casos de sobra, como el de Alejandro Sánchez Méndez, de Marco Antonio Juárez Valdez  y de Román Armando Chávez Jaramillo, todos ellos acusados de crimen organizado, después de que fueron sustraídos con lujo de violencia de sus domicilios por agentes de la Procuraduría del Estado de México[1] y que siguen presos, pese a las pruebas.  O qué decir  del caso de Marielle Solís, la estudiante de la UNAM acusada de homicidio. Y del Michoacanazo y de los cientos de personas que han sido presentadas a los medios de comunicación, acusadas de narcotráfico, homicidio y crimen organizado, y después liberadas por falta de pruebas.[2]

El Comité Cerezo presentó su informe 2011, Saldos de la represión en México 2009-2010: una guerra contra el Pueblo[3], en este informe, hace un interesante balance sobre los costos que ha tenido que pagar la sociedad mexicana en esta “lucha contra la delincuencia organizada”.  Basta con ver las cifras: sólo en Chihuahua han sido asesinados más de 1300 niños entre diciembre 2006 y mayo 2011 y sólo en Ciudad Juárez, más de 10 mil niños han quedado huérfanos. Pero claro, para el gobierno calderonista son daños colaterales.

Me quiero detener aquí con la siguiente pregunta: ¿por qué el gobierno no acepta su guerra, que la está perdiendo y que la declaró sin imaginarse –si es que se detuvo siquiera a pensar- la fuerza, la violencia y el poderío del enemigo? ¿Por qué no replantea la estrategia y redefine si vale la pena tener miles de muertes colaterales? El problema es que con esta guerra contra el narcotráfico destapó la cloaca de la invención del “enemigo interno”-el narcotráfico y el crimen organizado- al que hay que destruir cueste lo que cueste.  Un enemigo que se diluye, se confunde en la sociedad y es en la sociedad donde hay que buscarlos. El aumento de desplazados internos, detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas lo evidencian.  El incremento de la violencia, de los asesinatos televisados, de la impunidad y del poderío financiero del narcotráfico para comprar corporaciones, para ofrecer trabajo como sicarios a jóvenes, para intimidar a las autoridades, demuestran que el Estado ha fallado en su labor de proteger, de proveer, de asegurar.  El narcotráfico se apropió de espacios donde el Estado no cumplió y ahí creó su nación.  El narcotráfico identifica perfectamente a su enemigo, el Estado no.

Para finalizar, creo (como un acto de fe) que como ciudadanos tenemos la obligación de no callar, de exigir pruebas, de no dejarnos atontar con spots de avances maquillados, pero también de participar activamente por un México que nos fue arrebatado y/o que quizás dejamos ir.  ¿Cómo hacerlo? No lo sé, quizás empezar por hacernos ciudadanos responsables, con cumplir con nuestro trabajo, no sobornando, no corrompiendo, con enseñarle a nuestros hijos valores como la honestidad, el respeto a los otros, a la alteridad… no lo sé. Lo que sé es que tenemos mucho trabajo por hacer.