Escrutinio No. 61

 

En estos días se ha mencionado que es muy probable que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el amparo que un grupo de 15 “intelectuales”, promovieron contra la reforma electoral realizada en 2007, a finales de ese mismo año.

En el amparo que promovieron Jesús Reyes Heroles, Sergio Sarmiento, Héctor Aguilar Camín, Jaime Sánchez Susarrey, entre otros, tiene como principal argumento que la reforma no cumplió con el trámite que establece el artículo 135 constitucional para toda modificación a la misma Carta Magna, pero sobre todo porque atentó contra la libertad de expresión, la igualdad, y la libertad de organización.

No discuto el argumento del incumplimiento del artículo 135 de la Constitución, pues es claro que el disgusto de los intelectuales, así como de organizaciones empresariales como la COPARMEX (que también interpuso decenas de amparos), no está en dicho detalle, sino que la utilizan como una justificación más para echar abajo la reforma electoral.

El argumento más debatible es cuando señalan que la reforma, al prohibir la contratación de propaganda  en radio y televisión para particulares, atenta con la libertad de expresión señalada en el artículo sexto de la Constitución.

Justifican su argumento diciendo que la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, y que no debe restringirse más de lo que ya está establecido en el mismo artículo sexto, mismo que  señala que los límites de la manifestación de las ideas  son sólo cuando “ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público.”

Puede que tengan cierta razón los intelectuales porque efectivamente la reforma restringió una vertiente mediante el cual se puede difundir las ideas (aunque en la práctica sea sólo para quienes cuenten con recursos económicos significativos por los costos de los spots en radio y televisión), sin embargo no explican nada de lo pervertidor que resultó en la elección de 2006, cuando a pesar que dicha prohibición ya se encontraba en el COFIPE, grupos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y el Dr. Simi, compraron propaganda en radio y televisión para influir en las preferencias electorales, y no fueron sancionados porque se ampararon en su libertad de expresión señalada en el artículo sexto.

Tampoco dicen nada que toda libertad tiene límites, y que al confrontarse el principio de la libertad de expresión con de la equidad en la contienda electoral, debido a la incipiente democracia que tenemos, es claro que todo sacrificio en aras de la equidad, es positivo.

Los mismos intelectuales no dicen nada cuando saben que lo que se prohibió fue la compra de propaganda en radio y televisión, más no la difusión misma de los mensajes. Pareciera que entienden que para difundir un mensaje en los medios electrónicos es obligatorio pagar una contraprestación económica, cuando ellos, por ejemplo, tienen espacios en los canales de las principales estaciones de radio y televisión, y entiendo que no pagan por ello.

Ahí está el detalle del asunto, los intelectuales, en vez de defender la compra de propaganda por parte de particulares en la radio y televisión, deberían levantar la voz para que los medios difundan más programas de análisis político, en donde se invite a representantes de diferentes grupos sociales (campesino, obrero, ambiental, indígenas, entre otros), incluido los empresarios.

Ellos deben entender que la radio y televisión comercial si son un negocio, pero al mismo tiempo, al utilizar un bien público (espectro radioeléctrico), están obligados a cumplir con ciertas funciones sociales como lo es la difusión de la información que promueva la construcción de ciudadanía.

Los intelectuales debieran levantar la voz porque los tiempos que ahora tienen de manera exclusiva los partidos políticos sean más flexibles en su formato, que haya más debate, entrevistas, inclusive paneles en donde quienes les pregunten sean representantes de diferentes sectores de la sociedad civil.

Quienes firmaron la demanda de amparo en contra de la reforma electoral saben que el problema de fondo es la gran concentración que existe en la televisión, y la escasa fortaleza de los medios públicos para hacer contrapeso a la televisión comercial, y para ello es importante que se legisle una ley de medios (y con ello se fortalezca la reforma electoral de 2007), o que el mismo Ejecutivo realice las acciones necesarias para lograr la democratización en los medios.

Sin embargo los “intelectuales”no lo hacen, y es entendible porque trabajan en los medios de comunicación que tienen el mayor porcentaje de audiencias, la mayor inversión publicitaria, la mayor influencia política, y es razonable que defiendan sus intereses particulares, aunque éstos seancontrarios al de las mayorías.