Escrutinio No. 57

Escrutinio no. 57

Gustavo De la Vega Shiota*

 

Durante los últimos años en México los fenómenos naturales como vientos, precipitaciones pluviales, huracanes y terremotos han generado en el territorio nacional impactantes sucesos del tipo de inundaciones y deslizamientos de tierra, los que su vez, han provocado desastres en la agricultura, la ganadería, la vivienda de personas o, lo más grave, han causado pérdidas humanas.

En el origen de los desastres la población es determinante y el Estado es la institución responsable de atenderlos, pues son causados por actividades humanas, intencionales o no, que alteran el medio ambiente. Entre ellas destacan la contaminación, la explotación errónea e irracional de los recursos forestales, minerales y del suelo. Por eso, las inundaciones o deslaves de cerros, como los sucedidos en Veracruz, Oaxaca, y Chiapas, se convierten en desastres pues arrasan con asentamientos humanos, espontáneos o inducidos, que se ubican en las laderas de ríos o en cerros devastados. La gente que al margen de la normatividad, con la tolerancia y/o complicidad de funcionarios públicos se asienta allí, vive una condición de miseria y como consecuencia, las medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta para ella son una falacia. De todas formas su vida está al garete y decidida por el azar.

Este complejo escenario se acentúa aún más por la omisión que realiza el propio gobierno federal de las razones rectoras de Estado sobre seguridad y bienestar, sometiéndose a los intereses de empresarios particulares nacionales y extranjeros, como sucede con la regulación de la fuerza del agua proveniente de las presas generadoras de electricidad, pese a los llamados de atención de autoridades locales de comunidades, pueblos y rancherías afectados.

Solamente cuando suceden estos desastres el discurso político admite, siempre con cargo a terceros, la mala planificación de los asentamientos humanos y la ausencia de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta, aunque omite la información sobre las concesiones que en ese ámbito ha entregado a particulares. Una vez pasado el drama, todo queda sepultado y se regresa a la ominosa normalidad.

Pese a que en el pensamiento de los gobernantes mexicanos solo exista como recurso la súplica a los santos, en el mundo hay diversas instituciones de investigación científica que estudian la problemática de los fenómenos y desastres y, en ese sentido tienen detectadas las áreas con alta probabilidad de riesgos, así como las causas, consecuencias y características de los fenómenos naturales y sus repercusiones en cada región geográfica, considerando las condiciones socioeconómicas de las mismas. Sobresalen los institutos de Japón, Estados Unidos y Austria, cuya opinión en sus países es muy respetada y sus propuestas son integradas a las políticas de seguridad. En cambio, aquí en México los esfuerzos del  personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres, (CENAPRED), se escuchan poco y no se les otorgan los recursos necesarios para investigar, diseñar estrategias, instrumentación y medidas apropiadas para evitar los desastres y, cuando sean inevitables, reducir sus efectos.

Una vez  concluido el espectáculo mediático que dio cuenta de los últimos desastres, ahora es necesario que el ejecutivo federal diga, si lo sabe, cuántas y cuales viviendas en México están ubicadas en zonas de “alto riesgo”, así como qué medidas preventivas aplicará para que en lo sucesivo no se vuelva a escuchar la consabida cantaleta de que el problema es complicado porque esas son las lluvias más copiosas de que se tenga memoria, que nunca el río había crecido así, o que esos cerros estaban firmes y sabrá dios que pasó. 

Pasada esta etapa de la tragedia, es necesario insistir en que los fenómenos que pudieran considerarse como naturales se han problematizado por la ausencia de una política de Estado consecuente y oportuna. Si el gobierno evade el estudio de los problemas, así como la planeación para enfrentarlos, y sobre todo su prevención, incurre en irresponsabilidad política, social y económica, pues su ausencia institucional genera consecuencias inmediatas y mediatas que alteran la vida de pueblos, lo que lleva a preguntar si hay autoridad y si la administración pública es legítima.

Seguramente que veracruzanos, oaxaqueños, chiapanecos y muchos mexicanos querrán saber qué acciones organiza el gobierno para atender a los miles de damnificados del campo y ciudades cuyas viviendas, espacios sociales y zonas de trabajo y producción han quedado destruidas. En el Siglo XXI, los mexicanos no pueden ofrecer la otra mejilla. Por eso preguntan: ¿Qué sigue? ¿Quién dirige? Se niega solo ponerse a rezar y aceptar, sin conceder, que todo es producto del cambio climático, que no afecta de la misma forma a todos los países y regiones.

 

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* Gustavo De la Vega Shiota es profesor de la FCPyS de la UNAM