Escrutinio No. 50

Escrutinio No. 50

Daniel Gershenson*

 

Todos conocemos la noticia. El cinco de junio de 2009, a eso de las dos cuarenta y cinco de la tarde, tuvo lugar en Hermosillo uno de los crímenes más horrendos de los que se tenga noticia. En un galerón, nave industrial o taller de maquila ubicado en el corazón de la zona industrial en la Colonia Y Griega (rodeado de llanteras y a escasos cuarenta metros de una gasolinera, y que compartía espacio con la bodegas de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora, llena de papeles, dos autos y otros artículos flamables), se produjo un incendio que muy pronto se extendió hasta donde dormían casi doscientos niños cuyas edades oscilaban entre los diez meses y cuatro años de edad.

No funcionaron los sistemas de seguridad, había puertas de emergencia clausuradas con candados y las que no los tenían no eran abatibles. Una lona de colores hecha de materiales altamente tóxicos, colocada por los dueños de la Guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (miembros distinguidos de la clase política y empresarial hermosillense, que a fin de cuentas son la misma cosa –incluyendo a una pariente de Margarita Zavala, esposa del actual Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa), se derritió por el intenso calor, viniéndose abajo en una lluvia infernal de sustancias similares al napalm usado por el ejército norteamericano a partir de la guerra de Vietnam. Humo, oscuridad, desolación. Trampa mortal, que a pesar del heroísmo de algunos vecinos que usaron picos, palas y hasta una camioneta para abrir boquetes y  rescatar al mayor número de niños, no pudo evitar un desenlace que destrozó a decenas de familias y enlutó a la sociedad entera. (Una crónica imprescindible del acontecimiento es el libro ‘Nosotros somos los Culpables’, escrita por Diego Enrique Osorno (@diegoeosorno) y publicada recientemente por Editorial Grijalbo). Lea la reseña del libro aquí.

Pocas ambulancias y patrullas llegaron al lugar. Sin coordinación alguna, las víctimas fallecidas o gravemente lesionadas se repartieron en distintas clínicas. Para transportarlas tuvieron que usarse autos particulares, taxis y hasta una patrulla que tomó ‘prestada’ uno de los héroes anónimos de la jornada para tal efecto. Era apenas el inicio de un calvario interminable: negligencia médica, intentos de compra de conciencias o intimidación, tráfico de influencias y un larguísimo etcétera.

Murieron veinticinco niñas y veinticuatro niños, y cuando menos ciento cinco sufrieron lesiones de suma gravedad. Eran criaturas indefensas, depositadas de buena fe al cuidado del Estado por sus papás y mamás trabajadoras. Cundió la desorganización y el caos improvisado. Desde entonces México no es, no puede ser, el mismo.

A la muerte o quemaduras, y secuelas físicas y sicológicas, siguió la simulación de autoridades de todos los niveles empeñadas en controlar los daños y escurrir el bulto. Eduardo Bours, en ese entonces gobernador sonorense llegó a decir que dormía como un bebé. El gobierno federal se esmeró en proteger a los funcionarios responsables. Los dueños en ningún momento fueron arraigados. No hubo renuncias de primer orden: si ocurrieron, fue de mandos medios. Nunca los verdaderos responsables de la tragedia. El juez que llevó la causa penal impuso fianzas contra los propietarios de dos mil pesos. Daniel Karam, actual director del Seguro Social, declaró que la guardería cumplía con todas las normas. Eduardo Medina Mora, entonces procurador general, minimizó responsabilidades. El anterior titular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, quien hoy despacha como secretario de Comunicaciones y Transportes y fue el encargado de profundizar la subrogación aumentando el número de guarderías en todo el país hasta llegar al millar y medio, nunca ha dado la menor muestra de autocrítica o remordimiento.

Unos cuantos días después del incendio, se formaron grupos de padres directamente afectados. Destaca entre ellos el Movimiento por la Justicia Cinco de Junio, que se ha abocado a promover cambios perdurables mediante la organización de marchas multitudinarias (la más reciente en Hermosillo, convocada para conmemorar un año de la tragedia, reunió a casi treinta mil personas), así como diversos foros, entrevistas y otros eventos enfocados a garantizar que no suceda otro incendio en un entorno en donde incontables guarderías –no sólo del Seguro Social- siguen funcionando sin supervisión efectiva. Contra viento y marea, se ha abierto paso en la conciencia del país. Sus reivindicaciones son tan simples como razonables: que se haga Justicia, y que otros papás y mamás nunca sufran lo que ellos están padeciendo. Que se combata la corrupción e impunidad que produjeron este desenlace. Que se construya un Memorial y Museo en el lugar de los hechos. Que se apruebe una Ley General de Estancias Infantiles, siguiendo las mejores prácticas internacionales. Que también se materialice un régimen de Acciones Colectivas en México, y se faculte a grupos directamente afectados para que puedan defender sus derechos ante la autoridad judicial, en casos extremos como éste, en contra de proveedores inescrupulosos y autoridades cómplices.

Temas inaplazables de política pública, democracia, igualdad y fortalecimiento de las instituciones.

Por otro lado, y a más de un año de distancia, para el gobierno todo marcha igual. Sin ningún tipo de ayuda que no sea la suya propia, los padres del Movimiento han tenido que apelar al Consejo de la Judicatura para denunciar a los jueces que actuaron y actúan con parcialidad manifiesta a favor de los responsables del incendio. A petición suya y en un acto sin precedentes, ellos incluso lograron que la Suprema Corte realizara una investigación completa del siniestro. El proyecto correspondiente fue turnado al Ministro Arturo Zaldívar, quien lo sometió al pleno para su discusión, el 3 de junio pasado.

En eso estamos ahora. Persiste el dolor de la pérdida irreparable: el desdén oficial, y la absoluta falta de sensibilidad por parte de los principales involucrados. El jefe del Ejecutivo ha celebrado dos eventos a puerta cerrada en Los Pinos con agrupaciones mucho menos propositivas y exigentes que el Movimiento Cinco de Junio (uno de ellos, el mismísimo Día del Niño). Guillermo Padrés, el gobernador panista que contra todos los pronósticos –y gracias al incendio acaecido en la Colonia Y Griega- prevaleció en las elecciones estatales celebradas unas semanas después del siniestro, a pesar de sus promesas de campaña se esmeró en ratificar en el cargo a Abel Murrieta, procurador estatal y principal encubridor de Bours durante su mandato.

Se ha apostado a la desmemoria y al olvido, pero las exigencias de los papás y mamás sólo se consolidan y fortalecen con la ayuda del apoyo social y de la opinión pública, de las redes sociales y medios, que no dejan de reportar todos y cada uno de estos acontecimientos con imparcialidad y buen juicio.

Ayer mismo fue la segunda sesión del pleno en la Suprema Corte, dedicada por entero a debatir el dictamen de Zaldívar, documento demoledor que exhibe las carencias de un sistema de seguridad social en bancarrota y la necesidad de imponer nuevos paradigmas de exigibilidad para los responsables. Por desgracia, la mayoría de los Ministros no entienden la gravedad del asunto, ni el hecho que el país entero cruzó una especie de Rubicón o punto de no retorno, al que será imposible regresar. Un nutrido grupo de padres y madres del Movimiento Cinco de Junio viajaron de Hermosillo para ser testigos presenciales, y no regresará a sus hogares hasta que terminen los debates en la Corte.

Mediante interpretaciones forzadas y literales del texto constitucional, se ha formado una férrea mayoría que se empeña en tapar el sol con un dedo. Nada de señalamientos concretos ni sanciones éticas, morales o políticas (el alcance de sus facultades no es vinculante). Tampoco cuestionamientos profundos al esquema que produjo tanta muerte y sufrimiento a saber: la subrogación-negocio, incorporado al régimen de seguridad social cuando Santiago Levy era el responsable de esta cartera.

Sin embargo, hay una minoría que comprende la necesidad de emprender cambios profundos. Asimismo, todo parece indicar que se cuenta con votos suficientes para acreditar que efectivamente hubo una grave violación de las garantías de las niñas y niños que fueron sometidos al cuidado del Seguro, con las consecuencias que todos conocemos, y que señalará en su momento, con nombres y apellidos, a los principales responsables o involucrados en este crimen de Estado.

No es exactamente lo que pedían los padres del Movimiento, pero será suficiente para profundizar su lucha, y recurrir a tribunales internacionales que tarde o temprano contribuirán a que se les haga Justicia.

El infame incendio del 5 de junio de 2009 en Hermosillo fija un antes y un después en todas nuestras vidas. Sin duda, también marcará para siempre a la actual administración, en sus niveles escandalosos de intolerancia, indiferencia y pasividad. De una gran reflexión nacional; de lo que se resuelva a favor de la niñez mexicana y de las subrogaciones (entre otras múltiples asignaturas pendientes), dependerá el futuro que nos merecemos. Si cerramos los ojos a esta realidad, estaremos condenándonos al más estrepitoso fracaso y al completo extravío como nación, a doscientos años de la Independencia y a cien del inicio de la lucha revolucionaria. Peor aún: garantizaremos tragedias inconcebiblemente similares. La mejor manera de honrar a las víctimas mártires de Hermosillo, será rescatando a nuestras instituciones y la causa nacional, desde la sociedad civil. Guardería ABC, nunca más.           

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* Daniel Gershenson es emprendedor social, Presidente de ALCONSUMIDOR, AC.

www.alconsumidor.org

Twitter: @alconsumidor