Escrutinio No. 75

Hace unas semanas la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) avaló el proceso de multiprogramación en los canales adicionales en los que se transmiten la Televisión Digital. Esta determinación faculta a que cualquier concesionario pueda ofrecer simultáneamente más señales adicionales de televisión, y con ello se utilice el espacio liberado para prestar otros servicios de telecomunicaciones, sin un proceso de licitación previo o de revisión de la concesión, sino avalando automáticamente lo que la tecnología hoy permite, reviviendo con todo ello lo que precisamente se combatió con la “Ley Televisa”.

Como lo explica la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), la multiprogramación es la posibilidad técnica de que “a través de los 6 Mhz que explotan los concesionarios, se puedan incorporar otras señales de televisión abierta para ofrecer hasta seis señales con programación distinta”, y con ello, comercializar estos nuevos espacios, o bien, arrendarlos  a costos que ellos mismos determinen.

Con este aval el órgano regulador sienta las bases para que Televisa y TV Azteca, quienes hoy concentran el  95% de la televisión abierta y el 77.77% de los canales digitales (hasta ahora otorgados), puedan solicitar, ofrecer y comercializar de facto más señales de televisión, como se buscó con la intentona de ley, a través de su artículo 28 y 28-A, los cuales permitía a los concesionarios ofrecer más servicios de telecomunicaciones con un mero tramite administrativo.

Tales privilegios automáticos que este numeral otorgaba, fueron de manera unánime declarados inconstitucionales, por violentar los artículos 1º, 6º, 25, 26, 27 y 28 de la Constitución, pues se transgredían los principios de igualdad, porque era un beneficio exclusivo para los concesionarios y no para los permisionarios, por perder el Estado su rectoría económica, por no encontrarse una utilización social de los bienes del dominio público considerados como materia de concesión, porque la disposición propiciaba fenómenos de concentración, y con todo ello, transgredír las libertades fundamentales de expresión e información, vulneraciones de nueva cuenta latentes ante la decisión del órgano regulador.

Por eso el señalamiento de que, al avalar la multiprgramación, la COFETEL revive la “Ley Televisa”, y con ello, la transgresión a los derechos y garantías que la Corte protegió, pero además el cobijo gubernamental a un poder fáctico, pues se impulsa que las empresas que ya tiene muchos canales, “ahora tengan muchos más”, como en su momento lo advirtió Raúl Trejo Delarbre, entonces Presidente de la AMEDI.

En un comunicado enviado por esta misma agrupación en el contexto de la Iniciativa Presidencial de 2010 de adelantar la transición a la televisión digital se señaló que “mientras no haya reformas que permitan a los concesionarios el uso de frecuencias para servicios distintos a la señal cuya transmisión le ha sido autorizada, todo uso adicional a ese propósito es ilegal”.

Porque como lo dijeron los ministros y lo dicta la propia Sentencia, las concesiones no suponen la autorización para un uso indiscriminado o distinto, sino que, en todos los casos, dicha concesión está vinculada con “un uso determinado y específico”.

Y aunque la decisión de la COFETEL, como refiere el organismo, se haya tomado como base legal el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital  terrestre y se establece la política para la transición a la televisión digital terrestre en México, éste, como lo dijo el entonces Ministro Génaro Góngora Pimentel, “consagra los mismos privilegios” respecto de los cuales el Alto Tribunal se pronunció en contra.

Con este aval a la multiprogramación, la COFETEL desdeña la batalla que la Sociedad Civil, la Academia, los medios públicos y comunitarios, junto con un grupo de legisladores dieron contra los poderes fácticos, tira el ejemplo de autonomía y de garantismo que los Ministros demostraron con su debate y posterior Sentencia, ignora las libertades y derechos que por ser una Institución Pública y más siendo un órgano regulador debiera proteger. De ahí la obligación política, ética y legal que rectificar esta decisión conlleva, y también la responsabilidad que como ciudadanos tenemos para exigirla.

Televisa y TV Azteca con la convergencia tecnológica hoy han dejado de ser simples cadenas de televisión, y buscan las mejores condiciones para entrar a esta nueva era, por las potencialidades que tiene y los beneficios económicos que le representa, pero la consecuencia inmediata de una diversificación de servicios de un determinado grupo, además del aumento de tamaño, también lo es de poder.

Por tanto, es urgente que los actores que se interpusieron a la “Ley Televisa” reabran el debate, que la sociedad civil se informe, cuestione y participe, que desde la Academia se propongan alternativas, y, todos en conjunto, demostremos una vez más a los poderes fácticos, “de qué estamos hechos”.