Escrutinio No. 67

 

Es absolutamente cuestionable la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el 4 de mayo mediante el cual deslindó de cualquier responsabilidad al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, por la violación a la normatividad electoral en la transmisión a nivel nacional de los spots de su V informe de gobierno que se difundieron entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre de 2009.  

En la resolución, con una votación divida de 4 a 3, los magistrados del Tribunal determinaron que la violación flagrante al artículo 228 del Código Federal Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) fue responsabilidad exclusiva de las televisoras y no del Gobernador Peña.

Los spots fueron transmitidos en todas las entidades federativas, incluidas Baja California y Guerrero en donde se llevaban a cabo procesos electorales, excepto Tlaxcala. No sabemos la razón de porqué en esta última entidad no se transmitieron los promocionales.

El artículo 228 de Cofipe, párrafo cinco, es claro al señalar que con motivo de su informe de labores los funcionarios públicos podrán difundir promocionales en los medios electrónicos en donde aparezca su rostro y voz, durante 12 días, con las excepciones: a) que no sea en periodo de campaña electoral, b) no hagan proselitismo y c) sólo utilicen medios “con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público.”

La resolución que exoneró a Peña es de suma polémica porque la ponente fue la magistrada María del Carmen Alanís quien en días pasados se reunió en su casa con Luis Videgaray, personaje muy cercano a Peña, y Sebastián Lerdo de Tejada, diputado y representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral (Roberto Zamarripa, Reforma, 21 de marzo).

Dicha reunión fue altamente criticada porque al discutirse el asunto de la resolución, que días después fue presentado en el TEPJF, debió haber sido en las instalaciones del Tribunal, y no en un lugar privado, y además contó con la presencia del consejero del IFE Marco Antonio Baños, y Enrique Ochoa, aspirante a ocupar el cargo de consejero electoral del mismo Instituto, por lo que las suspicacia de un posible arreglo se inyectaron. 

Los indicios aumentan porque después de dicha reunión la magistrada María del Carmen Alanís no se excusó de participar en la discusión del asunto, y siguió siendo la ponente del caso.

Lo más significativo es que la propuesta que presentó, y que finalmente resultó ganadora después que se unieron a ella los magistrados Flavio Galván, Manuel Gonzales Oropeza y Constancio Carrasco, se basó en un supuesto contrato realizado entre el gobierno de Peña con Televisa y TV Azteca, realizado a principios de 2010 en donde se indica que la propaganda que se trasmita cubrirá todo el Estado de México.

Lo más significativo es que en dicho contrato no cuenta con la firma de las televisoras, y en las órdenes de transmisión que mandaron para transmitir los promocionales infractores no se indica que sólo se deban transmitir en el Estado de México.

La cuestión es que dicho documento fue utilizado por los magistrados para indicar que quienes no cumplieron con el contrato fueron las televisoras, pues “cumplieron de más.”

El TEPJFregresó el caso al IFE quien tendrá 15 días para imponer las sanciones que corresponda a Televisa, TV Azteca y a sus filiales que tienen en las entidades federativas.

Habrá que estar atentos sobre lo que digan como defensa las televisoras, pues es un primer momento (18 de enero de 2011) resultaron exoneradas por el IFE. Es importante ver si sostienen los mismos argumentos de Peña.

Por lo pronto, las acusaciones que han realizado el PAN y el PRD sobre la supuesta imparcialidad del TEPJF hacia Peña Nieto cobran sentido.

En el mismo contexto

La multa de más de 288 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México se postergó luego que en la sesión del 27 de abril la votación quedó empatada entre los consejeros del IFE: tres a favor y tres en contra, lo que pone en mayor tensión la elección de los tres consejeros del IFE que desde octubre de 2010 se encuentra pendiente, pues ahora ya han números concretos que están en juego: Si el PRI-PVEM logran 2 consejeros para ellos la sanción se le eximirá, y si el PAN-PRD lo logra, entonces se aplicará la tercera sanción más grande de la historia mexicana, por debajo del Pemexgate y la de los Amigos de Fox. Obviamente si los consejeros actuales mantienen su misma posición.

Y usted querido lector ¿Cuál es su opinión? Alimentemos el debate.