Escrutinio No. 65

Manuel Cardoso

 

El pasado 24 de marzo, unos setecientos medios de comunicación decidieron firmar un acuerdo tituladoAcuerdo para la cobertura informativa de la violencia, donde establecieron diversos puntos para el seguimiento sobre el narcotráfico. Dicho documento, presentado en el marco de la segunda edición de la Iniciativa México, fue impulsado por las dos televisoras más importantes: Televisa y Tv Azteca, con el fin de de implementar una “estrategia que permita a los informadores continuar con su trabajo y no dejar que el terror vaya cancelando plazas informativas”.

“La libertad de expresión está amenazada…”

 Y es que según varios organismos internacionales como Human Rights Watch, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, debido a la escalda de violencia en el combate (antes guerra según el discurso oficial) contra el crimen organizado, pero no sólo eso.  

Según los relatores para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Frank La Rue y Catalina Botero, respectivamente, desde hace 10 años  México es el país más peligroso del continente para el ejercicio periodístico, no sólo por el interés de los grupos del narcotráfico de que cierta información no se difunda, sino también por la impunidad de las autoridades y la autocensura de los propios medios informativos.

De 2000 a enero de 2011, existe el registro de 608 quejas de agravios contra periodistas, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre las cuales hay 66 casos de periodistas asesinados  y 12 desaparecidos. Además de que en los últimos cinco años se han presentado 18 ataques contra instalaciones de medios de comunicación.

En la información de la CNDH, cabe resaltar que muchos de los ataques a periodistas han sido cometidos por las mismas autoridades. Las instancias más denunciadas han sido la Procuraduría General de la República (PGR),  la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Según una nota de CNN publicada el 2 de enero de este año, entre los derechos humanos más vulnerados son “a la seguridad jurídica, con 234 quejas; a la libertad, 76; legalidad, 36; integridad y seguridad personal, 29 y propiedad y posesión, nueve”.

Crimen organizado, la información entre sus manos…

Este es el título de un  informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre uno de los peligros del ejercicio periodístico: el crimen organizado. Publicado el 24 de febrero de 2011, el documento no sólo se refiere a las organizaciones del narcotráfico, sino a guerrillas y grupos de la mafia.  En total se han contabilizado 114 asesinatos de periodistas en el mundo, bajo estas condiciones.

“País emblemático de esta situación, México soporta desde diciembre de 2006 una ofensiva federal contra los carteles –que moviliza a unos 50.000 militares–, además de los sangrientos ajustes de cuentas de estos últimos. Esta guerra, que no se llama completamente por su nombre, ha dejado un saldo humano de cerca de 35.000 muertes; más de 15.000 de ellas se registraron tan sólo en el año 2010. El Cartel del Pacífico, el Cartel del Golfo, la Familia Michoacana, el Cartel de Sinaloa o Los Zetas, son algunos de los integrantes de este hervidero criminal, que no habría prosperado sin la decadencia general del Estado, la complicidad de algunas autoridades y la insuficiente reacción internacional en la lucha contra el narcotráfico”

Sin embargo, en otros países también se deja sentir el embate de las organizaciones criminales. En Filipinas, estos grupos son responsables de 142 asesinatos de periodistas, contabilizados a partir de la caída del dictador Ferdinand Marcos en 1986, por poner otro ejemplo.

La situación para los periodistas es todavía más problemática. “En una situación tan caótica e inextricable, la prensa se convierte a su pesar, en el instrumento de mala publicidad dirigida a tal o cual organización criminal. Publicidad que se paga caro con represalias”, pues los cárteles han comprendido la posibilidad estratégica de los medios de comunicación.

En ese sentido los grupos criminales se preocupan por el manejo informativo. Los periodistas sólo pueden atribuir a tal o cual cártel el hecho delictivo. Se deben someter al discurso oficial en miras a su protección y por la imposibilidad de cruzar información con otras fuentes. Desgraciadamente, la población ya no cree tanto en sus autoridades, informa el documento de RSF.

Por otra parte, la censura se encuentra en uno de sus puntos más altos. “En muchos lugares la censura la impone el crimen organizado que se ha expandido en México, Centroamérica y parte de Sudamérica”, coincide Carlos Lauria, del Comité de Protección a Periodistas en una entrevista con CNN.

El último informe sobre la libertad para ejercer el periodismo de 2010 en México indica que diversos asesinatos, desapariciones, ataques con bomba y amenazas a comunicadores y medios han provocado que en el país no se ejerza el periodismo de investigación; así como la cobertura sobre el narcotráfico.

En este contexto, Felipe Calderón llamó al Congreso mexicano a federalizar los delitos cometidos contra periodistas, incluidos el secuestro y el homicidio, con el objetivo de que el gobierno federal pueda manejarlos de mejor manera.

En la apertura de la 66 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Yucatán, Calderón pidió a los medios de comunicación a explorar el ámbito de corresponsabilidad que les corresponde, en un contexto de lucha contra el crimen organizado. En este sentido no fue la primera ocasión en que Calderón pidió a los medios informativos reestructurar su política informativa.

En otros espacios el mandatario mexicano había exhortado a los periodistas a no sólo publicar lo malo, sino también las cosas buenas del país, mientras se comprometía a implementar medidas para la protección de los periodistas. 

El acuerdo

El 24 de marzo de este año, en la presentación de Iniciativa México 2011, en el Museo  Nacional de Antropología, alrededor de setecientos medios de comunicación, entre los cuales se encontraban las principales cadenas de radio y televisión, firmaron un acuerdo para establecer medidas en la cobertura de la violencia.

Ante representantes de universidades públicas, organizaciones no gubernamentales, organismos empresariales, entre otras asociaciones civiles, entre  los medios firmantes están Televisa yTV Azteca Grupo Multimedios (diarios y televisión), los periódicos:El Universal, Excélsior, El Economista, así como varios diarios locales. También firmaron: Grupo Expansión, revista Nexos, revista Etcétera, los canales de televisión pública 11 y 22, Grupo Imagen, Grupo Radio Fórmula, Grupo Radio Centro, Grupo ACIR, W Radio y el Instituto Mexicano de la Radio.

Una de las preocupaciones para los firmantes es la posibilidad de que se les convierta involuntariamente en propagandistas del crimen organizado, además de la integridad física de su equipo de reporteros y fotógrafos.

El primer objetivo del acuerdo es el de “establecer criterios editoriales comunes para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines”.

Para evitar eso, los criterios se resumen en 10 puntos. Tomar postura en contra de la delincuencia organizada. No convertirse en vocero involuntario de los grupos delincuenciales al  utilizar su lenguaje, difundir su información o utilizar términos que compliquen los procesos judiciales.

Entre otros puntos también cabe destacar el de no prejuzgar culpables, cuidar a víctimas y menores de edad, alentar la participación ciudadana, proteger a los periodistas, solidarizarse ante cualquier acontecimiento en contra de reporteros y medios  y no interferir en el combate contra la delincuencia.

Sin embargo, no todos los medios de comunicación firmaron el acuerdo. Medios como La Jornada, Reforma, Proceso,MVS, decidieron no establecer esas mismas líneas editoriales.

En el editorial de La Jornada del día siguiente, la postura presentaba un balance de la situación y decía que se pretendía establecer una verdad única en una situación llena de ambigüedades:

“Cabe preguntarse por las razones que llevan a semejante ensayo por uniformar los criterios editoriales de la mayor parte de los medios del país y a buscar una suerte de verdad única en torno a una circunstancia nacional llena de ambigüedades, zonas grises, hechos que resultan incomprensibles con base en las versiones oficiales y una legalidad vulnerada por las organizaciones delictivas, pero también por las dependencias públicas”.

Sobre todo porque muchos de esos medios de comunicación, principalmente las cadenas de televisión han decidido pasar por encima de la ley en muchos casos. Como ejemplo está la “recuperación” de Canal 40 por un grupo armado bajo las órdenes de TV Azteca.

El editorial cierra con un párrafo muy importante: “Si algo requiere la sociedad en la exasperante y dolorosa circunstancia actual es de información responsable y autorregulada, sí, pero también diversa, crítica y analítica. Flaco favor le harán unos medios alineados por decisión propia en torno a una verdad única y uncidos de manera voluntaria a los triunfalismos, omisiones y extravíos del discurso oficial”.