Escrutinio No. 58

Escrutinio no. 58

Beatriz García Acevedo

 

Luego de que se entregaran los títulos de concesión por la licitación 21 y después de atravesar un proceso sumamente cuestionado y marcado por más de 70 controversias judiciales, el consorcio conformado por Nextel/Televisa se vino abajo.

A este anuncio le anteceden las constantes críticas de legisladores, especialistas y sociedad civil, así como dos órdenes judiciales la del juzgado segundo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles Federales con sede en Toluca, que concedía la suspensión definitiva de efectos jurídicos de la entrega del título de concesión; así como la del juzgado vigésimo séptimo de lo civil con sede en el D.F, mediante el que se emitía una medida cautelar que ordenaba la disolución inmediata de la empresa NII Digital, integrada por Nextel y Televisa.

Luego de estas dos medidas, el 18 de octubre Televisa y NII anunciaron que daban por terminado el acuerdo de inversión para operar una concesión de telefonía móvil; lo anterior, por supuesto, fue tomado como una victoria por Iusacell, la empresa encargada de someter el proceso a los recursos judiciales, y como una buena noticia para quienes habían criticado el procedimiento.

La cancelación del acuerdo se vio como una oportunidad para reponer el proceso, de modo que se volviera a concursar, pero ahora sin “trampas” de por medio,  con transparencia, con medidas equitativas para todos los concursantes. El anuncio llevaba a pensar que la licitación se caía, que quedaba sin efecto el título de concesión, sin embargo con el retiro de Televisa, Nextel decidió continuar con el negocio en la red de tercera generación, lo que ha echado abajo el planteamiento; lo anterior, reforzado con el posicionamiento de la SCT y la Cofeco.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ha insistido una y otra vez en que el proceso de licitación no se repondrá, pues sería un acto ilegal y reflejo de malas políticas públicas, y que con la salida de Televisa la licitación continúa, pues Nextel es ahora quien tiene la concesión para explotar el espectro.

Eduardo Pérez Mota, presidente de la Cofeco ha declarado por su parte que a él le da exactamente lo mismo si entran juntos o separados (Nextel y Televisa), dice “nosotros ya habíamos autorizado que se diera esa concentración” comentó.

Lo anterior, por supuesto, ha sido otro motivo de críticas, pues la SCT debería encargarse de que los ganadores de la concesión sean los mismos que la CFC autorizó como grupo inversionista, es decir, si la composición cambia la licitación quedaría sin efecto; así lo han expresado especialistas como Gabriel Sosa Plata  y el legislador Javier Corral.

Ahora bien, el abogado de Iusacell, Salvador Rocha Díaz ha declarado que la licitación tiene que reponerse, y que las suspensiones en contra de la licitación 21 siguen en pie, pues los recursos se interpusieron en contra del proceso, no en contra de las empresas.

A estos posicionamientos se les agrega una nueva resolución, ahora por parte del juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila, quien ahora otorgó a Grupo Iusacell una nueva suspensión que impide a Nextel realizar cualquier acción en torno a la concesión,  lo que significaría no hacer uso de ésta.

De esta manera se ha desenvuelto el controvertido proceso, que hoy por hoy sigue generando resoluciones judiciales en contra y apoyo por parte de la SCT y la Cofeco.

Especialistas y legisladores insisten en la conveniencia de reponer la licitación, de manera que se eviten suspicacias y haya reglas de competencia justas en la concesión de un bien público de la nación.  

El Dr. Raúl Trejo Delarbre, presidente de la AMEDI, ha declarado que “lo más pertinente es reponer el procedimiento, convocar a una nueva licitación donde Nextel podrá participar, pero también otros interesados. Eso es lo que tendría que ocurrir si hubiera cumplimiento de la legalidad en las telecomunicaciones mexicanas”.

Por su parte, el senador Carlos Sotelo ha  dicho que el anuncio de la disolución debe ser el preámbulo para la cancelación definitiva de la licitación 21, de tal manera que se construya  una nueva  licitación que permita la participación de todas las empresas  para preservar un modelo de mayor competencia.