Escrutinio No. 56

*Ismene Flores

En septiembre se cumplieron dos años de una resolución histórica: el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la Reforma Constitucional en materia Electoral; dos meses después –el 14 de noviembre de 2007- entró en vigor.

Molestos porque esta reforma prohibía comprar espacios para propaganda política en medios electrónicos, días antes de su aprobación, las grandes cadenas de televisión y radio hicieron desfilar por el piso quinto de la Torre Caballito a sus principales conductores y comentaristas.

Argumentos que iban desde que la reforma restringía la libertad de expresión, hasta que repercutiría en el rating, se escucharon en voz de López Dóriga y Rogerio Azcárraga; y ¡cómo olvidar la intervención de la señora Patricia Chapoy!, cuando preguntó a los senadores si se convertiría en una criminal por decir en su programa Ventaneando que un gobernador era guapo.

Así, dos años han transcurrido y ¿cuáles han sido los resultados? Puesta a prueba ya en dos comicios federales –2009 y 2010-, la Asociación Mexicana de derecho a la Información convocó a especialistas en la materia para responder esa pregunta y hacer un balance de la aplicación que esta ley ha tenido.

Investigadores de estados donde este año hubo elecciones a gobernador, como Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Veracruz e Hidalgo, presentaron estudios donde se revela que empresarios de radio y televisión y partidos políticos encontraron la forma de burlar la ley electoral.

En el encuentro destacó la experiencia relatada por Josefina Buxadé, diputada electa del congreso de Puebla: “Los partidos se han amañado para pagar publicidad encubierta en formato de entrevista o información, un grave ejemplo es el caso Peña Nieto-Televisa. En Puebla sucede lo mismo que en otros sitios del país, los partidos pactan incluso paquetes para pagar entrevistas, notas o reportajes”.

Las fuerzas políticas han entrado al juego de los medios electrónicos, saben las reglas y se dejan regir por ellas. Buxadé también narró uno de sus primeros encuentros con quienes dirigían la comunicación social del partido por el que contendió, le informaron que los noticiarios radiofónicos cobraban de cinco mil pesos a 14 mil pesos por cada entrevista a algún candidato; las de televisión, de seis minutos, alrededor de 30 mil pesos.

De esto, se cuidan muy bien, partidos y concesionarios, de no dejar pruebas, no hay lista de precios, ni documentos, ni contratos, ni facturas, ni nada que avale y permita hacer una denuncia de estas prácticas, todo se hace por debajo del agua, como detalló la diputada electa, quien como maestra de ética periodística se opuso, “no estaba dispuesta a violar la ley”, dijo tajante. La coordinadora general de la campaña le insistía en contratar algún paquete, bajo el argumento de que “todos lo hacen” y que el dinero que consiguieran lo deberían destinar a pagar  entrevistas, o solventar la oferta que surgiera para aparecer en los medios.

No sólo los concesionarios han sabido sortear la ley, baste recordar el penoso episodio que vivió el país cuando en plena veda electoral el presidente Felipe Calderón apareció en tres ocasiones diferentes, -a menos de un mes de que se llevaran a cabo las elecciones de julio pasado- en cadena nacional, para anunciar que se eliminaba la tenencia, para dar las “buenas nuevas” por el incremento en la tasa de empleo y para pronunciarse por el asesinato del candidato priísta a la gubernatura de Tamaulipas.

Aún fue  más vergonzoso cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que, en efecto, el Presidente había violado la ley -pues ésta dice claramente que durante los periodos de campañas electorales toda la propaganda gubernamental, de los tres órdenes de gobierno, debe ser retirada de los medios de comunicación social, como son la difusión de programas, acciones o logros de gobierno que no encuadren en las excepciones que contempla la Constitución- pero que no podría ser sancionado porque, de acuerdo al artículo 108 de nuestra Carta Magna, el titular del Ejecutivo sólo puede ser acusado por delitos graves del fuero penal o de traición a la patria, y no por violaciones electorales.

A dos años, no sólo la señora Chapoy pudo respirar aliviada porque nada le impidió seguir diciendo que Enrique Peña Nieto es un gobernador guapo, sino que además hace poco trabajadores del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense revelaron al periódico Reforma que el quinto informe del gobernador del estado de México fue totalmente producido por Televisa, y que habían recibido la instrucción de obedecer al personal de la televisora.

Sin duda la aprobación de las reformas a la ley electoral fueron un avance importante, pero las televisoras con la venia de los partidos políticos han encontrado las fórmulas correctas para sortearla y, en lo que fuera una de sus principales virtudes, dejarla esencialmente obsoleta.

El año siguiente varios estados renovarán sus gobiernos, una vez más la ley electoral será puesta a prueba y deberemos poner especial atención a cómo se desarrollen las campañas en el estado de México. Esperemos que en ambas cámaras del Congreso se discuta el tema, con miras a que puedan subsanar los vacíos que quedaron con la pasada reforma en la materia, evitando así que nuestra democracia penda de arreglos en lo oscurito entre políticos y medios de comunicación, antes de que en 2012 se renueve la Presidencia de la República.