Escrutinio No. 56

 

El pasado 28 de septiembre se conmemoró por octava ocasión el Día Internacional del Derecho a Saber, el cual fue decretado como tal por un movimiento de defensores del derecho a la información a nivel mundial en el año 2003.

El derecho a la información o como el movimiento lo llamo, el derecho a saber, no es otra cosa que: el derecho que tienen los ciudadanos a conocer el uso y destino de los recursos que le confían a sus gobiernos. Suena simple, pero no lo es, puesto que el ejercicio de este derecho no está plenamente garantizado por los gobiernos, ya que son juez y parte.

 

En México, hace ya 9 años que el entonces Presidente Vicente Fox publicó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual contó evidentemente con el aval del Congreso y llego al Diario Oficial de la Federación en el año 2001.

Dicho ordenamiento legal establece las directrices bajo las cuales las entidades de la Administración Pública Federal deben conducirse y facilitar a los ciudadanos el acceso a la información de sus procesos, tanto los adjetivos como los sustantivos. Esto es, cada dependencia o entidad dependiente del gobierno federal está obligada a crear una unidad encargada de dar respuesta a todas y cada una de las solicitudes de información que reciban. El ¿porqué se hizo?, ¿cuánto costó?, ¿quién lo ejecutó?, entre muchas otras preguntas tendrían respuesta.

Esta ley ha permitido, entre otras cosas, desde saber porque se ha decidido construir aeropuertos en una u otra ciudad, hasta cuánto cuestan las toallas de baño que se utilizaban en la residencia presidencial el sexenio pasado.

El principio rector de la transparencia es bueno, el saber que hace con tu dinero a quién se lo estás confiando es a todas luces razonable. Sin embargo, como en toda legislación existen candados para salvaguardar a quienes líneas antes se definió como: juez y parte.

Bajo la definición: información reservada, han caído infinidad de preguntas de ciudadanos que se han interesado por los más diversos temas; para citar uno de moda, el de las licitaciones gubernamentales, las cuales se encuentran cerradas al escudriñamiento público en algunos casos por los próximos 25 años, esto bajo el argumento de que son por ahora datos confidenciales y ponen en riesgo los procesos a los que pertenecen.

Siendo más claros, si alguien decide preguntar dentro de 25 años porque el licitante A gano al licitante B el proceso, aún cuando su oferta haya sido mejor en todo sentido, ya no tendrá caso saber que fue por un acto ilegal, puesto que todo delito que pudiera perseguirse habrá prescrito.

En este sentido, si bien a raíz del nuevo instrumento jurídico se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), este órgano gubernamental no tiene facultades jurídicas para sancionar a quienes incumplan sus resoluciones, por lo que redunda en un despacho “sin dientes”.

El IFAI sin duda debe crecer y madurar para fortalecer el derecho a saber en nuestro país, que sea un real contrapeso para quienes ejercen los recursos públicos y toman decisiones que afectan a la ciudadanía; sólo así se acotará el poder en algunas ocasiones excesivo y mal utilizado que damos a quienes  encabezan los gobiernos.

Toda legislación es perfectible y la la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no es la excepción. Definiciones puntuales, mecanismos claros, mayor accesibilidad al sistema de solicitudes, menores tiempos de respuesta y sobretodo sanciones a quienes incumplan la norma, son sólo algunos de los aspectos que terminarán por cerrar la pinza en cuanto al derecho a saber en nuestro país.