Escrutinio No. 53

Escrutinio No. 53

 

Alejandro Rosas Marín*

 

El pasado lunes 26 de julio en Gómez Palacios, Durango, un camarógrafo de Multimedios Laguna otro de Televisa Torreón, un enviado de Televisa México y un reportero del periódico El Vespertino fueron secuestrados por presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.

Los periodistas reporteaban las protestas y el motín que se suscitó en las instalaciones del Centro de Readaptación Social (Cereso) número dos en Gómez Palacios después de que su directora, Margarita Rojas Rodríguez, fuera arraigada por presunta colaboración con organizaciones criminales.

Ese mismo día y según lo que reportó la Procuraduría General de Justicia de Durango, se encontró un Clío amarillo, propiedad de Multimedios Laguna, y un Nissan Aprio, utilizado por el personal de Televisa totalmente calcinados en la colonia Las Huertas, en Gómez Palacio, a escasas cuadras del Cereso número dos.

El jueves 29 de julio fue liberado Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa por el programa Punto de Partida que conduce Denise Maerker. Ese mismo día durante la emisión de este programa, su conductora ante las cámaras dijo que no podía fingir que nada estaba pasando, hizo un pronunciamiento sobre el caso de los periodistas secuestrados y sobre la violencia en México, después la señal se fue a un fondo negro por el tiempo que dura su transmisión.

El sábado 31 de julio la Policía Federal liberó a los camarógrafos Alejandro Hernández Pacheco y Javier Canales Fernández, de Televisa y Multimedios, así como Óscar Solís, del diario El Vespertino, de Torreón que se encontraban en una casa de seguridad ubicada en las calles de Invierno y Fresno de la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio.

En lo que va del 2010, al menos siete periodistas han sido asesinados; en el 2009, se reportaron 224 agresiones contra este gremio; desde 2006 han muerto por violencia más de 50 y por lo menos hay 10 más desaparecidos. Desde el año 2000 la organización internacional Reporteros sin Fronteras contabiliza 67 asesinatos a trabajadores de la información en nuestro país.

En los últimos años México ha emprendido una guerra contra el crimen organizado que ha dejado más de 24, 800 muertos desde finales de 2006.

 

El peligro de expresión

Lo que está de fondo es el alcance y repercusiones que han tenido las expresiones violentas del crimen organizado en la vida del país, ahora le ha vuelto a tocar el turno a los medios de comunicación y a los periodistas. La libertad de expresión es la que está en riesgo, la capacidad de informar y el derecho de los ciudadanos a informarse es lo que se está vulnerando.

Las luchas por adquirir esta libertad, este derecho han marcado muchos capítulos de la historia con violencia y opresión. Hoy en día que parece se ha logrado dejar esas amenazas atrás se nos presentan acontecimientos como los que se suscitaron la semana pasada para recordarnos que las libertades se conquistan todos los días.

El narcotráfico ha alcanzado tanto poder económico, tanto poder de acción que ahora con total desparpajo secuestra a cuatro periodistas para extorsionar a sus empleadores, las empresas de comunicación, para que transmitan cierta información con el argumento de que se está haciendo una mala cobertura mediática sobre otro acontecimiento deplorable e inverosímil: las presuntas salidas nocturnas de reos del penal en Gómez Palacios con armamento y vehículos oficiales para cometer asesinatos.

Al parecer a los jefes de los captores de estos cuatro periodistas les parece que no hay suficiente información en los medios de comunicación de sus organizaciones y acciones delictivas además, a través de su intimidación querían poner de manifiesto la complicidad que supuestamente existe entre autoridades de Durango y el grupo delictivo de los Zetas con los videos “El círculo de los poderosos de La Laguna”, “Interrogatorio a trabajadores de Los Zetas” e “Interrogatorio a Ramón Gerardo Adame, policía de Torreón”. Lo que a una empresa o una organización le cuesta varios miles de pesos, los cárteles pretenden lograrlo con secuestros y extorsiones: primeras planas.

 

La batalla que libra el gobierno de México contra la delincuencia organizada parece ser una lucha desigual y desproporcionada. La estrategia que sigue el gobierno federal parece que se ha distraído en muchas de sus áreas y en muchos de sus objetivos. Ya en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf) se establece la necesidad de integrar acciones estratégicas y paralelas en la lucha contra el crimen así como despliegue de acciones con apoyos multilaterales.

Las batallas que dieron los italianos y los estadounidenses contra las famiglie italiane y los colombianos contra el narcotráfico deben de darnos, y darle al gobierno, algunas pistas de lo que se ha hecho antes con este tipo de grupos violentos y lo que se puede hacer.

Hoy por hoy el gobierno y la sociedad mexicana se encuentran enfrascados en un laberinto de agresión e incertidumbre. A los niños ya se les enseña en las escuelas qué hacer ante una balacera y las personas se dan toques de queda para no correr “más riesgos de los necesarios”.

Los medios de comunicación, con todos sus bemoles, son los encargados de recabar y difundir la información del día a día para que las sociedades puedan ejercer su derecho a la información y así, con esa base forjar criterios para su acción. Si la información deja de fluir, los riesgos que se corren como sociedad son incalculables. La defensa a este –y a los demás derechos– no debe dejarse de lado; los ciudadanos no deben dejar de involucrarse y exigir que estos derechos no se vean disminuidos por ninguna fuerza, organización o persona. El gobierno federal y las autoridades no pueden dejar de lado su responsabilidad y la difícil tarea que ellos mismo se pusieron como meta. Sin información sólo hay ignorancia; la libertad de expresión sin libertad no encontraría ningún tipo de expresión.

#losqueremosvivos

 

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*Alejandro Rosas Marín es politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM con estudios en Derecho también por la UNAM. Tiene estudios sobre política en la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente se desepeña como analista político en el despacho Miguel Alemán y Asociados S.C. Participó en el Grupo de Observadores Electorales Mexicanos (GOEM) para las elecciones presidenciales en 2008 Estados Unidos con trabajo de campo en el estado de Florida. Fue asistente de investigación con el Dr. Jean François Prud´homme en la Coordinación General Académica del Colegio de México. Ex Consejero Académico del Área de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNAM). Se interesa en temas como la socialdemocracia, partidos políticos y derecho constitucional.

a.rosasmarin@gmail.com

Twitter: @alitoroux