Escrutinio No. 47

Se discuten dos iniciativas en el Congreso de la Unión que tienen el objetivo de reformar el marco jurídico de las comunicaciones; una propone reforma integral al sector de la radiodifusión y las telecomunicaciones; y otra plantea cambios parciales al marco de la radiodifusión.

La primera fue presentada el siete de abril por los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral en la Cámara de Diputados, y Gustavo Madero en el Senado, y la segunda es la que integra varias iniciativas, y que fue aprobada como dictamen, el mismo siete de abril, en la Comisión de Radio y Televisión del Senado, presidida por el senador perredista Carlos Sotelo.

Las dos propuestas tienen elementos positivos, principalmente la que apoyan los legisladores del PAN, pues contiene medidas de gran calado que se han venido discutiendo por varios años en la academia y que han impulsado diversas organizaciones civiles y algunos legisladores.

Reducción en la concentración de medios; límites a la propiedad cruzada; órgano regulador autónomo; reconocimiento y apoyo para los medios públicos, indígenas y comunitarios; eliminación del redondeo telefónico; fomento de la producción independiente; reconocimiento efectivo del derecho de réplica; detención a la desmesurada comercialización en los programas; cláusula de conciencia para el periodista; y aprobación al must carry y must offer son algunos de los temas de los que se hace cargo la iniciativa “integral”.

La otra propuesta, que impulsa Carlos Sotelo, el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista (con el visto bueno de la CIRT), combina elementos que favorecen a los radiodifusores como son el refrendo de sus concesiones sin licitación, y el derecho de solicitar una estación FM a los actuales concesionarios de AM, pero también asiste a los medios sociales al grado de reconocerlos jurídicamente, dotarlos de la capacidad de comercializar hasta cinco por ciento de su tiempo, indicar un mecanismo que facilite la obtención de permisos para los medios indígenas, establecer una cadena de televisión y radio pública, y reducir el espacio que hay entre las estaciones de FM, de 800 a 400 Mhz.

Indudablemente la primera iniciativa es más completa, avanzada y democrática que la segunda. El gran problema de la promovida por Sotelo es que no incluye la autonomía del órgano regulador, y no establece lineamientos para que en las próximas licitaciones no se vean favorecidos los mismos concesionarios, sino que entren nuevos jugadores y con ello se avance en la pluralidad, y se reduzca la concentración.

En la conferencia que se realizó el 14 de abril, legisladores del PAN (Javier Corral, Santiago Creel, y Gustavo Madero, Ricardo García Cervantes, Guillermo Zavaleta), y del PRD (Carlos Navarrete y Carlos Sotelo), expresaron su decisión de avanzar juntos en el impulso de una reforma integral de radiodifusión y telecomunicaciones, sin embargo, existen razones que hacen pensar que la aprobación de una reforma integral es más complicada de lo que los legisladores expresaron en el discurso. 

¿Acuerdo después de las descalificaciones?

El primer factor está relacionado con la dificultad que hay en limar asperezas entre los legisladores panistas con los perredistas, después de las descalificaciones que entre ambos grupos (principalmente entre Javier Corral y Carlos Sotelo) se han propinado en los últimos meses después que el perredista impulsó la aprobación del dictamen negociando con el PRI.

La confrontación tiene su origen en 2008 cuando legisladores de ambos partidos, con la asesoría de algunos integrantes de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), trabajaron en la redacción de una iniciativa integral, pero al momento de presentarla, los panistas se retractaron.

Después de esperar la decisión de PAN durante todo el año, el 8 de diciembre de 2008 Carlos Sotelo presento a nombre propio la iniciativa integral (pero después la retiró), y dicha acción mereció las críticas de Raúl Trejo Delarbre (actual presidente de la AMEDI) por el intento de apropiarse del trabajo realizado por un equipo más amplio.

El alejamiento del senador Carlos Sotelo del grupo que promovía la reforma integral se corroboró en los primeros días de diciembre de 2009 cuando el perredista impulsó un dictamen que había negociado con senadores del PRI y del Verde Ecologista. En dicho documento se proponía el refrendo de las concesiones de hasta por 20 años, con la obligación de una contraprestación, pero sin licitación de por medio.

La promoción de dicho dictamen mereció que en artículos periodísticos Javier Corral calificara el contenido de dicha iniciativa como “dulces envenenados”, Raúl Trejo Delarbre como “garrote y zanahoria en las reformas para la radiodifusión”, y Miguel Ángel Granados Chapa calificara a Sotelo incluso como un integrante de la telebancada.    

La confrontación entre Sotelo y Corral tuvo su máxima expresión el nueve de abril, en el noticiero conducido por Javier Solórzano en radio Trece. Corral mencionó que Carlos  Sotelo había traicionado la causa democratizadora, y por su parte Sotelo arremetió contra el PAN a quien acusó como los verdaderos responsables de no avanzar en una reforma integral argumentando que en la propuesta ciudadana de 2002 también se proponía el refrendo administrativo.

En esta confrontación se privilegiaron las descalificaciones, en lugar de debate con argumentos. Es por eso que existen dudas en el logro de acuerdos después de tanta polarización mostrada.

¿Por qué ahora sí?

La segunda razón tiene que ver cuánto nos preguntamos ¿por qué ahora si habrá reforma integral? ¿Qué hace que ahora los legisladores vean por el interés general y no por el  cortoplacismo que los caracteriza de quedar bien con el poder mediático para tener posibilidades de continuar con su carrera política?

Hubo dos momentos en el que las condiciones eran mucho más favorables para aprobar una reforma integral, y que la clase política desaprovechó.

El primero fue en los primeros tres años del gobierno de Vicente Fox. En aquel entonces existía  gran respaldo social al ejecutivo, y a los mismos partidos de oposición (PAN y PRD). Cuando se convocó a una serie de foros para la discusión del tema, las organizaciones civiles participaron entusiastas y respaldaron con júbilo a los legisladores que promovieron una reforma integral. En esa ocasión no hubo reforma.

El otro momento se produjo en la segunda mitad de 2007 y primera de 2008 cuando la Suprema Corte le asentó un duro golpe a los intereses de la televisión con la sentencia en contra de La Televisa (junio), y luego la reforma electoral (septiembre) que quitó de tajo el destino legal de miles de millones de pesos de los partidos políticos a los medios electrónicos mediante la  prohibición de contratación de propaganda electoral. Ese momento parecía el indicado para avanzar hacia una reforma que terminara con ese gran poder político que ha demostrado la televisión en los últimos años, pero nuevamente, tampoco hubo reforma.

Las matemáticas no favorecen

La tercera razón tiene que ver con el contexto político en el que nos encontramos. Los resultados electorales de 2009 tuvieron resultados arrolladores a favor del PRI ¾partido que durante su gobierno se enquistó el poder mediático mediante el otorgamiento de cientos de concesiones hacia Televisa y la privatización de los canales del Estado creando a TV Azteca¾y ahora es el principal opositor a la reforma integral porque aspira a seguir compartiendo el poder con las televisoras, observando muy de cerca su regreso a la presidencia en el 2012.

El PRI, en compañía del Partido Verde, son los principales amigos de las televisoras, y desafortunadamente (afortunadamente para ellos) tienen mayoría (52 por ciento) en la Cámara de Diputados. Por ello, ya no digamos de política, sino de manera matemática, luce complicada una reforma que promueva la democratización de los medios.

¿Gobierno federal comprometido?

La cuarta razón está relacionada con la actitud del presidente de la república y de los legisladores del mismo PAN. Tienen razón las voces que comentan que si hubiera voluntad política, el gobierno no esperaría al Congreso y licitaría nuevos canales de televisión, e inclusive nuevas frecuencias de radio. Como lo ha mencionado  la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro, TV Azteca con su acción ilegal de Hi-TV, demostró que existe suficiente espacio para nuevos canales y es una falacia que se deba esperar hasta el 2021 para que la sociedad pueda disfrutar de señales digitales, y eventualmente de otras opciones. TV Azteca demostró que por un canal de 6 Mhz se pueden transmitir hasta 14 canales digitales.

Por su parte el PAN y sus legisladores no han demostrado una posición contundente en el Congreso, al contrario han sido complacientes con los intereses de Televisa. El último ejemplo fue la exención fiscal por dos años a quienes ganen las próximas licitaciones en el sector de las telecomunicaciones, que todo indica que quien se quedará con las mayores frecuencias será Televisa.

Por los motivos expresados y añadiendo un quinto, el curso de las elecciones en los estados, se vislumbra complicada la aprobación de una reforma integral o, cuando menos parcial, que promueva la democratización de los medios. Para que esto no siga sucediendo, es necesario que la sociedad ejerza presión a la clase política que de manera reiterada cede ante las presiones de los empresarios de la radiodifusión.