Escrutinio No. 47

El Estado es un conjunto de instituciones y su objetivo no es otro que salvaguardar el bien común a través de la protección y vigilancia de los derechos fundamentales, entre ellos, la libertad de expresión y el derecho a la información juegan un papel central, pues son estos la piedra de toque de todas las libertades en donde las Naciones Unidas están consagradas.

Libertades que en una era digital, que otro objeto sino los medios de comunicación los que sirven para materializar su ejercicio, de tal modo que las condiciones de su funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de las mismas y sean así instrumentos de éstas y no vehículos para su restricción.  

De acuerdo a la interpretación de nuestro orden constitucional la libertad de expresión se puede definir como “la libertad de exteriorizar las ideas por cualquier medio, no sólo verbal o escrito, sino por todo aquél que la ciencia y la tecnología pueda proporcionar” y es por esto último que el Estado debe garantizar por cualquier medio tal libertad.

Por su parte, el derecho a la información es la garantía que permitirá que las personas se encuentren bien informadas para poder expresarse y opinar correctamente. Al respecto Sergio López- Ayllón (2003) apunta que el derecho a la información comprende tres facultades interrelacionadas: buscar, recibir o difundir informaciones o ideas, por lo que incluye también las libertades tradicionales de expresión e imprenta. Además también nuestra Carta Magna, en su artículo sexto, señala que tal derecho será garantizado por el Estado.

Por tanto, el Estado al ser el contenedor de, o base que permite la actividad económica, debe de proporcionar las garantías estructurales de la legalidad y la legitimidad que construya un modo de producción efectivo para la sociedad.

Pero a pesar de estos derechos que proporciona nuestra Constitución, respaldada además por distintos Tratados Internacionales, recientemente el gobierno mexicano ha despojado a millones de mexicanos del mismo.

Con la desconexión de cientos de miles de usuarios de teléfonos celulares, producto de un decreto en aras de mayor seguridad, se decidió formar un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), se estableció un plazo para el mismo y quien no cumplió, simplemente fue desconectado.

Sin una planeación o campaña de difusión que promoviera las formas de conocer el CURP, que educara a todo aquél incapaz del procedimiento de registro  vía SMS  a darse de alta, sin módulos de orientación en las zonas más desfavorecidas, con personal capaz de comunicarse en distintos dialectos en toda comunidad donde muy probablemente también existan usuarios de celular se despojó de un derecho fundamental a los que ya menos tienen.

Así, sin mayor angustia el Estado Mexicano en busca de garantías arrebató derechos, no medio intereses y quizá a quienes se registraron, con el mismo discurso de la seguridad nacional, también con el tiempo sean arrebatados de otros más. Desde aquí el llamado de alerta, para que esto no ocurra.