Escrutinio No. 45

 

El 18 de marzo el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD),  Pablo Gómez, presentó una iniciativa que propone modificar varios artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para precisar las sanciones en contra de los funcionarios públicos que utilicen la propaganda gubernamental para promocionarse con fines electorales, sin embargo la iniciativa adolece de varios elementos que le darían mayores “dientes” al IFE para sancionar.

La iniciativa de Pablo Gómez plantea cinco medidas: a) que en el COFIPE se señala como sujeto sancionatorio a los servidores públicos que promocionen su imagen con fines electorales, b) prohíbe a la radio y la televisión no sólo la venta de propaganda electoral sino la “dación” de la misma, c) que se multe con el precio comercial del tiempo comprado, o hasta el doble de dicho monto, y d) un catalogo de sanciones para los funcionarios que va desde los 500 hasta 10 mil días de salario mínimo.

El punto de mayor polémica es la propuesta de sancionar a los medios electrónicos por la “dación” de tiempo aire, en cualquier modalidad a los partidos, candidatos o precandidatos a algún puesto de representación popular. Es entendible la medida porque pretende con ello que se abone a una mayor equidad electoral, sin embargo no ayuda mucho a resolver la polémica que se vivió en el IFE, en donde el principal problema fue que no se pudo demostrar que el tiempo para la gacetilla o entrevista efectivamente fue vendida al candidato, es decir, no hubo factura que lo demostrara.

La iniciativa se propone después de las elecciones federales de 2009 en el que se demostró cómo algunos legisladores, en específico los del Partido Verde, aprovecharon el COFIPE para comprar spots en Televisa y TV Azteca para promocionar a su partido argumentando que realizaban informes de labores. Asimismo, se presenció cómo el candidato del PAN a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi, participó en una entrevista en Televisa durante un partido de fútbol, la cual se evidenció que no fue fruto de la casualidad, como se quiso hacer creer al público, sino de una entrevista comprada.

Otro caso, como lo menciona la misma iniciativa del senador Gómez, fue cuando Arturo Escobar, senador del Partido Verde, en pleno periodo de reflexión electoral aprovechó una entrevista en un noticiero de Radio Fórmula(conducido por José Cárdenas) para solicitar el voto para su partido y con ello violar la norma electoral que prohíbe que durante las 72 horas antes de la jornada electoral se pueda hacer proselitismo electoral.

Sin embargo la propuesta no abona mucho para la resolución del problema que es aplicable también a los gobernadores que utilizan los recursos públicos para promocionarse en las televisoras, mediante gacetillas o entrevistas a modo. Los principales ejemplos han sido Enrique Peña Nieto del Estado de México, y Marcelo Ebrard del Distrito Federal.

Sería adecuado que no sólo se faculte al IFE para sancionar a los infractores tomando en cuenta los documentos fiscales, sino también el análisis del contexto, o el mismo análisis de contenido de la entrevista. No es difícil distinguir entre una nota informativa y una gacetilla.

Tampoco la propuesta de Pablo Gómez abona sobre el tema del uso de los medios electrónicos por parte de los funcionarios públicos para la difusión de promocionales con motivo de sus informes de labores durante 12 días anuales. El COFIPE es claro en cuanto a que los funcionarios pueden utilizar los medios que tienen cobertura en el territorio donde ellos gobiernan, si el gobernador de Chiapas quiere rendir cuentas a sus ciudadanos que utilice los canales regionales o las señales locales de Televisa y TV Azteca, pero que no contrate en los canales de cobertura nacional de las televisoras. Ahí la propuesta del senador Gómez debería emitir una sanción específica contra la violación de dicho precepto.

En síntesis la iniciativa de Pablo Gómez que fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales del Senado, tiene sentido en su objetivo de ajustar las normas electorales de cara a la elección presidencial de 2012, pero queda corto en las propuestas que realiza. No toca varios elementos que provocaron polémica en la aplicación del nuevo marco de comunicación política en las elecciones de 2009, como por ejemplo la gran espotización de las campañas electorales.