Venezuela: ¿Recuperación de radios o censura?

11 Agosto, 2009
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Omar Granados
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El pasado 31 de julio sobresalió que un total de 34 radioemisoras, algunas críticas con el gobierno, serán cerradas en Venezuela. La acción se toma según el gobierno venezolano, debido a que a) han faltado a los requisitos legales para operar y b) como una medida administrativa encaminada a "regular" y democratizar estos medios, anunció el ministro Diosdado Cabello, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. De este primer grupo de radiodifusoras que salieron del aire, el más influyente es el Circuito Nacional Belfort, con cinco estaciones (en Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal y Coro) que mantenían noticieros y editorialistas críticos con el gobierno de Hugo Chávez.. Sus representantes advirtieron que apelarán ante los tribunales porque la medida atenta contra su la libertad de expresión, y que temporalmente transmitirán a través de su sitio web. ¿Libertad de expresión coartada? En los días pasados, se reunieron varias expresiones contra la censura y en defensa de la libertad de expresión en Venezuela. En muchos sectores y estratos se ha manejado la idea de que el gobierno de Hugo Chávez ataca con el cierre de las radiodifusoras a este derecho constitucional: Por ejemplo, varios miles de venezolanos se manifestaron contra los cierres en las sedes de las estaciones que fueron sacadas del aire, mientras que varios radiodifusores mencionaron que se trata de una medida "inconstitucional". En el mismo tenor, el Colegio Nacional de Periodistas consideró la orden de gobierno, un intento de Chávez “para acallar las voces de quienes piensan distinto”. Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en defensa de la libertad de expresión aseguraron que la intención de estas medidas es "fracturar los circuitos de transmisión de alcance nacional de contenidos críticos e independientes", y añadieron que es "el mayor dispositivo restrictivo a la libertad de expresión que se haya visto en Venezuela, sin precedentes en la época democrática". En Uruguay, la Asociación Internacional de Radiodifusión rechazó la salida del aire de las radios comerciales y exigió el "restablecimiento del régimen constitucional". Finalmente, trascendió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) critica el "deterioro" de la libertad de información en ese país, tras el cierre de los 34 medios. Explicación chavista Cabello, también responsable del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, negó que el gobierno de Chávez haya caído en un acto de censura y explicó que las causas para retirar la frecuencia a estas emisoras son “el fallecimiento del titular de la concesión, renuncia, vencimiento de la licencia sin proceso para su renovación o porque se ha declarado improcedente una solicitud de cambio de titularidad”. Después del censo que empezó la CONATEL el mes pasado entre las 900 radioemisoras del país, estas 34 concesionarias que ya fueron cesadas, no pudieron presentar la documentación que avalara la vigencia o titularidad de la concesión, formando parte de un grupo más grande de 240 radios y 45 televisoras que no entregaron la documentación completa y que deben salir del aire. Hugo Chávez negó haber cerrado emisoras de radio, ya que según el presidente venezolano, las frecuencias más bien se han recuperado: “ahora son del pueblo y no de la burguesía, entonces todo esto hay que apoyarlo” Según el ministro Cabello, esta “decisión administrativa” se llevó a cabo mientras se evalúan nuevas reformas para “regular a los medios de comunicación”. Los primero días de agosto, la fiscal general Luisa Ortega Díaz planteó al Congreso una reforma para regular la libertad de expresión y castigar los mensajes que instiguen al odio, a la guerra y al rechazo a las instituciones. La ministra de Información y Comunicación, Blanca Eekhout, mencionó la urgencia de regular a los medios, "sobre todo cuando se maneja el espacio radioeléctrico que llega a la casa de todos", y que "si no se puede sancionar el delito mediático estaremos completamente vulnerables". Finalmente, el ministro Cabello dijo que tras el retiro legal de las 34 concesiones de radio, las frecuencias que quedarán libres serán para las llamadas "radioemisoras comunitarias", que ya conforman 300 de las 900 radiodifusoras venezolanas. Según Chávez, de esta forma productores nacionales independientes, profesionales, y el ciudadano común, podrán acceder a estas herramientas comunicacionales, “siempre que se ajusten a las legislaciones y normativas de la nación y se favorecerá la democratización del espacio radioeléctrico.! Sobre quiénes recibirán las frecuencias que se liberen, el ministro Cabello informó que "hay una gran cantidad de solicitudes en Conatel", incluso recordó que varias radiodifusoras comunitarias transmiten en la misma frecuencia en diferentes puntos de la ciudad, por lo que se necesitará estudios para determinar quienes conservarán los permisos. Confiado, el mismo ministro invitó a quienes sientan tocados sus intereses, a dirigirse a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) o, incluso, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que ejerzan su derecho a la defensa. ¿Censura o democratización? Por un lado, los dueños de las emisoras defienden su derecho a transmitir libremente los contenidos que ellos juzguen pertinentes y llaman censor al gobierno. En otra instancia, el gobierno acusa a las emisoras de incumplir con los requerimientos y dice favorecer la democratización. Para determinar la justicia o injusticia en este tema habría que revisar dos factores en cada caso, en primer lugar, la veracidad de los argumentos para no renovar o retirar las concesiones y en segundo lugar, a qué organización comunitaria se le entregará el permiso para transmitir. El debate de la libre expresión y sus límites, así como los derechos y obligaciones de las emisoras siguen siendo un debate arduo que en Venezuela está por llegar a un fin cuando el congreso revise y vote la propuesta gubernamental sobre estas temáticas. Por el momento la revisión caso por caso de las emisoras nos dirá si la acción gubernamental constituye una censura o si realmente favorece la democracia mediática.

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