Escrutinio No. 71

Foto: Javier Alonso   Fuente: http://www.flickr.com/people/frentenalto/

*Rafael de la Garza Talavera

Una vez más el estudiantado en Chile vuelve a poner en jaque al gobierno. Ya la ex presidenta Michelle Bachelet había tenido que enfrentar las acciones de las y los estudiantes chilenos en 2006, mostrando una cara poco flexible para atender las demandas que giraban, igual que ahora, alrededor de la relación entre el estado y la educación. Con Sebastián Piñeira instalado en la Moneda, la insistencia por parte de las oligarquías chilenas en mantener y profundizar el modelo educativo privatizador ha encontrado oídos atentos y serviles, provocando la digna respuesta de la juventud.

La privatización de la educación en Chile -iniciada por Pinochet gracias al golpe militar en 1973- se rige por la constitución de 1980 que fue aprobada por plebiscito en plena dictadura militar, siendo tan eficaz en la subordinación de la escuela pública a las recetas de los Chicago boys que hoy siete de cada diez estudiantes pertenecen a instituciones privadas de educación superior. El modelo educativo chileno descansa en las manos de los intereses privados con la total anuencia del estado. Las consecuencias son evidentes: mayor desigualdad social y marginación educativa.

Y es precisamente la protesta estudiantil la que pone en tela de juicio dicha política neoliberal, provocando un amplio apoyo y simpatía por parte de la sociedad chilena que al igual que el estudiantado ha visto reducida su calidad de vida y aumentada su dependencia del crédito bancario. Para poder estudiar en un nivel medio superior, la mayoría de los aspirantes en Chile deberán conseguir un financiamiento ya que las posibilidades de ingresar a las instituciones públicas son casi nulas. El resultado es que debido a este mecanismo ganan pocos -bancos y escuelas privadas- y pierden muchos -las los jóvenes que tiene el derecho a aspirar a una vida digna en un mundo cada vez mas despiadadamente competitivo.

En su momento el movimiento de los pingüinos, que movilizó a la mayoría de las escuelas preparatorias del país, defendió con dignidad el derecho a la educación en contra de un gobierno privatizador, eso sí de corte socialista, pero que al final de cuentas hizo lo mismo que está haciendo hoy la derecha chilena: limitar el derecho a la educación a quien la pueda pagar. Con esto se comprueba que no hay diferencias entre socialistas y pinochetistas en Chile y que lo único que les interesa es seguir manteniendo un régimen de privilegios, cueste lo que cueste.

Las declaraciones de Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes chilenos (Fech) expresan claramente el nivel de conciencia política del movimiento estudiantil. Aquí hay “…un problema de conflicto de intereses. (El poder Ejecutivo) está respondiendo a los intereses de una determinada clase política económica que está vinculada y hoy día no se puede responder a las necesidades de la ciudadanía”Para el sector estudiantil resulta evidente que el conflicto reside en el apoyo que el estado chileno le está dando a los empresarios de la educación, por encima de los intereses de la sociedad en su conjunto, por lo que le resulta imposible atender las demandas estudiantiles ¡Vaya novedad!

Lo interesante esta vez, resulta de la posible convergencia del movimiento estudiantil con los trabajadores del cobre, quienes han visto cómo sus salarios se van rezagando a pesar de que el cobre representa el mayor ingreso por exportaciones de la república chilena. Tal como sucedió en el mayo francés, la alianza entre obrero y estudiantes puede ser el detonador de un movimiento social más amplio y con mayores posibilidades de lograr cambiar las cosas en la cuna de Pablo Neruda.

Las protestas estudiantiles tienen así un trasfondo más amplio que la crítica del modelo educativo chileno; me refiero a la propia administración de Piñeira y su estilo gerencial autoritario pero también y sobre todo a la incapacidad de la clase política chilena para enterrar definitivamente la herencia de Pinochet. El orden legal sigue siendo el de la constitución de 1980, que surgió para organizar los objetivos de una sociedad militarizada y con sus derechos suspendidos. Treinta años después y luego de varios gobiernos elegidos por elecciones –socialistas o demócratas cristianos- las cosas siguen prácticamente igual, acentuándose la desigualdad y la violencia social que genera. Con la llegada de un gobierno de derecha a secas las cosas no podían mejorar y para el movimiento estudiantil fue la oportunidad de articular nuevamente un movimiento social que promueva entre la sociedad civil la necesidad de pensar en su presente y en su futuro, en lo que quiere conservar y lo que habría que descartar. Ante el frenético consumismo que domina en la mayor parte de la sociedad chilena, ocupada en conseguir el dinero para pagar las deudas y seguir viviendo de ilusiones, sólo los sectores más vulnerables, más lejos del poder y del opio consumista como los jóvenes, son y serán los que se enfrenten al estado privatizador para defender lo que nadie quiere defender: los bienes públicos.