Más leidas en Internacional
Artículos relacionados
Artículos más comentados
Artículos más comentados (histórico)
La educación superior pública en AL
Escrutinio No. 67
Isis Ariadna López Iracheta*
Hace ya poco más de doce años que la Universidad Nacional Autónoma de México vivió por diez meses la huelga estudiantil que buscaba un reparo en la imposición de un nuevo esquema que se venía dibujando meses atrás en la institución con la implementación de nuevos planes de estudios y reformas administrativas y que terminaron reflejándose en el Reglamento General de Pagos que pretendía modificar las cuotas e incrementarlas por concepto de inscripción, cuotas semestrales y demás servicios que la Universidad otorgaba a sus estudiantes.
De ahí, surgieron inconformidades desde dentro: alumnos, catedráticos, investigadores; y desde fuera: padres de familia y sociedad civil, funcionarios públicos. ¡Y no era para menos! La institución pública de educación superior por excelencia a nivel nacional veía atentado unos de sus principios básicos: la gratuidad, pues es esta la que garantiza el acceso a todos aquellos individuos interesados en adquirir conocimiento más allá del bachillerato, sin importar la clase social de la que hayan surgido, por lo que también fue un atentado contra la posibilidad de obtener desarrollo profesional y un futuro más favorable para los desfavorecidos social y económicamente. Fue esto, un intento de discriminación contra el pueblo y su progreso.
En ese entonces, los estudiantes de la institución lucharon contra ello y se pronunciaron por mantener los ideales que una educación pública confiere. Se lograron algunos objetivos pero la opresión de la autoridad se dejó ver con la entrada de la Policía Federal Preventiva a la cual finalmente se tuvo que ceder y con ello se abrieron nuevamente las puertas de la Universidad.
Todo ello me llega a la mente ahora que hace algunos días, los estudiantes de las universidades públicas en Colombia (país que por el momento es mi hogar y que, cabe destacar, el 70% de las universidades de ese país son privadas) se manifestaron contra una modificación a la Ley 30: “Revisión de la financiación con recursos de la nación para las universidades públicas. Documento para consideración del sistema universitario estatal”. Dichas manifestaciones se llevaron a cabo en todo el país. Se presentaron algunas revueltas y se hizo presente la acción de la policía.
Esta ley, promulgada el 28 de diciembre de 1992, “organiza el servicio público de la Educación Superior” y en su artículo 86 se estipula que “los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.
Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.
Esa modificación justifica que “los impactos que han tenido las decisiones del gobierno nacional y del Congreso de la República a través de decretos, leyes, políticas gubernamentales y planes de desarrollo, le han exigido a estas instituciones un incremento en la cobertura de programas de pregrado, consolidación de grupos de investigación, cualificación docente, nexos con el sector empresarial, internacionalización, regionalización y extensión solidaria entre otras, que demandan cuantiosos recursos sin contrapartidas del gobierno nacional, generando un impacto directo en la disminución real en sus presupuestos”.
Esto quiere decir que el gobierno colombiano no ha hecho más que disminuir el presupuesto que supuestamente tiene que asignar para la educación superior colombiana (pues ni siquiera se ha tomado la molestia de actualizar esas cantidades de pesos constantes, de acuerdo al artículo 86, a pesos corrientes), lo que hace pensar que dirige (el gobierno) sus “esfuerzos” hacia la privatización de las universidades públicas, pues además de no destinar recursos económicos a estas, que se manejan autónomamente, dichos recursos se entregarían al Ministerio de Educación y al Sistema Universitario Estatal, lo que podría llevar a arbitrariedades en la repartición del presupuesto.
Como bien se ve, México y Colombia, solo por mencionar estos dos países, comparten situaciones similares en el sistema educativo. Han pasado por situaciones semejantes en las que el gobierno no hace más que deteriorar la posibilidad de estudiar y coadyuvar al detrimento del progreso de cada país.
Mientras que sigan estas prácticas excluyentes, América Latina no podrá establecer referentes mundiales, ni sociales, ni políticos, ni económicos. Seguiremos adaptando marcos que no corresponden con nuestra realidad y por tanto, seguiremos siendo los que vamos detrás de aquellos que subyugan con su poder y se atreven incluso a opinar sobre lo que pasa en países como el nuestro.
A la gente de un país debe dársele las armas necesarias para enfrentar situaciones y crear posibles soluciones. Si la educación se ve afectada, no se está facilitando el libre pensamiento, es decir, soluciones y críticas a un posible problema y, solo se fomenta el conformismo, la mediocridad y el estancamiento social y económico.
¡La medianía ronda en América Latina!
----------------------------
*Isis Ariadna López Iracheta es maestrante en Traducción Económica por la Universidad EAN. Bogotá, Colombia.
