Escrutinio No. 55

Escrutinio No. 55

Héctor Cueto Holmes

 

En los últimos años se ha escuchado continuamente sobre la “Colombianización” de México gracias a la fuerte ola de violencia desatada por el crimen organizado y por la dificultad que el Estado ha tenido para contener su crecimiento y asegurar la seguridad de los mexicanos. Sin embargo, las declaraciones hechas en el pasado no han tenido impacto parecido al que consiguieron las palabras de la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en el Consejo de Relaciones Exteriores la semana pasada. Clinton sorprendió al afirmar que los cárteles mexicanos "están mostrando cada vez más y más indicios de insurgencia” y cómo México “se está pareciendo cada vez más a como se veía Colombia hace 20 años”. A pesar de ser cierto que existen muchas similitudes entre los retos enfrentados por el México actual  y la Colombia de los 80, se debe tomar en cuenta que el primero no puede ser un verdadero reflejo del segundo.

Panorama de Colombia en los 80

Durante la década de los 80, los conflictos de poder y por el poder en Colombia (llámense gobierno-guerrilla; narcotraficantes-guerrilla; paramilitares-guerrilla; ejército-guerrilla; o bien, gobierno-narcotráfico) dominaron el escenario político e institucional del país. El aparente éxito de los cárteles, la relativa facilidad con la cual sus dirigentes se desenvolvían en el ámbito nacional y las aspiraciones políticas de algunos de la narcoburguesía desataron una confrontación con la clase política tradicional. Sin embargo, pese al fuerte auge del narcotráfico, la guerrilla continuaba siendo el mayor problema de seguridad en el país desde la década de los 60.  

Con la llegada de Belisario Betancur Cuartas a la presidencia (1982), la política de Colombia sobre seguridad experimentó un giro radical. A diferencia de su antecesor, Julio Turbay Ayala, quien después de la toma de la embajada de la República Dominicana a manos del grupo guerrillero M-19 declaró un estatuto de seguridad nacional destinado a contrarrestar la amenaza guerrillera y se dedicó a perseguir a  todo aquél que apoyara al movimiento (con todo y tortura incluida), Betancur optó por establecer negociaciones con las Fuerzas Armadas.

Para esta época el narcotráfico se había convertido ya en un factor social importante que buscaba adentrarse de lleno a la vida política del país y que incluso incursionaba en asuntos de seguridad (en 1981, enMedellín, surgió el grupo Muerte a Secuestradores, tropa de justicia privada conformada por elementos del cártel de esa ciudad). A principios de la década, el conocido fundador del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, empezó a “mejorar” su imagen y reputación con el fin de proteger las actividades criminales que manejaba. Tan efectiva probó ser su estrategia de “plata o plomo” (soborno o muerte) que incluso logró ser elegido Representante en la Cámara del Senado en 1982. Sin embargo, la escalada del capo dentro de la política del país no sería longeva.

Belisario Betancur eligió como su Ministro de Justicia a Rodrigo Lara Bonilla, un gran crítico del narcotráfico que logró quitar a Escobar de su puesto al exponer sus actividades delictivas con ayuda del prestigioso periodista y director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza.  Como consecuencia de esto, Escobar fue expulsado del movimiento político, el Congreso lo privó de su inmunidad parlamentaria y se abrió el camino para que las autoridades empezaran su persecución.A manera de represalia, Escobar mando asesinar a Lara el 30 de abril de 1984, surgiendo así el que se considera el primer asesinato político cometido por el narcotráfico colombiano. Este suceso llevó a que el presidente Betancur aprobara la ley de extradición y diera inicio a la guerra contra el narcotráfico que perduraría los siguientes diez años. La segunda persona que cayó como venganza del capo fue Cano Isaza, en diciembre de 1986.

Entre 1986 y 1988, parecía que Colombia se orientaba hacia una evidente descomposición política y social que se acercaba a una situación de violencia incontrolada; las guerrillas se desarrollaban mientras que grupos paramilitares y militares multiplicaban los asesinatos, y el poder suelto de los narcotraficantes nutría todas las formas de descomposición social. Los expertos del Plan Nacional de Rehabilitación calculaban que 3 millones de habitantes vivían en zonas afectadas por la violencia; “12% de la población nacional, repartida sobre 21% de la superficie territorial”. “Entre 1985 y 1995 el número de homicidios fue de 35,123, lo cual ubicaba a Colombia con un índice de 90.2 homicidios anuales por cada 100,000 habitantes”.

Pese a todo, la política de diálogo con los principales grupos armados colombianos del momento (M-19, las FARC, el ELN y el EPL)de Betancur dio como resultado una tregua; por desgracia, ésta fue ocasionalmente rota tanto por la guerrilla como por el ejército. Jaime Bateman, entonces dirigente máximo del M-19, propuso al gobierno celebrar una reunión en Panamá con el propósito de adelantar diálogos que permitieran solucionar el conflicto; sin embargo (y para mala suerte de todos) Bateman murió el 28 de abril de 1983 en un accidente de aviación mientras se dirigía a Panamá y las negociaciones tuvieron que ser suspendidas. Estas surgieron nuevamente y culminaron con la firma de los Acuerdos de Corinto, en los que se consiguió un cese al fuego y la continuación de los diálogos para la futura desmovilización del grupo guerrillero.

A pesar de la disponibilidad por alcanzar la paz durante el gobierno de Betancur, la firma separada de los acuerdos con cada uno de los grupos guerrilleros dio lugar a una competencia política entre las mismas organizaciones guerrilleras por alcanzar un pacto más ventajoso. A su vez, la presión de todos los grupos económicos, en alianza con algunos dirigentes políticos liberales y conservadores, para obstaculizar el proceso, era cada vez más contundente (tanto líderes influyentes de los partidos como las Fuerzas Armadas no mostraban mucho entusiasmo hacia las políticas de Betancur). La acción militar que desató la decadencia de los tratados de paz fue el ataque a Yarumales del 4 de diciembre de 1984 al 7 de enero de 1985, donde contingentes armados del M-19 tenían sus bases. El pretexto por parte de la milicia fue que los guerrilleros habían tomado el ingenio Castilla y secuestrado a industriales; en particular el hacendado Abraham Domínguez, quien un mes después aparecería con vida y aclararía que fue secuestrado por delincuentes comunes y no miembros del M-19.

El 6 de noviembre de 1985, el M-19 protagonizó la acción que terminaría por destruir al grupo y a la vez, quitarle legitimidad al gobierno: la toma del Palacio de Justicia en Bogotá. Un comando compuesto por 35 guerrilleros, al mando de los comandantes Andrés Almarales y Luis Otero Cifuentes, ocuparon el Palacio de Justicia en plena Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, tomando a más de 200 rehenes. El propósito de dicha acción era obligara Betancur a responder una lista de cargos y a reanudar las negociaciones de paz con el movimiento. Sin embargo, el ejército (al parecer sin previo consentimiento del presidente) retomó el edificio de manera violenta. Todos los guerrilleros, así como varios magistrados y empleados de la corte, murieron en medio de laconfrontación. El combate duró 28 horas y dejó  un saldo de más de 100 muertos. Esto le restó mucha popularidad al M-19 y se cuestionó la autoridad que Betancur ejercía sobre el ejército.

Según varios de los familiares de las víctimas de la fallida toma del Palacio de Justicia y el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el M-19 contó con el apoyo de las mafias del narcotráfico para ejecutar tal operación. Dentro de ese marco, la toma del Palacio la habría provocado la necesidad de destruir los expedientes de algunos narcotraficantes. Dichas acusaciones no han sido comprobadas y, judicialmente, una investigación de la época concluyó que no se había presentado tal relación en esa operación. Colombia vivía sus momentos de mayor violencia durante 1986: el homicidio llegó a ser la primera causa de mortalidad. El siguiente periodo de gobierno, a la cabeza de Virgilio Barco Vargas, tendría que enfrentar el fracaso de las negociaciones con las FARC y el aumento de la violencia causado por la guerra declarada por el Cartel de Medellín.

En el plano económico, la Colombia de los 80—como toda América Latina— se vio afectada por la crisis económica generada por el deterioro de las relaciones económicas con el exterior y por diferentes grados de mala administración interna. Fue una etapa sumamente difícil para la nación ya que voces sensacionalistas hablaban de la posibilidad de un golpe de estado militar o una guerra civil generalizada. A pesar de todo esto, el desempeño de la economía colombiana era uno de los más satisfactorios de toda América Latina. Aunque la tasa de crecimiento económico no resultó espectacular,  Colombia fue el único país de todo Latinoamérica en no presentar tasas negativas de PIB en ningún momento de los 80. En 1982 y 1983, Colombia sí llegó a mostrar índices de crecimiento negativos en términos per capita, pero las cifras para la totalidad de la región fueron aún más pobres.Cabe mencionar que, sin considerar su peso específico en la economía nacional en relación con al café, el negocio de la droga tuvo un impacto social y económico considerable. La disponibilidad de dólares ilegales ayudó a amortiguar la tasa oficial ante las crisis que producían drásticas devaluaciones monetarias durante esta década en casi todos los países de Latino América.

 

¿Cuestión de enfoques?

La década de los 80 resultó ser un momento sumamente difícil para Colombia en cuestiones sociales y políticas gracias al  choque entre el gobierno y los focos de poder  en aumento como el narcotráfico y la guerrilla. Esta situación de extrema violencia generó una tensión casi permanente en la población; sentimiento exacerbado por el fracaso en el cumplimiento de los numerosos acuerdos orientados a conseguir la paz.

Ahora bien, Colombia de los 80 enfrentaba una cruenta guerra por el poder que se disputaba entre tres actores: gobierno, narcotráfico y guerrilla. Es verdad, en el futuro ambos grupos comenzarían a darse apoyo mutuo (los guerrilleros contaban con el territorio necesario para el cultivo de ciertos estupefacientes y los narcos con el dinero suficiente para soportar la causa rebelde), pero al final del día nunca trabajaron como uno solo. El México de hoy, por otro lado, se encuentra en conflicto directo únicamente con el narcotráfico y este, irónicamente, se encuentra lidiando una guerra interna por el control del mercado de drogas. A su vez, hay que tomar en cuenta que en México no se han presentado verdaderos indicios de una inminente guerra civil pese al descontento social, ni hemos tenido que lidiar con capos de cárteles postulándose a altos puestos políticos, ni mucho menos nos hemos tenido que enfrentar a una guerrilla con ideología.

A pesar de que las problemáticas en ambos países presentan estas diferencias,en lo que sí se tiene una enorme similitud es en el impasse en el que se encuentra el Estado mexicano frente a la constante amenaza del crimen organizado en general. En ambos casos, es visible cómo el crimen organizado se ha valido de la debilidad del Estado para prosperar y expandir su rango de acción. Es por eso que lo que hace falta es fortalecer al Estado, siendo el principal desafío el consolidar las instituciones y extirpar al crimen organizado de las estructuras de nuestras autoridades y fuerzas de seguridad. Parece ser que, al momento, Colombia lo ha logrado, así que, sí en algún momento se nos habrá de volver a comparar con aquella nación latinoamericana, que mejor sea por la manera en que se logró recuperar (o por fin establecer) la tranquilidad.

 

Referencias:

Bushnell, David (1993) Colombia, una nación a pesar de sí misma: de los tiempos precolombinos a nuestros días.

Daniel Pécaut (1988). Crónica de dos décadas de política colombiana 1968-1988, traduc. Jorge Orlando Melo.

Centro de investigación y educación popular, Voces de Paz: propuestas de hombres y mujeres. Colombia 1944-1996, Centro de Investigación y Educación Popular/Fundación Social, CINEP, Santafé de Bogotá

 

---

Héctor Cueto Holmes es licenciado en Periodismo y Medios de Información por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente labora con la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación y es miembro del consejo editorial del Reforma en la sección Internacional. Fue miembro activo del portal de noticias Animal Político/Pájaro Político.

Twitter: @hector_cueto